Mientras la clase política de Guerrero se arremolina en torno a sus jefes que toman las decisiones para palomear a los próximos candidatos y candidatas para senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, la sociedad sigue arrastrando los estragos de la violencia, que cada día suma más casos de ejecuciones y desapariciones, sin que ninguna autoridad estatal y federal se sienta interpelada para contener esta espiral creciente que ha segado la vida a más de 45 mil personas durante este sexenio. Esa cifra récord de muertes violentas les ha dado la pauta a los gobiernos para continuar con una actitud indolente, porque saben que los costos políticos de esta indiferencia no implican que sean cuestionados o revocados en su mandato. Saben que estos conflictos se resuelven a nivel de las cúpulas políticas que siempre se rigen por los intereses partidistas que están en juego. Los casos del góber precioso de Puebla, el movimiento de la APPO contra Ulises Ruiz en Oaxaca, son ilustrativos por la forma burda e infame como manejaron estos conflictos las altas esferas del poder.
Los gobernantes han sobrepuesto sus intereses por encima de las leyes y los derechos de la población agraviada. Con gran cinismo se sientan a negociar en la mesa los crímenes que cometen. Lo que más les importa es no perder los hilos y las parcelas del poder que cada partido político ha logrado conquistar. Las mismas autoridades se han encargado de avasallar y denigrar nuestro sistema jurídico, porque todas gozan de prerrogativas que los hacen inmunes para que rindan cuentas a la ciudadanía que los eligió. En esta democracia al ciudadano sólo se le reconoce el derecho a votar por un candidato, pero no tiene el derecho de vetarlo, desaforarlo, enjuiciarlo o sacarlo del cargo. En este modelo de democracia representativa los partidos políticos, manejados por sus cúpulas son los amos y señores del poder en México, hacen y deshacen las leyes y las instituciones de acuerdo con sus intereses. Todo queda mediatizado y supeditado a las decisiones de las elites en el poder.
En nuestro estado vemos cómo los grupos políticos que están incrustados en el PRD buscan afanosamente cualquier pretexto para manifestar su apoyo al gobernador y al mismo tiempo exonerarlo de toda responsabilidad, con relación a los hechos trágicos del 12 de diciembre. No sólo se defiende a ultranza al Ejecutivo, sino que se descalifica y criminaliza la lucha legítima de los estudiantes. Ningún grupo se interesa en conocer las causas estructurales de este conflicto, y mucho menos trata de sopesar lo que representan estos delitos graves como las ejecuciones extrajudiciales y la tortura dentro de un sistema que supuestamente es democrático y que está gobernado por un partido progresista. Ningún político se ha puesto a analizar lo que significa esta tragedia para el estado y para el país. Matar estudiantes, torturarlos, infringirles tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenerlos de manera arbitraria e impedirles tener una defensa adecuada, son indicadores muy claros de cómo se violentan de manera sistemática los derechos humanos de la población que se encuentra inerme ante el uso excesivo de la fuerza de los cuerpo policiacos y militares y la complicidad y corrupción de quienes están encargados de procurar y administrar justicia. La mejor manera de acallar y someter a una población indignada es generar miedo, imputarles delitos, amenazarlos y cargarles toda la responsabilidad por la situación de ingobernabilidad que impera en el estado.
El jueves 19 de enero el estudiante Gerardo Torres Pérez presentó formalmente una denuncia por el delito de tortura en la Procuraduría General de Justica del estado contra elementos de la policía ministerial. El joven Gerardo ese día 12 de diciembre de 2011 se subió a uno de los autobuses que llevaba a sus compañeros normalistas de Ayotzinapa, para protegerse de la balacera emprendida por los policías ministeriales, federales y estatales. Al subirse fue interceptado por elementos de la policía ministerial, quienes lo encañonaron y lo obligaron a descender del autobús para luego someterlo y tirarlo al suelo. Fueron 3 agentes quienes se encargaron de golpearlo en todas las partes de cuerpo, mientras permanecía acostado sobre el pavimento. Posteriormente lo subieron a una camioneta y lo llevaron a las instalaciones de la procuraduría de justicia. En el trayecto fue golpeado a patadas en el estomago y en las costillas por agentes ministeriales. Al meterlo en los separos junto con otros compañeros, les ordenaron que se arrodillaran. Les quitaron sus camisas y sus zapatos y los empezaron a golpear en la espalda. Cuando a Gerardo le revisaban las pertenecías que llevaba en su pantalón, uno de los agentes encontró en su bolsillo un casquillo que había recogido en la carretera. Ante este hallazgo un policía comentó ..miren este casquillo es de cuerno.. y otro más exclamó ..¡ah cabrón! ¿Dónde dejaste el cuerno? Con que tú eres uno de los que dispararon… Fue un interrogatorio acompañado de golpes.
