OPINIÓN | La tortura como método de dominación política

El pasado jueves 28 y viernes 29 de enero el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) organizó en la ciudad de México la jornada internacional denominada “La Tortura en México, práctica sin freno”, con el fin de propiciar un debate crítico y propositivo, ante la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos como país y ante la embestida de un poder político que usa la fuerza para causar terror entre la población e inhibir la organización independiente de la sociedad.

En el informe que presentó el 5 de mayo de 2015 ante el pleno del consejo de derechos humanos de la ONU, el relator especial contra la tortura, Juan Méndez, señaló con gran valentía y contundencia que la tortura en México es una práctica generalizada y que ocurre especialmente desde la detención hasta la puesta a disposición de los detenidos ante la justicia. Ante ello emplazó al gobierno para que implemente de manera inmediata sus recomendaciones e hizo un llamado a la comunidad internacional para que apoye a México en la lucha para eliminar la tortura y los malos tratos, con el fin de revertir la impunidad y garantizar la reparación integral de las víctimas. Este informe molestó mucho a las autoridades mexicanas y se ocuparon más en desacreditar al prestigiado académico que atender sus recomendaciones. Las autoridades se empecinan en ignorar los planteamientos de los organismos internacionales de no usar al Ejército en tareas de seguridad pública porque sus actuaciones bélicas suspenden de facto derechos básicos lo que provoca que cualquier ciudadano, sea víctima de tratos crueles, inhumanos, degradantes, incluso de tortura y hasta de ejecuciones, por parte de las corporaciones policiacas y elementos del ejército y la marina, en esta ideología del enemigo interno.

El 10 de abril de 2015 el presidente Enrique Peña Nieto envío al Congreso Federal la iniciativa de Ley sobre desaparición de personas y la Ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos Tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, para que puedan ser discutidas en el próximo periodo de sesiones. Esta coyuntura nos obliga como sociedad a discutir sin cortapisas estas iniciativas y exigir que se atiendan las propuestas de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.

Nuestra historia como organización de derechos humanos ha estado marcada por el acompañamiento a víctimas de tortura a indígenas de las zonas de mayor exclusión del país que han sido sometidos a malos tratos e incluso tortura por parte de todas las fuerzas de seguridad del Estado.

Las dignas voces de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, víctimas de tortura sexual a manos de elementos del Ejército Mexicano han implicado mucho sufrimiento y una lucha persistente de 14 años. Hoy en día a más de 5 años de la emisión de dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ambas compañeras exigen justicia contra los 4 militares acusados por las graves violaciones cometidas en su contra frente a juzgados civiles. Gracias a la lucha de ambas mujeres indígenas la Corte Interamericana estableció estándares sobre tortura sexual que hoy se han convertido incluso en tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pese a los avances en sentencias y tesis, la tortura es una práctica recurrente entre los cuerpos de seguridad. Tan sólo del 2007 al 2011, Tlachinollan, documentó dentro del proyecto de Monitor Civil de la Policía (MOCIPOL), 353 casos de abuso policial, 53 de los cuáles fueron casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes; siendo la Policía Investigadora Ministerial la autoridad que más viola los derechos fundamentales de la población guerrerense.

Entre 2008 y abril de 2014, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) recibió 101 quejas por presuntos hechos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes perpetrados por agentes estatales, sin embargo, sólo entre 1994 y enero de 2013, el organismo emitió un total de 54 recomendaciones sobre tortura a las autoridades del estado de Guerrero.

A pesar de ello, la falta de investigación y sanción en casos de tortura es clara. Entre 2006 y 2014 han habido sólo 6 averiguaciones previas por tortura. La Fiscalía General de Guerrero no ha presentado cargos contra persona alguna ni obtenido una sola orden de aprehensión por casos de tortura. El 88% de las recomendaciones de la Coddehum por casos de tortura se han dirigido a lo que ahora es la Fiscalía General de Justicia, es decir, que los funcionarios han sido reticentes a abrir investigaciones contra ellos mismos y sus compañeros de trabajo.

Hoy en día en Guerrero se cuenta con una Ley especial estatal que no cumple con los estándares internacionales. No obstante, más allá de las discusiones legislativas, los cambios en las instituciones y la voluntad política para incluir mecanismos que prevengan la posible comisión de este delito son determinantes. Por ejemplo, una vez que en Guerrero se aprobó la Ley especial en enero de 2014, las averiguaciones previas por tortura no avanzaron. Un año más tarde, en enero de 2015, la Procuraduría había iniciado sólo una averiguación por tortura.

