OPINIÓN | Pelear contra la impunidad y la desigualdad en la Montaña de Guerrero

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA, TLACHINOLLAN

Nacer en los cerros de Tlapa, no significa ser mestizo o ser de la ciudad. El sentido de pertenencia los remite a la Montaña, a los lugares recónditos, que para el imaginario de los que hablan el español, es el mundo del atraso y la ignorancia. A Tlapa se le conoce como el corazón de la Montaña, sin embargo, es un corazón racista, porque los que se asumen como los auténticos tlapanecos detestan a los indígenas, a pesar de que son el motor de la economía local.

El río jale, que es una barranca que arrastra agua y todo lo que está a su paso, es por donde también llegaban caminando los indígenas para malbaratar sus gallinas y guajolotes a los comerciantes acaparadores. Estos imponían los precios a sus productos, y era muy común que les arrebataran a los indígenas monolingües lo que cargaban en sus tecolpetes, o que los dejaran con las manos vacías, al no pagarles sus mercancías. El lecho de este río de arena es la principal frontera que separa a la gente del centro con la población indígena que se encuentra asentada en los cerros que circundan la ciudad. Cuatro largas calles son las que marcan el trazo de una ciudad caótica. En ese espacio deambulan decenas de comerciantes que a diario luchan por la sobrevivencia. El paisaje urbano es desolador, por el desgobierno, la corrupción acendrada en todos los políticos. En este trienio los regidores decidieron asignarse un sueldo mensual de 120 mil pesos, sin que nadie los obligue a rendir cuentas. La pobreza se enseñorea tanto en el centro como en los lomeríos donde sobrevive la mayoría de la población. Las calles son barrancas. Las aguas negras tienen su mejor cauce por los terregales donde transita la gente. Las autoridades municipales han transformado al río Tlapaneco en el basurero más grande de la región. El hedor de los animales muertos forma parte de esta inmundicia propiciada por quienes dicen aplicar la ley para supuestamente proteger los bienes naturales.

La población originaria fue expulsada por los españoles que se apropiaron de las mejores tierras para construir sus haciendas. Con el tiempo requirieron mano de obra indígena para el corte de caña. Varias familias bajaron de la Montaña para enrolarse como peones o mozos en las casas de los españoles. Los cerros fueron los lugares donde podían asentarse los trabajadores pobres, que armaban sus chozas con zacate y palos. El valle estaba controlado por los hacendados, comerciantes y clérigos. En la época de la colonia para que un indígena pudiera montar a caballo necesitaba contar con el permiso de las autoridades españolas. De igual manera, los indígenas difícilmente eran admitidos en las escuelas particulares donde estudiaban los hijos de los ricos.

El gobierno federal quiso transformar Tlapa en un centro rector donde giraran a su alrededor las comunidades indígenas, con el fin de integrarlas a la nación y a la civilización occidental. Los resultados fueron desastrosos. Hoy tenemos una ciudad donde las minorías mestizas son las que ostentan el poder. Del mismo modo, la población indígena que se amestizó asume ahora el papel del dominador al interior de sus municipios. Los partidos políticos se han transformado en los instrumentos de control más eficaces para dividir a las comunidades y romper con su sistema de gobierno comunitario, basado en la toma de decisiones en asamblea.

Esta descomposición de la vida comunitaria y el empobrecimiento atroz que tiene a la mayoría de la población en los niveles más ínfimos del desarrollo humano, hizo que muchos ciudadanos y ciudadanas de la Montaña, atendieran el llamado que hizo el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) para incorporarse a la lucha que han emprendido los padres y madres de familia para dar con el paradero de sus 43 hijos.

