OPINIÓN | Las viudas de El Charco

Abel Barrera Hernández

“Salgan perros, les vamos a dar su chilate con pan”, fue el grito de guerra del general Alfredo Oropeza Garnica para arremeter contra los indígenas Na’Savi, que descansaban en uno de los salones de clases de la escuela primera Caritino Maldonado. Rosearon de balas los salones para acabar antes del amanecer contra algunos miembros del Ejército Revolucionario del pueblo Insurgente (ERPI).  El saldo fue de 10 indígenas y un estudiante universitario asesinados, cuatro adultos y un niño fueron gravemente heridos, mientras 22 personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, entre ellas cuatro niños y una estudiante universitaria.

Para doña Eustolia, esposa de José Rivera, uno de los caídos en esa madrugada “no había necesidad de matarlos. El gobierno los masacró cruelmente a sangre fría. Estas fechas me causan tristeza porque aquí quedó su alma. Aquí murió. Nos marcó la vida. El gobierno nos golpeó. No se puede reparar ni olvidar lo que pasó. Fue muy doloroso, son huellas que nos marcaron para siempre. El sufrimiento, la soledad y el hambre que pasamos con nuestros hijos, además de los rumores de que los militares nos iban a matar, ha sido la pesadilla que por 22 años nos ha impedido vivir tranquilas y conciliar el sueño”.

“Mi esposo me decía que al gobierno no le gustaba que nos organizáramos. El gobierno quiere que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Recién había pasado lo de Aguas Blancas, aquí puede pasar algo parecido, decía, si llegara a pasar es porque estamos exigiendo algo justo”.

Eustolia recuerda que “la organización era para impulsar la autonomía de las propias comunidades, que traerían los cambios sociales en beneficio de la gente más pobre. Por eso, se trabajó con los comisarios de cada comunidad. Fue como un sueño que se pensaba lograr muchas cosas. La organización era la magia para recuperar la fuerza de las comunidades, porque solos, cuando bajamos a Ayutla nadie nos ve ni nos atiende”.

Hoy se sabe que los militares dispararon 284 municiones y lanzaron dos granadas al interior de los salones donde pernoctaban los indígenas. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que el ejército disparó 780 cartuchos.

En la madrugada del 7 de junio, Apolonio Giménez fue uno de los primeros que se animaron a salir con las manos en alto gritando que no le dispararán. Les respondieron que se tirara en la cancha. Así lo hizo. Empezó a avanzar como pudo, mientras otros compañeros al animarse a salir recibieron varios impactos de bala. Ya no pudieron avanzar. Ante la metralla que no cesaba, algunos intentaron correr, pero fueron alcanzados por las balas. José Rivera fue herido en la pierna, como pudo se arrastró hacia la cancha para ponerse a salvo. Las balas arremetían contra quienes se atrevían a salir. José ya no tuvo fuerza para arrastrarse con sus brazos, porque sus piernas quedaron inmovilizadas por las balas.  Al final, recibió el tiro de gracia, como pasó con varios compañeros que se encontraban en la cancha.

La esposa de José Apolonio, que dejó a 9 hijos, nos comenta que se había ido al arroyo a buscar acamayas. En el camino escuchó los ruidos de los helicópteros. No sabía lo que había pasado en la madrugada.  A su regreso se topo con uno de sus pequeños hijos que desesperadamente corría para darle la noticia, de que habían asesinado a su papá. “Yo no creía que mi esposo estuviera muerto. Hasta regañé a mi hijo, porque pensé que estaba inventando. Al llegar al pueblo, varios señores me dieron la noticia. Más bien me espantaron, porque me dijeron que escondiera mis papeles, la credencial de mi esposo, porque si no lo hacía iban a matar a todos. Les dije que prefería que nos mataran a todos si en verdad teníamos la culpa para merecer la muerte. No entendía el coraje que tenía el gobierno para que nos viniera a matar. Ya no pude comer, sentía desfallecer. Estaba muy desesperada y triste. No sabía como consolar a mis hijos, ni que hacer para que entregaran a mi esposo. Me quedé aturdida. En varias ocasiones se me revelaba, escuchaba sus pasos, el ruido de sus huaraches. Sentía que entraba a la casa, pero todo era imaginación. Porque él ya está muerto. Mi cabeza se hacía grande y mi cuerpo pequeño. Para mí era mejor morir y no saber nada, sobre todo porque tenía un mes de embarazo. Sólo mis hijos me dieron la fuerza para seguir. Mis dos hijos más grandes, que en ese tiempo eran niños, empezaron a ir de peones para conseguir maíz y jabón. Así la íbamos pasando porque tenía nueve hijos. Estuve a punto de regalar a un hijo, ya que mucha gente venía a pedírmelo porque veían que no iba a poder, pero mis hijos grandes lo evitaron. Uno de mis hijos se fue a Estados Unidos a trabajar de jornalero. Tenía 17 años. Lamentablemente falleció en marzo de 2009. Era el que más me apoyaba para que mis hijos más pequeños pudieran estudiar. Por él teníamos que comer. He sufrido mucho porque tuve que trabajar como peón para no morirnos de hambre. En medio de tanto sufrimiento, mi hija se logró. Ahora ya esta grande y está estudiando para médico.

