Crece en todo el país y en el mundo la exigencia de que el gobierno federal presente con vida a los 43 normalistas y que dé con todos los responsables materiales e intelectuales de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos para que en verdad se les castigue. Es ahora su responsabilidad de encontrar y decir la verdad, de ya no hacer esperar más a los familiares ni simular búsquedas que son infructuosas. Se tiene que sancionar a los responsables, pero sobre todo se tiene que acabar con este círculo vicioso de la impunidad.
La lucha que han emprendido desde el 26 de septiembre los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos es una lucha atroz, desigual, sofocante, peligrosa y sumamente traumática, porque en medio de su dolor tienen que enfrentar al mismo aparato represivo del Estado, que en lugar de protegerlos se vuelve contra ellos porque no les da respuestas eficaces sobre el paradero de sus hijos.
La trágica historia de nuestro país es que a las personas que desparecen, las autoridades nunca las encuentran. Sólo por la presión y las denuncias de los familiares o por la sentencia que emitió la Corte Interamericana sobre el caso Rosendo Radilla, las autoridades mexicanas se sienten obligadas a buscarlos, sin embargo, los resultados han sido fatales y nulos. Quienes en verdad buscan a las personas desaparecidas son los padres, las madres, las esposas, los esposos, los hijos y las hijas. Ellos y ellas son los verdaderos héroes de esta búsqueda, porque no hay día que no salgan a escudriñar cualquier escondite, y en las noches de insomnio se les revelan nuevos lugares que tiene que indagar. No existen obstáculos que los puedan detener ni peligros que los hagan retroceder, porque en la búsqueda puede más el amor por los hijos que el miedo a perder la propia vida.
A 30 días de la desaparición de los 43 estudiantes, las familias sienten que la acción del gobierno federal ha sido insuficiente. Su acercamiento y apoyo se diluye ante la falta de avances en la búsqueda. No encuentran esa fuerza del estado que logre imponerse por encima de cualquier poder fáctico. Tampoco ven que las autoridades federales estén dispuestas a llegar al fondo del problema.
Las desapariciones forzadas son una realidad actual que tiene raíces históricas y que realizan personajes enquistados en las estructuras gubernamentales, que cuentan con el aval y la complicidad de autoridades superiores y cuyo fin avieso es atentar contra la vida, la libertad personal y la integridad física de quienes son percibidos por el poder como enemigos.
En Guerrero la estructura caciquil se mantiene intacta; las corporaciones policiacas siguen funcionando como grupos represivos que protegen los negocios lícitos e ilícitos de los jefes políticos. Los policías, en su mayoría, tienen como carta de recomendación su trayectoria delincuencial. No hay más ley que su propio fusil ni método más eficaz para investigar delitos que la práctica de la tortura. Las formas despóticas de gobernar robustecieron un aparato de seguridad anclado en la corrupción. Las extorsiones, el amedrentamiento y los ajustes de cuentas implantadas por agentes del gobierno fueron el engendro de la delincuencia institucionalizada dentro del mismo aparato gubernamental que ahora trabaja en connivencia con la delincuencia organizada. Lo que la población ya padecía con los gobernantes y sus polizontes fue traspasado como empresa particular a los grupos de la delincuencia organizada, que llevó al extremo las prácticas delincuenciales de los funcionarios públicos.
El poder político está siendo entregado al poder funesto que ejerce el crimen organizado en la mayoría de municipios de Guerrero. Estos poderes fácticos son los que controlan las direcciones de seguridad pública, la de reglamentos y espectáculos, la de obras públicas y la tesorería municipal, además de ejercer una gran influencia entre los grupos políticos locales, quienes por seguridad y conveniencia mantienen alianzas nefastas.
Lo que la población de a pie sabe sobre el modus operandi de los grupos delincuenciales en cada municipio, las autoridades civiles, las corporaciones policiacas, el Ejército, la Marina y los agentes del Ministerio Público, dicen desconocer estas operaciones ilícitas. Lo que la sociedad calla por miedo, la autoridad lo tolera y lo consiente, y en la medida que la población sucumbe ante el dominio de estos grupos, los gobernantes ven un terreno propicio para afianzar negocios ilícitos y establecer alianzas político electorales.
Así se han forjado candidaturas en varias alcaldías que ahora enfrentan las consecuencias de estos pactos diabólicos que arrasan con el patrimonio de las familias pobres y que viven bajo el flagelo de un poder caciquil respaldado por los grupos delincuenciales.