Tlapa fue uno de los 42 ayuntamientos tomados por el MPG que dio una batalla ejemplar para emplazar a las autoridades locales a que respetaran la conformación de los consejos municipales populares que se encargarían de reorganizar a las comunidades y colonias, y al mismo tiempo brindarían atención a las demandas básicas. Fue un esfuerzo por construir un gobierno comunitario, decidido a extirpar la corrupción y a cortar de tajo las redes del crimen organizado. El MPG de Tlapa fue un bastión importante en el estado que promovió el boicot al proceso electoral. Sus dirigentes mostraron valor y casta para hacer valer los acuerdos emanados de la Asamblea Nacional Popular.

En esta lucha sin cuartel, el MPG llamó a cuentas a diputados locales; impidió que los presidentes municipales despacharan en los ayuntamientos y tomó en varias ocasiones las instalaciones de los consejos electorales, como una exigencia legitima de anular el proceso electoral por las condiciones adversas que prevalecen en el país ante el imperio de la violencia. Para el gobierno esta realidad sigue siendo irrelevante, porque lo importante es poner a funcionar la maquinaria del poder que garantice una supuesta gobernabilidad con el uso de la fuerza y la consumación de graves violaciones a los derechos humanos.

En Tlapa el gobierno utilizó a grupos de choque conformado por taxistas y colonos que son clientelas cautivas de los partidos políticos para arremeter con palos y machetes contra los miembros del MPG.

Fue Antonio Vivar Diaz, un joven indígena del cerro de San Antonio, quien puso en la mirilla el presidente de la junta distrital del INE con sede en Tlapa. No solo lo señaló como uno de los artífices de la resistencia y del boicot electoral, sino que lo buscó y persiguió para golpearlo. Las corporaciones policiales y el mismo ejército tenían bien ubicado a Antonio Vivar y al maestro Juan Tenorio como los estrategas de este movimiento. Nunca vieron a ellos como luchadores o activistas sociales que tomaron la bandera de los padres y madres de familia para exigir justicia y verdad, que implica necesariamente acabar con este sistema corrupto que está anclado en la economía criminal y cuyos jefes políticos forman parte del entramado delincuencial.

El 7 de junio de 2015 las autoridades armaron un operativo centrado en destruir al MPG y en asestar un duro golpe a sus miembros más prominentes. Este gobierno delincuencial lo logró: lo hizo primero el 5 de junio cuando un grupo de choque conformado por taxistas y colonos apoyados por policías del estado tundieron a golpes al maestro Juan Tenorio, con el fin de privarlo de la vida. El 7 de junio la policía federal además de detener arbitrariamente a 8 maestros de la CETEG, los traslado en un helicóptero de la Marina al puerto de Acapulco para presentarlos como delincuentes peligrosos. No pudieron probarlo y prefirieron regresarlos a Tlapa. Por la noche, cuando 35 policía federales se encontraban retenidos por colonos de El Tepeyac, debido a que habían allanado el domicilio de la CETEG para llevarse dos de sus camionetas, la población decidió no liberarlos hasta que llegaran los 8 maestros que se llevó la Marina. La orden del gobierno fue que 300 policías federales a poyados por 100 efectivos militares subieran a la colonia para rescatarlos. En esta arremetida Antonio Vivar, trataba de calmar a la población que era víctima de la violencia desatada por los policías y militares. Nunca imaginó que dentro de la capilla donde se encontraban los 35 policías, uno de ellos sacaría su arma y le apuntaría para matarlo. De las tres detonaciones una bala dio en el pecho de Antonio. No hubo más que levantarlo y sacarlo cargando de la colonia.

El operativo policiaco-militar, para el gobierno, dio resultado, porque mantuvo en el poder a los grupos políticos que desangran al pueblo y ejecutó extrajudicialmente a uno de los activistas más comprometidos con la lucha de los padres y madres de familia y que peleo en todo momento contra la violencia impuesta por el estado en la Montaña. Antonio Vivar Díaz, un joven indígena odiado por la clase política, vive en la lucha de los pueblos de la Montaña y en el corazón de las madres y padres de los 43 normalistas.

Abel Barrera Hernández