En la lengua Tu’un savi, otra de las viudas se animó a decir que gobierno solo sube al pueblo para matar a la gente. Así lo hizo con su esposo y sus demás compañeros. No solo nos quita la vida, sino que no mete miedo, para que no hagamos nada para defender nuestro derecho. Tuvo que dar varias vueltas para recuperar el cuerpo de mi esposo. Me decían que ya lo habían enterrado en la fosa común. Era para que yo ya no lo buscara y me quedara callada. Después de tres días me lo entregaron. Me traje su cuerpo y me quedé en mi pueblo para enterrarlo. He vivido como mucho miedo, porque el ejército siguió subiendo para detener a más gente. A varios compañeros, los han ido matando. Nadie sabe quien lo hace, pero así trabaja el gobierno, para que sigamos agachados sin decir nada.

Después de El Charco, nuestra vida está marcada por el dolor y el sufrimiento. Así como está la escuela rociada de balas, así siento que está mi cuerpo. Como si a mi me hubieran matado. En verdad así es, porque para el gobierno no existimos, no valemos nada. Las vidas de nuestros esposos tampoco valieron, porque las autoridades no investigaron a los militares. Más bien, los premiaron y les dieron mejores cargos. Así hace el gobierno, gasta el dinero en armas y en el entrenamiento a los militares, para que vengan a matarnos, cuando se dan cuenta que nos estamos organizando para salir de pobres.

Han pasado 22 años y estamos peor. Las autoridades se han puesto de acuerdo para castigarnos, para que nosotros mismos nos peleemos y seamos nuestros propios verdugos. Quisieran que El Charco no existiera para que nadie reclamé justicia y para que no molestemos a los militares que asesinaron a nuestros esposos.

Trabajamos sin descanso, en muchas ocasiones con el estómago vacío. Con nuestras propias fuerzas hemos podido sacar adelante a nuestros hijos. Con muchos sacrificios logramos que estudiaran en Ayutla y en Chilpancingo. Me da mucha alegría, en medio de tanta pobreza, saber que mi hija está estudiando en la universidad, y que tiene el sueño de ser doctora. Nunca imaginé que, trabajando en el campo, cortando leña y sembrando maíz, iba a lograr que mis hijos crecieran y que pudieran estudiar. Eso es lo que me da fuerza, para seguir en esta lucha. Ahora entiendo porque mi esposo trataba de organizarse con la gente del pueblo, para que ya no hubiera tantas injusticias y tantos sufrimientos. Puedo decir, que está orgulloso de mi, porque no abandoné a mis hijos y porque nunca me olvidé por lo que el soñó.

A 22 años de la masacre de El Charco, el gobierno sigue desangrando nuestras vidas. Como mujeres indígenas, nunca hemos recibido la protección del Estado, ni nos han reconocido como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Lo más cruel es que el gobierno sigue sin castigar a los militares que perpetraron esta masacre y se obstina en darles más facultades el ejército para que se encargue de la seguridad pública, sin que se les obligue a rendir cuentas por estas atrocidades.

Publicado originalmente en Desinformémonos