No olvidemos a quienes desde la infancia cargan el pesado yugo de la discriminación. Su vida al ras de la tierra, pasa desapercibida por nuestra vista.

OPINIÓN | Los intocables de Guerrero

 Los intocables de Guerrero

El último testimonio del periodista guerrerense Cecilio Pineda Birto, difundido en su cuenta personal de Facebook, nos muestra cómo la muerte es una realidad inminente para quienes tienen el valor de denunciar el mundo siniestro del crimen que ha logrado enquistarse en el aparato gubernamental. La supremacía del poder que ejercen los jefes de la delincuencia los vuelve intocables. Están por encima del poder local y no hay autoridad que los obligue a rendir cuentas. La impunidad es la marca registrada que les otorgan los gobernantes para que sus acciones delincuenciales no tengan consecuencias penales. Lo ilícito adquiere la categoría de lícito. Los negocios ilegales se lavan y forman parte de las inversiones más prósperas. La economía criminal es la que hace rentable la muerte y los secuestros. En las regiones pobres los jefes no son los presidentes municipales ni los diputados, son los que tienen el control de la plaza, los que han subsidiado las campañas y tienen el control de los giros delincuenciales.

En palabras de Cecilio podemos decir: “Hay muchas cosas que no se entienden aquí en la región de la tierra caliente porque vemos como los mismos policías escoltan a las esposas de jefes de la delincuencia para llevarlas de compras a la cabecera municipal […] Hay 104 escuelas que siguen cerradas porque los padres de familia exigen que primero se detenga al “Tequilero” y sólo después podrán mandar a sus hijos a clases.”

Varios maestros que han sido secuestrados se mantienen firmes en su postura de no regresar a clases, hasta que el gobierno tenga bajo prisión al responsable de tanta desdicha y tanta sangre inocente que ha sido derramada. “Aquí nadie entiende por qué razón el gobierno no lo quiere detener (al tequilero) cuando todo mundo sabe dónde están sus guaridas. Por eso la gente se está organizando para defenderse, porque sabe que los mismos policías lo están protegiendo. Así como van las cosas seguirá habiendo más muertes y eso lo veremos en estos días.”

Esta premonición de Cecilio en su último viaje a San Miguel Totoloapan se consumó el 2 de marzo de 2017, a unas horas de su valiente testimonio. Es importante señalar que Cecilio contaba con medidas cautelares por parte del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dependientes de la Secretaría de Gobernación. A pesar de apelar a este recurso, Cecilio siempre vivió en el filo de la navaja. De nada le valió estar dentro de este mecanismo porque al final de cuentas la misma secretaría de gobernación le atribuyó la responsabilidad de su propia tragedia.

En esta misma región, el presidente municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, fue asesinado a balazos el 23 de julio de 2016, cuando se trasladaba de San Lucas, Michoacán a la cabecera municipal de Ciudad Altamirano. Semanas antes el presidente había solicitado protección al gobierno federal, al sentir que los grupos de la delincuencia le pisaban la sombra. Ante el asedio no tuvo otra opción que llamar a los ganaderos para que se armaran e hicieran un frente contra crimen organizado. Cegaron su vida como la de tantos campesinos, maestros, comerciantes, jóvenes y mujeres, que en plena luz del día son asesinados impunemente.

Esta radiografía de la violencia tiene los mismos rasgos en la región de Chilapa donde diariamente los grupos del crimen se disputan el control territorial. Ajustan cuentas dejando cuerpos calcinados en los vehículos; tirando en bolsas cuerpos desmembrados; dejando una estela de asesinados y desaparecidos, como la forma más cruenta para causar terror a la población y demostrar la supremacía de su violencia.

Acapulco, Chilpancingo e Iguala conforman el corredor de la droga y de la muerte, son los campeones nacionales de la violencia. Acapulco ya no es el paraíso de fama mundial, sino el infierno. En este espinazo de la sierra madre del sur se han asentado más de 20 células delincuenciales que se han deprendido de las grandes organizaciones criminales que actualmente se disputan el trasiego de la droga. Su guerra ha dejado una cauda mortífera que desde el 2012 al 2016 ha arrojado un promedio de 6 muertos al día.

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), en los primeros 65 días del 2017 ocurrieron en el estado 378 homicidios, el promedio de 6 al día. Tomando como referencia las notas del periódico “El Sur” en marzo se documentaron 200 personas ejecutadas, sumando un total de 554 durante los primeros tres meses del año. El municipio de Acapulco registró el mayor número de homicidios, sumando 86; 34 Chilapa, 16 Chilpancingo; 15 Zihuatanejo; 7 iguala y Coyuca de Benítez. Los municipios que forman parte de los 50 más violentos a nivel nacional.

El pasado martes, el Instituto para la Economía y la Paz publicó el Índice de Paz México 2017 donde informa que por cuarto año consecutivo “Guerrero es el estado menos pacífico del país”. El deterioro de la paz es atroz porque la tasa de homicidios ascendió a 62 muertes por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa nacional de homicidios se encuentra en 16.7 homicidios, igualando el nivel alcanzado en 2011, uno de los años más violentos a causa de la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico.

Las paradojas de este estado sureño es que, en la medida que aumenta el número de efectivos militares en las regiones más violentas, siguen al alza los asesinatos, los secuestros y la expansión de los grupos de la delincuencia. La desconfianza ha tocado fondo: los ciudadanos y ciudadanas prefieren negociar con las bandas de secuestradores que interponer las denuncias ante el órgano investigador. Existen regiones donde las comunidades no encuentran otra opción que pactar con el crimen y los mismos jóvenes no vislumbran otro horizonte que integrarse a las filas del sicariato.

En Guerrero las escuelas están cerrando, no sólo en la sierra, también en Acapulco, a cambio del negocio boyante del trasiego de la droga que ha transformado al estado en un enclave donde muchas niñas y niños, en lugar de que sus manos ejerciten con lápices de colores el mundo mágico de las letras, maniobran con el cúter para rayar “el maíz bola”. Este destino funesto ha hecho que en Guerrero el mar del pacifico sea en realidad el océano de la violencia que nos ahoga.

La historia regional ha registrado recurrentemente crímenes atroces que nos han colocado en el epicentro de la violencia: las represiones masivas; las matanzas de campesinos; las masacres perpetradas por el ejército; las ejecuciones de estudiantes; las desapariciones de los 43 normalistas. Torturas sexuales contra mujeres indígenas; decenas de familias desplazadas por la violencia; líderes perseguidos y encarcelados. Estado de cruces y fosas, donde los caciques siguen gobernando encompadrando con los jefes de la delincuencia. Son los personajes siniestros de Guerrero. Los intocables por sus tropelías. Los violentos que han adquirido el rango de jeques que gobiernan como señores feudales, imponiendo la ley del AK-45. Para hacer de Guerrero, el estado más pobre y menos pacífico.

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