Marzo 05, 2018
Las mujeres indígenas de Guerrero combaten todos los días la violencia, la discriminación y la pobreza. Muelen el maíz para hacer las tortillas con las que alimentan a sus familias y como un medio para sobrevivir. Siembran y cosechan en el campo sus pequeñas parcelas y la mayoría de las veces migran para labrar terrenos ajenos –aquellos de las empresas transnacionales– que poco les pagan por largas jornadas de trabajo. Cuando deciden salir de sus casas en busca de un empleo son casi nulas las ofertas con las que se encuentran, pues en su mayoría las mujeres indígenas no saben leer ni escribir. El acceso a la educación sigue siendo considerado un derecho al que sólo los hombres pueden aspirar.
En la Montaña –como en muchas partes de México y del mundo– los cuerpos de las mujeres se utilizan como botines de guerra u objetos que se usan y desechan. Los servicios de salud son también inaccesibles, de difícil alcance y lugares donde se reproduce la violencia colonial y patriarcal. A ello se suma la violencia extrema con la que conviven día a día: comunidades militarizadas, muchas veces con hijos o esposos desaparecidos a causa de la descomposición social, la realidad que vive el país, entre otros.
Hablar su lengua las condena por delitos que ni siquiera conocen. La ausencia de un intérprete, el racismo y la falta de una debida diligencia violentan una y otra vez los derechos de los pueblos desconociendo incluso sus lenguas originarias. Ante este contexto, espacios como el Tribunal por los Derechos de las Mujeres se transforman en tribunas necesarias para que las voces de quienes padecen la violencia patriarcal tomen no sólo el micrófono sino también el rumbo de una lucha centrada en la protección de sus derechos. Entablar un juicio popular en principio es jerarquizar las voces de las mujeres, generar un espacio donde su clamor sea atendido y tomado en cuenta, como una alerta que debe atenderse con urgencia.
Un juicio popular es un lugar donde las mujeres tienen que saber que no van a ser revictimizadas y donde juntas se puedan imaginar otros horizontes de justicia, diferentes a la justicia “formal”. La impunidad, omisión e indiferencia de las autoridades obliga a la vez a promover juicios populares, éticos, que no juzgan solamente el delito que las mujeres vivieron sino que juzgan al sistema que les obstaculiza su acceso a la justicia. Es una manera de sistematizar y reunir datos sobre lo que sucede principalmente contra las mujeres más vulneradas. Estos juicios se están realizando en muchos lugares como Paraguay, Argentina, Uruguay, Honduras, entre otros países.
Con los tribunales de mujeres se busca resaltar que más allá de que la justicia sea punitiva, ésta tiene que ser reparatoria, si no, no es justicia. En estos espacios las mujeres saben que pueden ser escuchadas, entendidas, acompañadas, siendo todo esto una forma de reparación para las víctimas. Saben que nadie se salva de su dolor, sabiendo que hay muchos otros dolores, pero es reconfortante sentirse acompañadas por otras mujeres que también lo padecen.
Históricamente las voces de las mujeres no son tomadas en cuenta, mucho menos cuando denuncian violencia sexual. Las culpabilizan por el modo en como se visten, por la hora en que caminan por las calles o porque no hacen lo que se supone que tendría que hacer una buena mujer: “estar en su casa, cuidar a sus hijos y atender al marido”.
Por ello, es importante generar instancias alternativas donde las víctimas puedan acusar –como es su derecho–, ser escuchadas y generar sentidos que puedan contrarrestar el pensamiento único patriarcal que lamentablemente todavía está enquistado en todas las estructuras del poder público.
En el marco del “Día Internacional de las Mujeres” que se conmemora el 8 de marzo, el Centro de Derechos Humanos ha unido esfuerzo para la realización del Tribunal por los Derechos de las Mujeres: “Los rostros luminosos de la justicia”, en este tribunal estarán presentes familiares de mujeres víctimas de feminicidio; víctimas de violencia obstétrica y de violencia familiar, sus casos serán revisados por expertas y defensoras de los derechos humanos reconocidas a nivel nacional e internacional.
Una de ellas es Marta Dillon Taboada, periodista y activista Argentina, editora del suplemento feminista Las 12 de Página 12. Integrante de Emergentes, medio de comunicación Argentino. Marta es una de las fundadoras de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) pues su madre fue desaparecida durante la dictadura Argentina. Es impulsora de !Ni una Menos! movimiento feminista iniciado en Argentina para denunciar la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Dicha iniciativa cimbró al mundo y ha sacado a la calle a millones de mujeres de Latinoamérica y de otros continentes para manifestarse contra la violencia de género. Marta Dillon es impulsora también del Paro Internacional de Mujeres contra la Violencia de Género, de la convocatoria #2018M y de la Internacional Feminista. Marta Dillon se ha destacado por su tenacidad, compromiso y arrojo para denunciar las graves violaciones a los derechos humanos.