Lo que hoy empieza a salir de las coladeras del poder político son todas las tropelías y vilezas que impunemente cometieron las corporaciones policiacas coludidas con los grupos delincuenciales, y que a ninguna autoridad le interesó investigar. El descubrimiento de fosas clandestinas y el gran número de cuerpos enterrados es una terrible realidad que la población local tiene registrada desde hace años, pero por cuestiones de seguridad y por desconfianza en las autoridades nunca se atreverán a denunciar. Es detestable constatar que Guerrero es un cementerio, que por doquier existen enterramientos clandestinos, y que los casos que se han documentado y denunciado públicamente por algunos medios han quedado como simples noticias de nota roja. Por su parte, las autoridades se empeñan en cargarle la responsabilidad a la población por no atreverse a denunciar los hechos. Por lo mismo, los cuerpos que han sido encontrados, para las autoridades no tienen relevancia ni son motivo de investigación porque sus familiares no interpusieron la denuncia. Son decenas de muertos desechados por la indolencia gubernamental, sumidos en el olvido y enterrados en su propia desgracia. Para las autoridades, estos muertos no cuentan, no existen porque nadie los reclama y porque además no hay dinero para hacer estudios forenses que ayuden a identificarlos. Es preferible ocultar esta realidad para no sucumbir en los negocios ilícitos, que para florecer necesitan sacrificar más vidas humanas.
Ante este escenario de muertos y desaparecidos no ha podido dar respuestas veraces a los familiares de los normalistas desaparecidos. Busca fortalecer una línea de investigación que los hace aparecer como parte de los grupos delincuenciales. Quiere diseccionar la realidad, poner por un lado a las bandas del crimen organizado y dentro de ese bando colocar a los estudiantes para urdir una trama que dé como resultado que los asesinatos y posteriores desapariciones fueron producto de disputas por las plazas. A lo más que quiere llegar esta investigación es al presidente municipal, como si esta acción delincuencial contra 43 desaparecidos sólo se circunscribiera a un pequeño círculo que se cierra con el presidente municipal y su esposa. Las fosas que se han descubierto y las que aún faltan nos hablan de un problema delincuencial que necesariamente nos remite a toda la estructura del poder político que involucra a autoridades de otros niveles y rangos. Una verdadera investigación no puede casarse con una sola línea, y mucho menos tratar a los estudiantes como delincuentes, cuando históricamente sabemos que su lucha como normalistas es por la defensa de una educación popular, gratuita y comprometida con los pueblos pobres.
Los padres de familia han exigido respeto a la honorabilidad de sus hijos, que no se denigre su trayectoria como estudiantes normalistas, que se les busque con vida y que haya voluntad política para encontrarlos lo más pronto posible. La exigencia de sus padres se agiganta cada día por la solidaridad que han encontrado a lo largo y ancho del país. Ese grito de miles de jóvenes que se esparce por todo el país de “¡Ayotzi somos todos!” es el grito de la rebeldía y la esperanza. Es la lucha organizada de las y los estudiantes que ya no están dispuestos a ser rehenes de una clase política decrépita que quiere hacer negocio a costa de negarles un futuro digno como profesionistas.
Crece en todo el país y en el mundo la exigencia de que el gobierno federal presente con vida a los 43 normalistas y que dé con todos los responsables materiales e intelectuales de estas gravísimas violaciones a los derechos humanos para que en verdad se les castigue. Es ahora su responsabilidad de encontrar y decir la verdad, de ya no hacer esperar más a los familiares ni simular búsquedas que son infructuosas. Se tiene que sancionar a los responsables, pero sobre todo se tiene que acabar con este círculo vicioso de la impunidad, donde los gobiernos de México nunca han encontrado a los desaparecidos porque puede más el poder de los perpetradores que los deseos de justicia para que México sea un país sin víctimas.
Esta estela de violencia que venimos arrastrando desde la guerra sucia con los más de 500 desaparecidos es el dolor y la indignación que se han acumulado en toda la población mexicana, y que ahora ha salido a protestar y a exigir la presentación de los 43 normalistas para parar esta guerra contra los jóvenes e impedir que los gobiernos impunemente sigan cavando más tumbas y sepultado el futuro de Guerrero. ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!