Hoy se cumple un año y un mes de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Han transcurrido 13 meses sin que el gobierno haya proporcionado información veraz sobre su paradero. Las investigaciones que ha realizado tienen como característica principal el ocultamiento de la verdad y el encubrimiento de los responsables. No hay duda que desde las más altas esferas del poder se urdió la verdad histórica. Fraguaron toda la escena del crimen en el basurero de Cocula. Los expertos en fabricación de pruebas y en la práctica de la tortura se encargaron de someter a los autores materiales para cuadrar todas sus declaraciones. Con el fin perverso de darle mayor crédito a sus testimonios videograbaron la reconstrucción de los hechos y mostraron sus rostros (con visibles huellas de tortura), con tal de vender a la opinión pública una versión creíble sobre la detención, traslado e incineración de los 43 estudiantes.
La verdad impuesta por el régimen expresa una decisión de estado que obliga a todos sus súbditos a propalar y defender a ultranza esta versión. Se utilizan los medios masivos de comunicación como los principales portavoces de la verdad oficial. Al mismo tiempo se implementa una campaña de desprestigio contra las organizaciones sociales que apoyan la lucha de los padres y madres de familia y contra sus representantes legales. Buscan la manera de inmiscuirse en la vida privada de las víctimas para socavar su organización y alentar la división. Aprovechan cualquier comentario de los padres y madres que puede utilizarse como un catalizador que ayude a desviar la atención sobre los temas cruciales de la investigación y la búsqueda de los 43 estudiantes.
A pesar de que en esa noche trágica todas las autoridades sabían lo que estaba sucediendo, nadie intervino para impedir esta barbarie. Más bien su insolencia los hizo cómplices de la acción delincuencial perpetrada por los policías municipales de Iguala. Mostraron su talante pérfido y de malvivientes al ser cómplices de los delincuentes que tuvieron permiso para atentar contra la vida y la integridad física de los jóvenes estudiantes. El C-4 dio cuenta paso a paso de cómo todas las corporaciones policíacas y el mismo ejército se posicionaban en torno a los hechos cruentos.
A la distancia de un año constatamos que todos mintieron y que cada actor gubernamental armó su propia versión de los hechos con tal de ponerse a salvo. Todos sin ningún rubor criminalizaron a los estudiantes, se alinearon a la versión oficial de que los normalistas de Ayotzinapa son vándalos. Les endilgaron acciones propias de los delincuentes y los ubicaron como miembros del crimen organizado. Imperó la versión de que los estudiantes eran parte de un grupo de la delincuencia organizada y que alguno de sus compañeros eran líderes por el simple hecho de identificarlos con apodos.
Las mismas autoridades ensayaron como primera versión de que los asesinatos y desapariciones de los estudiantes respondían a un patrón delincuencial relacionado con el ajuste de cuentas o con las disputas por las plazas. Filtraron información a los medios para mostrar el perfil delincuencial de algunos estudiantes. Con pleno conocimiento de causa catalogaban las protestas de los estudiantes con acciones vandálicas. Siempre trataron de vender la idea de que atrás de los estudiantes existen otros grupos que tienen intereses oscuros y que los utilizaron para fines aviesos. La teoría de la conspiración no les funcionó a pesar de tantos medios y plumas serviles. Este intento fallido los obligó a preparar una versión que se ajustara al ambiente delincuencial que predomina en la región de Iguala. La finalidad era circunscribirlo al ámbito municipal y concentrar todas las baterías contra la autoridad local. Se echó mano de los grupos delincuenciales que están en disputa por la plaza y se armó todo el entramado legal para poner en primer plano al crimen organizado y al eslabón gubernamental más endeble y sacrificable, como fue la policía municipal de Iguala. Se diseccionaron los hechos para poner a salvo a las autoridades estatales y federales, así como a los policías del estado, los federales y al mismo ejército.
Más que escudriñar la verdad lo que le importó a la autoridad fue poner a salvo a todos los actores gubernamentales, que de diferente modo están inmiscuidos en estos hechos y cuya responsabilidad trastoca los intereses de las cúpulas del poder político. La mentira se erigió como el recurso más efectivo para proteger a los gobernantes que están coludidos con el crimen organizado. El mismo presidente de la república se encargó de oficializar la verdad histórica y la secretaría de relaciones exteriores se encargó de intensificar una campaña internacional para convencer a los demás gobiernos de que la tragedia de Iguala fue un hecho aislado cuyos responsables se circunscriben al ámbito municipal.