La impunidad casi absoluta por casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por la policía y por funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito no es sorprendente, en parte porque los funcionarios públicos a cargo de investigarlos pertenecen a las mismas instituciones implicadas. La Fiscalía General, cuenta con una unidad para la investigación y persecución de violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos, que actúa bajo el mando de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, sin embargo, dicha unidad está conformada por miembros de la misma policía investigadora del delito contra la cual pesan múltiples acusaciones de tortura y otros abusos.

En ausencia de cualquier institución independiente para supervisar las investigaciones de tortura, todos los presuntos casos de esta atrocidad se dejan a discreción de la Fiscalía General, que además continúa siendo sujeta a un fuerte control del ejecutivo y de los grupos de poder que subyacen al interior de la Fiscalía.

En este panorama, el rol de los organismos públicos de derechos humanos es central. Pero en Guerrero la independencia de la Coddehum ha sido socavada y la CNDH no ha jugado un papel activo. Así vemos que de nada sirvió que la CNDH haya emitido su primera Recomendación por violaciones graves a derechos humanos en los asesinatos de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, estudiantes de Ayotzinapa, hechos en los que también se documentó el caso de tortura del estudiante Gerardo Torres, pues el Ombudsman Nacional no impulsó ningún mecanismo extraordinario para asegurar el cumplimiento de dicha recomendación, como lo ameritaba el caso. Esta situación demuestra que de poco sirve ampliar las facultades de estos organismos si las mismas no se emplean a cabalidad y con determinación. Hoy el caso está ante la CIDH en espera de su admisión.

La investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa muestra que el uso de la tortura continúa siendo extendido en el ámbito federal. Aunque el sentido común indicaría que uno de los casos más graves de violaciones a derechos humanos de la historia reciente sería investigado con pulcritud, dado que la verificación internacional de la indagatoria era previsible, lo cierto es que el expediente muestra un uso extensivo y generalizado de la tortura, sobre todo por parte de los elementos de la marina y de la agencia de investigación criminal que intervinieron al inicio en la conducción de las pesquisas. Al respecto, el Informe del GIEI es contundente: refiere que “recibió testimonios de inculpados que alegaron malos tratos y torturas”. En ese sentido, precisa que “de las 80 personas detenidas, a quienes se les practico examen médico, 19 no presentan lesiones, lo que corresponde a un 23% de los inculpados, mientras que en el 77% si presentaron distintos tipos de lesiones”. Añadiendo que: “El análisis en conjunto de las lesiones existentes permite constatar que los detenidos mostraban muy frecuentemente cuadros de policontusión con lesiones traumáticas de distinta intensidad y localización”. Por ello, el GIEI concluye que “basándose en información básica en el contexto de la medicina forense moderna y los Derechos Humanos, pone de manifiesto que los reconocimientos médicos de los detenidos en este caso fueron muy deficientes e insuficientes para una investigación eficaz de posibles malos tratos que pudieran ser aludidos por estas personas.

El análisis que realiza el GIEI no puede dejarse de lado en la inminente discusión sobre la Ley general para prevenir y sancionar la tortura. Los organismos civiles nos hemos unido para señalar los aspectos torales de esa Ley, en los cuales la iniciativa del Ejecutivo se queda corta; por ejemplo, la exclusión de toda prueba ilícita. Sin embargo, hay otros temas estructurales que debemos visibilizar en el debate. Por ejemplo, el GIEI recomienda: “Contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente, a nivel federal como en los diferentes estados. Dicha entidad debe contar con autonomía administrativa y financiera sin depender de ningún organismo investigativo o judicial.

Por todo esto es clave continuar con la supervisión internacional que generen recomendaciones específicas y que acompañen las investigaciones. El rol de mecanismos extraordinarios de escrutinio, como el de la asistencia técnica solicitada por las familias de Ayotzinapa en el marco de las medidas cautelares emitidas por la CIDH en el caso de los estudiantes desaparecidos, que se tradujo en la creación del GIEI, es clave para combatir patrones de impunidad.