Gobierno espía
La grave crisis de derechos humanos se torna más truculenta y sórdida por las acciones ilegales emprendidas por el gobierno federal, que no sólo se empeña en fabricar mentiras como la “verdad histórica” sobre el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino porque se robustece la postura beligerante de un gobierno que espía y arremete contra periodistas, activistas anticorrupción, defensoras y defensores de derechos humanos.
Este empecinamiento de las autoridades federales de imponer a cualquier costo político, una versión a modo sobre el paradero de los 43 estudiantes, para no trastocar el entramado delincuencial que se ha anclado en el sistema de justicia y en los aparatos de seguridad del Estado, ha resquebrajado la confianza de los papás y mamás en las instituciones que ha emplazado a las autoridades para que presenten resultados sobre las otras líneas de investigación, antes del 26 de septiembre.
Hoy que se cumplen dos años y nueve meses de la desaparición de los jóvenes normalistas, no sólo vemos a un gobierno que se niega a impulsar toda su capacidad técnica para presentar avances en las cuatro líneas de investigación que han estado pugnando los padres y madres de familia, sino que lo inaudito es que la violencia se enseñorea en varias regiones del país y las autoridades siguen ausentes al no poder contener esta oleada delincuencial.
En lugar de concentrar toda la tecnología que ha invertido para hacer que el trabajo de inteligencia le sirva para combatir al crimen organizado, las autoridades federales con esa visión policiaca y conspirativa que tienen, se han dedicado a espiar a periodistas, a defensoras y defensores de derechos humanos, dándoles un trato de enemigos; de verlos como los principales instigadores del régimen y sentir que sus posturas son firmes y fieles al reclamo de la población.
Como organismo defensor de derechos humanos que llevamos más de 23 años realizando esta labor, nos hemos tenido que acostumbrar al monitoreo ilegal que realizan los órganos de inteligencia del Estado. De entrada, nunca nos han reconocido como defensores y defensoras, más bien, nos perciben como personajes radicales e intransigentes. Consideran que nos manejamos con una agenda oculta, que tenemos intereses de otra índole y que utilizamos como parapeto el tema de los derechos humanos. Nos han ubicado como conspiradores, que respondemos a intereses de grupos tanto a nivel local como internacional. No hay una postura clara y respetuosa de las autoridades, por el compromiso que asumimos como defensoras y defensores al utilizar los instrumentos legales para que los derechos sean garantizados.
Las campañas de difamación que se han hecho para desprestigiarnos tienen como fuente de información, la vigilancia ilegal que realizan sobre nuestro trabajo. Los datos que obtienen no son para apoyar y valorar lo que hacemos, sino para desacreditar, para darnos golpes mediáticos y mostrar con ello nuestra vulnerabilidad cuyo fin es ponernos contra la pared o en el banquillo de los malos.
Estas acciones ilegales contra periodistas y personas defensoras de derechos, en Guerrero, se han percibido en el imaginario colectivo como normales, porque persiste esa visión dicotómica, de la bondad del gobernante y la malignidad de las personas defensoras y periodistas que cuestionan sus actuaciones al informar con veracidad o al denunciar las violaciones graves de estos derechos.
Predomina la idea en los círculos gubernamentales que nuestro trabajo se concentra en defender a los delincuentes y a socavar el prestigio de las autoridades. Nos tildan de revoltosos y como escandalosos al denunciar públicamente sus acciones ilegales y violentas. Por denunciar las graves violaciones cometidas por elementos del ejército, el instituto castrense se ha encargado de clasificarnos en sus informes confidenciales como defensores de la guerrilla y de los delincuentes. Los miembros de las corporaciones policiales no solo nos vemos como sus adversarios cuando documentamos sus actuaciones ilegales, sino que también han llegado a proferir amenazas y a realizar vigilancia estrecha sobre nuestro trabajo, para amedrentarnos.
La develación del reportaje de New York Times “Usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y a sus familias”, evidenció la perversidad de un gobierno que trata a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos como enemigos.
Si bien quienes defendemos los derechos humanos nos hemos percatado de diversas formas de la grabación de nuestras llamadas, espionaje, persecución y otros tipos de amenazas, el trabajo científico realizado por Citizen Lab con sede en la Universidad de Toronto, hace visible la postura autoritaria y corrupta de un gobierno que además de violentar los derechos humanos, vigila y merma la labor de quienes los defienden.
