En días recientes, la situación de los derechos humanos en Guerrero volvió a estar en la palestra internacional. En Ginebra, Suiza, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas analizó el estado que guarda la práctica de la tortura en México. Durante este ejercicio, diversos organismos de la sociedad civil presentaron informes que documentan el aumento exponencial de la tortura en nuestro país, en el marco de la llamada «guerra contra el narcotráfico». Las cifras, los casos y testimonios documentados dan cuenta, de manera objetiva y contundente, de la manera en que el uso de esa práctica deleznable se ha intensificado en los últimos años.
La falta de capacidad de las procuradurías de justicia para realizar investigaciones científicas e imparciales de los delitos, sumada a la constante fabricación de culpables en delitos de alto impacto, han provocado que la tortura aumente conforme se incrementan las tasas delictivas. Si durante el régimen del autoritarismo priísta el uso sistemático de la tortura fue una de las piedras de toque sobre la que se construyó el sistema de justicia penal con la complicidad de fiscales y jueces carentes de independencia, tras la alternancia esta práctica permaneció intocada dada la creciente violencia y la supuesta necesidad de presentar culpables a toda costa. Así, la tortura resultó funcional a los gobiernos que arribaron al poder tras las primeras elecciones plurales.
En la guerra del gobierno calderonista, la tortura se ha generalizado y hacen uso de ella marinos, soldados y ministeriales por igual. Lo intuimos cada que las autoridades presentan confesos ante los medios a quienes identifican como responsables de un crimen; lo constatamos con el aumento de las quejas recibidas por organismos públicos y civiles de protección a los derechos humanos.
La situación en Guerrero es aún peor. En nuestra entidad, desde que en la década de los setenta se cometieron graves violaciones a derechos humanos, se tortura con impunidad. Guerrero ni siquiera cuenta con un marco jurídico adecuado para prevenir y erradicar esta práctica, puesto que la tortura como delito no se encuentra tipificada en el Código Penal del Estado sino en la Ley que crea y regula a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, legislación que en la práctica los agentes del Ministerio Público inaplican. Sin duda, ello contribuye a que sigan echando mano de la tortura los elementos de la Policía Ministerial del estado, bajo la dirección de fiscales que arguyen eufemísticamente que «así funciona el sistema» pues a los detenidos «hay que trabajarlos».
El caso Ayotzinapa es emblemático de ello. A sabiendas de que la represión del 12 de diciembre ya se había denunciado ante la opinión pública y aún cuando toda la prensa nacional seguía con atención los sucesos, quienes controlan la Procuraduría decidieron torturar a un estudiante y obligarlo a disparar un arma para incriminarlo. Todavía recordamos cómo, ante los medios, se informó que ese estudiante era presunto culpable y cómo, tras la creciente indignación popular, fue puesto en libertad al día siguiente. Pero la tortura en ese caso ha quedado impune; ninguno de los autores materiales e intelectuales ha sido sancionado penalmente y quienes recibieron alguna sanción administrativa que implicó suspensión o separación de sus cargos hoy han regresado por sus fueros a la Procuraduría estatal.
Ante esta realidad, la sociedad civil guerrerense no ha permanecido indiferente y ha empezado a actuar tanto en el ámbito internacional como en la esfera estatal. Frente al Comité contra la Tortura de la ONU, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña presentó un amplio informe que da cuenta de la persistencia de la tortura en Guerrero; que denuncia la falta de un marco legal adecuado en la entidad; y que documenta las violaciones a derechos humanos cometidas el 12 de diciembre de 2011.
Simultáneamente, varios organismos civiles y los propios estudiantes de Ayotzinapa acudimos ante el Congreso estatal a presentar una propuesta de reforma legal en materia de tortura. Lo hicimos, cabe resaltar, en ejercicio de nuestro derecho a participar en el debate público, aun cuando en nuestra entidad todavía hoy no se legisla cabalmente sobre la potestad ciudadana de elevar iniciativas populares.