La mentira del régimen no prosperó, pudo más la palabra sencilla y sincera de los padres y madres de familia, quienes con su propia experiencia en el campo, consideraron inverosímil la versión de que sus hijos fueron incinerados al aire libre. La razón se las dio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes apoyados en el dictamen de José Torero, uno de los especialistas en fuego más prestigiados del mundo, concluyó que científicamente era imposible que los 43 estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.
Ante esta mentira histórica que todavía siguen defendiendo varios funcionarios de la PGR, como Tomás Zerón de Lucio, jefe de la agencia de la investigación criminal, los padres y madres de familia hicieron llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 156° período de sesiones realizada la semana pasada en Washington su postura: Las próximas investigaciones que realice la PGR, tiene que indagar el contexto de macrocriminalidad y corrupción política y debe de asumir la existencia de una práctica generalizada de desapariciones forzadas en la región de Iguala y zonas aledañas. No se pueden echar por la borda la localización de 104 cuerpos de personas desaparecidas en ese municipio.
No se puede encapsular el caso de Ayotzinapa como un problema exclusivamente municipal, más bien se tienen que investigar los circuitos de contubernio que a nivel estatal e incluso federal permiten la existencia de territorios en donde las autoridades políticas y policiales actúan para el beneficio del crimen organizado.
Es imprescindible investigar la participación de otras fuerzas de seguridad del orden estatal y federal, incluyendo al Ejército mexicano, pues de acuerdo con el informe del GIEI los sucesos del 26 de septiembre tuvieron un nivel importante de coordinación, en donde por acción u omisión participaron corporaciones de distintos órdenes de gobierno.
Se tiene que indagar si el objetivo del operativo policial fue impedir que los autobuses tomados por los estudiantes salieran de la ciudad de Iguala, dado que estos autobuses podrían estar vinculados con el tráfico trasnacional de drogas.
Es importante no perder tiempo en diligencias sobre cuestiones que ya quedaron esclarecidas en el Informe GIEI y que sólo expresan la persistente intención de estigmatizar a los estudiantes. Por ejemplo las relacionadas con las causas por las que los normalistas llegaron a Iguala, mismas que ya el GIEI ha clarificado plenamente al mostrar que fue una decisión fortuita. Esto no sólo debió ser determinado desde el inicio de la indagatoria, sino que además al día de hoy no aportará absolutamente nada para dar con el paradero de los estudiantes.
Debe iniciarse una investigación respecto de aquellos funcionarios que por acciones u omisiones obstruyeron la investigación de los hechos.
Debe de concentrarse la evidencia física recabada a lo largo de este año, una vez que sea conformado el nuevo equipo de investigación. Se debe llevar un escrupuloso ejercicio de cadena custodia para evitar la manipulación de evidencias.
Se tiene que asegurar el tratamiento legal y confidencial de la información y en particular se deben evitar filtraciones bajo intencionalidades políticas que violentan los derechos de las víctimas.
Estos planteamientos fueron leídos por la representación legal el pasado martes 20 de octubre, ante los comisionados y los miembros del GIEI. Por su parte el gobierno mexicano, para aquietar las aguas del malestar de las víctimas y reposicionar su imagen en el plano internacional, firmó en la víspera de la audiencia, un acuerdo con 10 compromisos planteados por el GIEI, con el fin de dar un nuevo impulso a la investigación a partir de las recomendaciones de su informe preliminar y retomar la búsqueda, con el apoyo de toda la tecnología de punta que está a su alcance.
La lucha que ya escaló a nivel internacional es con el fin de revertir toda la cauda de mentiras y verdades a medias que las autoridades federales han propalado como parte de su estrategia. Las autoridades han tratado por distintos medios de desactivar el gran movimiento de los padres y madres de familia que se han erigido como un gran referente moral a nivel nacional e internacional. Sin pretenderlo su lucha es ahora contra un sistema político que ha privilegiado la mentira como forma de gobierno y ha institucionalizado la corrupción y la impunidad como la mejor manera de eternizarse en el poder. Ha cimbrado el aparato gubernamental obsoleto que protege los privilegios de una casta que impúdicamente se ha coludido con el crimen organizado y que se ha acorazado en la mentira para asirse a un poder que ya cruzó el umbral de la barbarie y la ruindad.