El pasado 19 de junio, el prestigiado diario estadounidense hizo público el reportaje en el que visibiliza la investigación realizada también por las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC, en donde exponen cómo el Gobierno Federal ha espiado a personas defensoras y periodistas a través del sofisticado malware de vigilancia Pegasus, el cual solamente puede ser comercializado a los gobiernos.
A través de la investigación, las organizaciones documentaron “76 intentos de intervención de los teléfonos de 11 periodistas, activistas y defensoras y defensores de derechos humanos”, incluyendo el espionaje al hijo de la periodista Carmen Aristegui, cuando aún era menor de edad.
Este gobierno nos muestra su verdadero rostro, al darnos un trato de personas non gratas, desacreditando nuestro trabajo y hurgando nuestra vida privada para ver desde qué flanco puede atacarnos y desprestigiarnos.
Estamos muy lejos de que las autoridades respeten nuestro quehacer como periodistas y defensoras/es, más bien nos tiene ubicados en las listas de personajes que supuestamente somos enemigos del gobierno. Las autoridades no valoran nuestro aporte y contribución, contrario a ello, nos tiene en una lista negra, como lo señaló claramente el periodista Javier Valdez, cobardemente asesinado en mayo pasado.
La tecnología con la que se espía a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos es con equipo de los más altos estándares, adquirido a la empresa israelí NSO, lo que nos obliga a estar alertas no sólo de las agresiones de otros actores estatales y no estatales, sino a tener que invertir ahora tiempo para cuidarnos de un gobierno que nos vigila.
El Informe Gobierno Espía y la actuación del Gobierno Federal -encabezado por Enrique Peña Nieto- muestra que en estos tiempos de violencia y de guerra, estamos más vulnerables y expuestos a los ataques de agresores estatales y no estatales. Estas prácticas alientan la agresión y fortalecen la impunidad. Genera un ambiente persecutor y hace permisivas las agresiones que las autoridades deberían protegernos.
Los hallazgos son contundentes, y con evidencias de que al menos tres instancias del Gobierno Federal han adquirido el equipo de espionaje: “la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Secretaría de la Defensa Nacional; esta última, sin facultades legales para ejercer acciones de vigilancia”.
El espionaje a quienes le resultan incómodos al poder (e incluso a sus círculo más inmediatos), como lo es la vigilancia al hijo de la periodista Carmen Aristegui, es una señal de lo maquiavélico que puede ser este gobierno con tal de acallar a las voces críticas, y es además un ejemplo del componente de género que presentan las agresiones contra las mujeres periodistas, cuyo ataque tiene el objetivo de afectar no sólo su área laboral sino su vida familiar.
Pese a la evidente exposición del Gobierno Federal (tanto a nivel nacional como internacional) tres días después, Enrique Peña Nieto, se pronunció respecto de la investigación Gobierno Espía. En sus declaraciones realizadas en Lagos de Moreno, Jalisco, no sólo calificó como falsas las denuncias sino que exoneró a su gobierno y puso en entredicho que se trata de una investigación seria, objetiva, transparente y efectiva.
El 22 de junio, Peña Nieto negó que su gobierno realice esas prácticas: “Resulta muy fácil señalar y apuntar, resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía. Nada más falso que eso, dijo y advirtió “espero al amparo de la ley que ésta pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno”.
En ese mismo discurso, el presidente de México, llamó “supuestas intervenciones y supuesto espionaje” a lo que la propia Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos condenó y reconoció como vigilancia digital ilegal.
Ante los hechos ocurridos contra la periodista Carmen Aristegui, su hijo Emilio Aristegui e integrantes de su equipo; así como contra integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: Mario Patrón, Director del Centro Prodh; Santiago Aguirre, Subdirector del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer, Coordinadora del Área Internacional del mismo Centro; así como otros periodistas y personas defensoras, la Oficina de la ONU hizo un llamado al Estado mexicano a conducir “una investigación independiente para esclarecer los hechos de espionaje, incluyendo a cualquier institución pública que pudiera haber estado implicada”.
La vulnerabilidad propiciada por el mismo gobierno y el espionaje dirigido abiertamente contra periodistas y defensores repercute en la manera como realizamos nuestro trabajo institucionalmente e impacta enormemente en las personas que acompañamos y que forman parte de nuestra vida cotidiana.
Por eso es necesario parar esta acción ilegal del gobierno, poner un ya basta rotundo y acabar con esos dobles discursos que por un lado muestran la cara amable de los funcionarios públicos y por debajo de la mesa nos patean y nos espían.