La iniciativa presentada es innovadora y recoge años de experiencia acompañando a víctimas de tortura que no han accedido a la justicia. En ese sentido, no se agota en la mera propuesta de tipificación del delito de tortura en el Código Penal del Estado, sino que incluye la modificación de 11 artículos del Código Penal, 10 artículos del Código de Procedimientos Penales y dos artículos de la Ley de la CODDEHUM. De esta manera, se trata de una reforma integral que podría sentar las bases para erradicar la tortura de Guerrero, poniendo al Estado a la vanguardia legislativa en materia de derechos humanos, a través de la correcta tipificación de este crimen, pero también por medio de reformas procesales que permitirán una mejor investigación del delito.
La conjunción del examen del Comité contra la Tortura de la ONU y de la iniciativa presentada por la sociedad civil, así como la deuda pendiente que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero tiene con lo ocurrido el 12 de diciembre de 2011, generan un escenario inmejorable para que los diversos actores políticos emprendan esta reforma y den el primer paso en una agenda legislativa comprometida con los derechos humanos de las y los guerrerenses.
Sin embargo, de nueva cuenta la respuesta inicial del gobierno aguirrista ha sido decepcionante. El boletín publicado por el gobierno en días pasados muestra de nueva cuenta cómo los genes autoritarios y la falta de veracidad terminan imponiéndose cuando se trata de responder a los planteamientos de la sociedad civil. En efecto, el comunicado del gobierno se centra en descalificar el informe presentado por Tlachinollan ante la ONU, señalando que en Guerrero la tortura se investiga y que el marco jurídico es el adecuado, pretendiendo además confundir a la opinión pública, sugiriendo que el Informe desconoce que el delito de tortura está tipificado en la ley de la CODDEHUM.
Esto simplemente es falso. En ningún momento se ha negado que la ley de la CODDEHUM toma en consideración este ilícito, sino que por el contrario, se ha destacado que al no encontrarse en el Código Penal, los fiscales de la Procuraduría lo desconocen, como por cierto lo ha señalado el propio Comité contra la Tortura en sus anteriores informes. En cuanto a la inexistencia de averiguaciones previas iniciadas por tortura, no es solo la información de Tlachinollan la que valida esta afirmación, sino incluso los propios datos oficiales, citados por Human Rights Watch en su más reciente informe. Ahí, esta connotada organización internacional, con información proveída por la Procuraduría señaló que: «En Guerrero, no se iniciaron investigaciones sobre torturas entre 2007 y 2010. Durante el mismo periodo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero recibió 52 denuncias de tortura, 41 de tratos crueles, inhumanos o degradantes y 275 de lesiones.»
No se puede cubrir el sol con un dedo, ni aunque ese dedo sea de quienes detentan el poder. En Guerrero hay un problema serio con relación a la tortura y es urgente tomar cartas en el asunto. Por eso la decepción con la respuesta gubernamental se ahonda al leer en el comunicado que el Ejecutivo presentará su propia iniciativa y que se instruirá a la Procuradora a que emita un acuerdo para ordenar la práctica del llamado Protocolo de Estambul, como se hizo en el ámbito federal, lo que reproducirá en el Estado los errores que durante diez años ha cometido la PGR. Nuevamente, se actúa desde el Ejecutivo como si la sociedad civil no existiera, y en lugar de iniciar una discusión sobre la tortura en el estado o de retomar la iniciativa de la sociedad civil, se anuncian actos unilaterales al vapor.
El gobierno de Ángel Aguirre Rivero está marcado por los hechos del 12 de diciembre, donde no sólo perdieron la vida varias personas sino que también se torturó de forma cruenta y, hasta hoy sigue impune. En la mesa de los legisladores se encuentra una iniciativa de ley que puede ayudar a que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Está preparada de conformidad con los más altos estándares en la materia e incorpora la perspectiva de las víctimas de este grave abuso; esa es la reforma que Guerrero necesita. La disyuntiva es clara: o se avanza en la priorización de esa iniciativa y se abre la discusión a la participación de la sociedad civil, o se tapa el sol con un dedo mediante reformas incompletas. ¿Cómo responderán los legisladores y el gobernador a esta interpelación? Pronto lo sabremos