Gobiernos municipales bajo sospecha
Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El gobierno de Guerrero se empeña en tapar baches en un territorio devastado por la violencia delincuencial y la impunidad gubernamental. Se obstina en parchar la realidad ante grietas profundas que han destruido la vida de decenas de guerrerenses. Se sale al paso con acciones emergentes que no generan confianza entre la población y con declaraciones que no se apegan a la verdad. La preocupación está centrada en cuidar la buena imagen del nuevo gobierno y ocultar las graves deficiencias de un sistema de seguridad que está controlado por el poder delincuencial, que ha cooptado y supeditado a los cuerpos policiacos. En la Tierra caliente el gobierno no parece tener el control de la situación, por eso la población no pide auxilio a las fuerzas de seguridad, porque no actúan en los momentos que requieren su presencia. Ante esta inacción y colusión de las corporaciones policiacas con los grupos delincuenciales, los habitantes han llegado al extremo de pedir el apoyo a los grupos del crimen organizado, porque creen que ellos si pueden defender mejor “a su gente”.
El caso de los 16 levantados de la comunidad de El Salitre municipio de Arcelia y de los 5 maestros secuestrados de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán del Progreso nos ilustran cómo los grupos delincuenciales mantienen una disputa por el control territorial que la dirimen con la misma población que queda inerme ante la ausencia del gobierno. La vida de los levantados y secuestrados se transforma en botín de guerra de los grupos delincuenciales para negociar con el gobierno y poner condiciones de que detengan a los líderes de los grupos rivales. La disputa se da en todos los terrenos; en el trasiego de la droga, en el control de las plazas, en la protección policíaca, en la industria minera, en el transporte público y en los diferentes giros comerciales. Han copado el poder económico y político de la región con un costo altísimo de vidas humanas. Es grave que la apuesta de la población no sean los gobiernos constituidos sino los poderes fácticos de la delincuencia, el sicariato como el relevo sanguinario de las corporaciones policiacas y los líderes o jefes de los grupos de la delincuencia como los hombres fuertes que comandan varios municipios.
El gobernador del estado manifestó al presidente de la república el pasado martes 12 que en estos dos meses y medio ha pugnado porque su gobierno exista. Para no evidenciar que no ha podido salir de esta espiral de la violencia, resaltó que en el estado “hay menos conflictos” y volvió a recurrir al argumento del gobernador interino “de que los ataques a los edificios han parado”, dando a entender que por su determinación ha podido parar este ambiente de ingobernabilidad “porque hace 15 meses había un gobierno casi inexistente”.
Este diagnóstico del Ejecutivo dejó entrever que con la llegada del PRI al poder; con el nombramiento de un militar, el general Alejandro Saavedra, como coordinador de la nueva estrategia de seguridad y con la llegada de más efectivos militares, elementos de la gendarmería y policías federales a la entidad, Guerrero cruzaría el umbral de la violencia para entrar a una etapa de mayor seguridad y control de las fuerzas delincuenciales.
El gran problema es que no se quiere sanear la médula donde se anida el cáncer de la corrupción; las instituciones policíacas que están infiltradas y coludidas con el crimen organizado, al igual que la fiscalía general del estado de Guerrero, que sigue siendo un coto de poder y un bunker donde las actuaciones de los funcionarios se manejan con total opacidad, sin que exista un mecanismo de rendición de cuentas ni instancias ciudadanas que puedan monitorear las actuaciones de los servidores públicos.
Sin una transformación a fondo es imposible conquistar la confianza de la sociedad y de ser garantes efectivos de la seguridad y del combate de raíz a los grupos que atentan contra la vida, la seguridad y el patrimonio de las y los guerrerenses.
Es de suma preocupación que en las diferentes regiones del estado, en verdad los gobierno municipales no existan para la población que es rehén de la delincuencia. Las autoridades municipales además de no permanecer en sus ayuntamientos, no están prestos para dar respuestas inmediatas a los problemas más graves que enfrentan los habitantes. No cuentan con diagnósticos claros sobre lo que está pasando en el municipio, tampoco se tiene una radiografía de los miembros del gabinete, de ubicar qué intereses están defendiendo y con qué grupos están ligados. La debilidad de las instituciones ha generado un ambiente de permisividad tal, que buena parte de las autoridades y funcionarios municipales actúan con total impunidad, porque se sienten con gran poder. No tienen nociones básicas sobre las responsabilidades constitucionales que tienen, sienten que ellos mismos encarnan la ley, su trato despótico y sus actuaciones arbitrarias es el signo más preclaro de su poder. Son todopoderosos y dueños de los recursos públicos. No hay sistemas de control y monitoreo de las instituciones de seguridad.
Las corporaciones policiacas están para amedrentar a la población, para extorsionar y someter a los detenidos. Estamos lejos de que los policías y las mismas autoridades entiendan que hay normas que los obligan a respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y hay protocolos establecidos para el uso adecuado de la fuerza. Se trata a los jóvenes que protestan o que realizan pintas como delincuentes consumados, se les denigra en los periódicos que viven de la nota roja. Los menores de edad son sometidos a tratos crueles y sin ningún miramiento se les encarcela. Las mujeres padecen todo tipo de maltratos y agresiones físicas y verbales y las exhiben públicamente para hacer escarnio de su detención. Además de la burla de que son objeto se les imponen multas altas como única forma de sanción a faltas administrativas. Estos abusos sistemáticos es parte medular de la corrupción que impera dentro de los gobiernos municipales. Es una fuente de ingresos para quienes tienen el control de la seguridad en el municipio.
Esta situación es lo que tiene harta a la población más pobre, sobre todo a los jóvenes, porque hay una estigmatización en su forma de comportarse, en su misma vestimenta, su lenguaje, su porte, su música, sus formas de convivir y de expresar su malestar. Son los más perseguidos y los que tienen que enfrentar a una fuerza policial que arremete contra ellos para acallarlos y descargar toda su furia.
Mientras tanto las redes delincuenciales se expanden y robustecen bajo la mirada cómplice de los cuerpos policíacas que son funcionales al crimen por su papel de halconeo que desempeñan y su trabajo subrepticio que realizan para servir a dos patrones.
El gobierno seguirá siendo inexistente para la población con policías que ven a los jóvenes a los sectores sociales que protestan como sus enemigos. No será un poder que en los hechos proteja a la población, que esté dispuesto a sacrificar su seguridad y comodidad con tal de velar y garantizar el derecho a la vida y la seguridad de quienes están siendo víctimas de los grupos delincuenciales enquistados en las estructuras gubernamentales, para hacer del crimen el mejor negocio.
El gobierno estará ausente de los problemas más acuciantes de la población si no se desinstala de su propia seguridad y no se solidariza con la gente que sufre. Los discursos son un desastre cuando no van acompañados de acciones que reviertan la situación de inseguridad. Los operativos militares que son más suntuosos que eficaces, así como las campañas mediáticas de los funcionarios que aparecen apapachando a la gente, no son otra cosa que mero exhibicionismo y una muestra del poco respeto que se tiene por la gente que reclama justicia y que exige que la autoridad cumpla con lo que prometió hacer. Sobre todo debe demostrar que no está coludida con los poderes fácticos y que tendrá las agallas para hacer frente esta amenaza y a no permitir que la delincuencia tenga como rehén a la población y que el gobierno tenga que negociar con ellos para que haya una gobernabilidad pactada