En el Tribunal por los Derechos de las Mujeres estará también Regina Tamés, abogada mexicana especializada en temas de derechos humanos, directora ejecutiva del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE). Regina Tamés es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho Internacional. Se ha destacado por su labor en defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, asumiendo con mucho rigor esta lucha, la cual ha sido reconocida a nivel nacional e internacional.
Estará también Ana Yeli Pérez Garrido, abogada feminista, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), integrante y fundadora de la organización Justicia Pro Persona, A.C. y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Fue abogada e investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., responsable del litigio de casos sobre violencia contra las mujeres y feminicidio –cuatro de ellos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, y formó parte del equipo jurídico que elaboró la demanda en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su desaparición forzada a manos del Ejército, durante la guerra sucia en 1974.
Fungió como directora para las Américas de la Iniciativa de Mujeres en la organización Disability Rights International; colaboró como asesora en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, y desde 2008 como asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ha participado en la elaboración del tipo penal de feminicidio y su protocolo a nivel federal y diversos estados, así como en el seguimiento e implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México.
Frente a la brutalidad y la saña que prevalece en el estado de Guerrero contra las mujeres, feministas, defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones defensoras de los derechos humanos han alzado la voz para visualizar la agudización de la problemática y el incremento de la violencia feminicida en el estado, por lo que el 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C., solicitó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado, la cual fue decretada por la Secretaría de Gobernación el 22 de junio de 2017 en ocho municipios del estado.
Asimismo, recientemente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó en enero de este año que en el 2017 registró 219 homicidios dolosos de mujeres y 13 feminicidios en Guerrero, sin embargo, dadas las formas en cómo fueron asesinadas las mujeres –que pudieran acreditar las razones de género– éstos no son investigados de inicio como feminicidio.
Aunado a ello, las autoridades se justifican para no investigar los feminicidios, argumentando que tienen que ver con grupos criminales, sin embargo, el Grupo de Trabajo de la Alerta de Violencia de Género advirtió que: “ya sea o no que una mujer privada de la vida se encuentre directa o indirectamente relacionada con algún tipo de organización criminal, esto no es una justificación válida para no investigar su muerte desde una perspectiva de género, pues los datos contextuales (secuestro, desaparición involuntaria, ataques sexuales o golpes previos) son importantes para considerar y realizar una presunción de feminicidio”.
Hoy por hoy, los esfuerzos impulsados desde familiares de las víctimas y desde las organizaciones de la sociedad civil –así como los hechos recientes que evidencian el nivel de violencia que priva en el estado– han puesto el foco rojo en el estado de Guerrero, en donde además de no garantizar los derechos básicos a las mujeres, se les priva de la vida de una manera brutal.
El problema en el estado y en la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, evidencia una falla estructural cuya prueba más fiel es que las mujeres siguen siendo violentadas, revictimizadas y aunado a ello, sus casos son juzgados sin perspectiva de género. Lamentablemente esta problemática se registra de manera cotidiana, identificando incluso patrones que manifiestan la presencia de diversos agresores y actores de los asesinatos de las mujeres.
Estas fallas se visibilizarán en el tribunal en donde se dará voz a las mujeres, se visibilizarán los rostros luminosos de quienes pese a todo buscan y exigen justicia, se expondrá la cosmovisión de las mujeres de la Montaña, aquellas que dan a luz a sus hijos e hijas al ras del suelo y les educan trayéndolos sobre su espalda mientras trabajan en los campos con el sol a plomo. Mujeres me´phaa, na´savi, nauas y nnancue que caminan grandes distancias para ir por agua, aquellas que no tienen ningún tipo de apoyo, sino que son víctimas de los programas asistenciales que las miran como objetos y no como sujetas de derechos, obligándolas a hacer limpieza doméstica a cambio de las supuestas “oportunidades” o los programas de desarrollo social que denigran su dignidad.
El Tribunal por los Derechos de las Mujeres se enmarca en un contexto internacional en el que han surgido movimientos como !Ni una Menos! #Metoo !Time is up!, entre otros, con los cuales se abona a la defensa y la exigencia de la garantía de los derechos de las mujeres. Es necesario colocar en su justa dimensión la tragedia que viven las mujeres, y también la lucha que víctimas y sus familiares han iniciado para visibilizar que los derechos de las mujeres también son derechos humanos y que su garantía es una obligación no una concesión, y frente a ello ya no hay vuelta de hoja.
En la foto, Elvia Mendez y su madre en su comunidad de origen.