Después de que un policía se fue con el casquillo para hablar con sus compañeros, procedieron a cubrirle el rostro con su propia playera, lo sacaron del lugar y lo metieron a unos baños. Ahí le quitaron su pantalón y le dijeron en tono amenazante ..a ver cabrón ahorita nos vas a decir dónde dejaste el pinche cuerno… En ese instante le mojaron la espalda y le empezaron a golpear en la cara y en el estómago. Posteriormente lo subieron a una camioneta obligándolo a permanecer
boca abajo y con la cara cubierta. Lo llevaron a un lugar desconocido y lo metieron a una casa que aparentemente estaba abandonada. Después de interrogarlo y de maltratarlo lo obligaron a jalar el gatillo de un arma de grueso calibre. Esto lo tuvo que realizar en 6 ocasiones con el fin de presentarlo como uno de los que iniciaron la agresión con armas de fuego.
Después de esta maquinación lo regresaron a la procuraduría para seguirlo torturando y obligarlo a que confesara que él había iniciado la agresión. Este plan perverso no fructificó con la llegada de defesores y defensoras de derechos humanos que lograron romper el cerco informativo y la actitud prepotente y amenazante de las autoridades, que se negaban a respetar los derechos de los detenidos.
En el caso de la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa, no solo son violaciones graves a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, sino también los casos de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo insólito es que después de 41 días las autoridades federales y estatales siguen echándose la bolita y evadiendo su responsabilidad. Siguen circunscribiendo esta acción criminal a la esfera meramente policiaca, como si no contáramos con autoridades políticas, quienes tienen que rendir cuentas a la ciudadanía que los eligió, asumiendo el costo político que representa que agentes del estado cometan graves violaciones a los derechos humanos.
En el caso de Gerardo Torres Pérez, quien ya interpuso la queja y la denuncia por tortura, es muy claro su señalamiento de que los autores materiales fueron policías pertenecientes a la procuraduría general de justicia del estado. A pesar de este señalamiento contundente ninguna autoridad, representante de partido político o precandidato, se han posicionado en torno al caso para denunciar la forma cómo actúa el gobierno del estado contra los estudiantes de la normal, a quienes no solo se les estigmatiza sino que se les criminaliza, porque además de privarlos de la vida, los torturaron y los detuvieron de manera arbitraria.
Nadie opina sobre las graves implicaciones que tiene la práctica de la tortura por parte de las corporaciones policiacas, dentro de un régimen que se ufana de ser democrático. La tortura es una de las prácticas más lacerantes y abominables que utilizan los gobiernos autoritarios. Los daños que causa no solo a la victima sino a la sociedad en su conjunto son irreversibles e insuperables, porque atentan contra la integridad de las personas y las normas que nos rigen. En Guerrero la práctica de la tortura sigue siendo el método más efectivo para la investigación de los delitos, al grado que no existe en nuestro código penal el delito de tortura. Esto habla de una complicidad compartida entre los representantes de los 3 poderes del estado. A ningún partido político le interesa trabajar en la erradicación de la tortura, mucho menos asumir como parte de su agenda política este tema prioritario para el respeto y la vigencia de los derechos humanos.
No hay un compromiso real con las víctimas que enfrentan estas acciones execrables de las autoridades. Más bien están muy lejos de representar los intereses de quienes sufren estas vejaciones, porque no tiene el compromiso y el interés de establecer las condiciones legales para proteger a la población de estas prácticas abominables que siguen infligiendo al interior de sus instalaciones todas las corporaciones policiacas y el mismo ejército mexicano.
Las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra los estudiantes de Ayotzinapa obligan a que las organizaciones sociales y civiles asuman posturas claras y firmes. No se pueden seguir justificando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades. Son lamentables las declaraciones panfletarias de varios precandidatos que distan mucho de representar los intereses genuinos de la ciudadanía y que solo construyen sus precandidaturas a base del padrinazgo político y del dedazo o palomeo de los caciques.
Las inserciones pagadas que aparecen en los periódicos nos hablan del gran déficit democrático que padecemos en nuestra entidad, y ponen en evidencia las flaquezas ideológicas y el nulo compromiso con los derechos humanos, por parte de quienes suspiran por algún cargo o apoyan a alguna precandidato.
Estas graves violaciones a los derechos humanos forman parte de la agenda de trabajo de las mujeres Nobel que se reunirán este lunes 23 de enero en la ciudad de Chilpancingo con varias representantes de organizaciones de mujeres que han dado la lucha para hacer valer sus derechos y exigir a las autoridades que dejen de encubrir y proteger a los policías y militares que atentan contra la vida, la dignidad, la seguridad y la integridad física de las y los guerrerenses.
Artículo de opinión de Tlachinollan publicado en el periódico El Sur el 23 de Enero de 2012.
Lee articulo original aquí