OPINIÓN | Por el respeto al derecho a la verdad

                                                                        Para el amigo Jorge Bustamente, fundador del Colegio de la Frontera Norte y ex relator de migrantes de la ONU,

quien defendió con ahínco los derechos

de las y los jornaleros agrícolas de la Montaña.

Para el Lic. Elpidio Díaz Casiano,

coordinador de la maestría en educación básica

 de la Upn de Tlapa,

por defender en todo momento

una educación superior gratuita

y no discriminatoria para la juventud indígena

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como el día internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, en memoria de la lucha heroica de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de san Salvador. En pleno levantamiento armado, por parte del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMNL), que luchaba por derrocar a la junta militar, Monseñor Romero, se transformó en la figura clave por denunciar en sus homilías todas las atrocidades cometidas por los militares. Con la fuerza moral que se ganó con el pueblo Salvadoreño y el reconocimiento que obtuvo en el plano internacional, las homilías de don Oscar eran el único medio informativo confiable y el reporte más completo de las violaciones de derechos humanos que cometían los escuadrones de la muerte, creados por el coronel  Roberto D’Aubuisson fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Fue memorable su homilía, que en días anteriores había causado un gran impacto a nivel nacional e internacional. La Junta Militar interpretó sus palabras como un llamado a la insurrección:

“Yo quisiera hacer un llamamiento a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la guardia nacional, de los policías, de los cuarteles: Hermanos son de nuestro mismo pueblo, matan a sus

 mismos hermanos campesinos y, ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La iglesia defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego. ¡les ordeno!. En nombre de Dios: ¡Cese la represión!”. Por este compromiso llevado hasta las últimas consecuencias, el arzobispo Oscar Arnulfo fue acribillado cuando celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, el 24 de marzo de 1980, a las 6:20 de la tarde. Su testimonio llevado hasta el martirio, fue la causa principal para que el Papa Francisco lo canonizara el 14 de octubre de 2018, siendo ahora San Arnulfo de América.

Para la ONU, todas las víctimas tienen derecho a saber la verdad sobre las violaciones que las hayan afectado. Pero también debe decirse la verdad para beneficiar a todas las personas y todas las comunidades, como una salvaguarda vital contra la reiteración de las violaciones. El derecho a la verdad está estrechamente vinculado al derecho a la justicia. A propósito del tema el ex secretario de la ONU, Antonio Guterres, expresó que “Al reconocer la verdad de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, debemos comprometernos a proteger a quienes buscan la verdad y la justicia y proporcionar a las víctimas recursos eficaces y devolverles su dignidad.

Así como Monseñor Romero emprendió una lucha histórica por la verdad, la justicia y la reparación ante las graves violaciones a derechos humanos en su país, en México, miles de personas han asumido esta misma lucha desde diversas geografías. Guerrero es un estado que se distingue desde su propio nombre como la cuna de las luchas sociales. Desde el periodo conocido como la Guerra Sucia surgieron movimientos civiles y armados que lucharon contra un régimen represor, que colocó al ejército como el brazo ejecutor de graves violaciones a los derechos humanos, dejando una estela de violencia que sigue desangrado vidas, por las personas que fueron desaparecidas de manera forzada, por la práctica generalizada de la tortura, las ejecuciones arbitrarias. Los gobiernos en turno han sido cómplices de estos crímenes del pasado porque no han asumido el compromiso de transitar hacia la verdad y la justicia.

Un caso emblemático fue la desaparición forzada de Rosendo Radilla, por elementos del ejército, que fueron señalados como responsables ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de la multiplicidad de testimonios y pruebas, hasta la fecha el estado Mexicano no ha mostrado voluntad política para dar con el paradero de Rosendo y castigar a los autores materiales e intelectuales.  La lucha histórica emprendida por sus familiares, con Tita Radilla al frente, y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), es un ejemplo de tenacidad, perseverancia y compromiso.

Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos mujeres indígenas del pueblo Me’phaa, quienes fueron torturadas sexualmente por elementos militares, forman parte de las historias cruentas que con gran heroísmo han sabido enfrentar, ante la multiplicidad de amenazas que han padecido.  Su fortaleza y su amor por la verdad y por sus hijas e hijos, les abrieron el estrecho sendero para llegar al máximo tribunal interamericano, que también en 2010 emitió dos sentencias contra el ejército mexicano, como perpetrador de estas torturas sexuales.

Para las familias que luchan sin des canso alguno, para dar con el paradero de sus seres queridos, representan esta lucha por el derecho a la verdad, que entraña tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, de las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación.

Por eso esta fecha conmemorativa, tiene como fin promover la memoria de las víctimas de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la importancia de garantizar el  derecho a la verdad y a la justicia. También de rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y defender los derechos humanos y a quienes la han perdido en su empeño. Así como reconocer la importante labor y los valores del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, promotor y defensor de los derechos humanos  en su país.

En este marco del día internacional del Derecho a la Verdad, el presidente de la república, André Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, tuvo una desafortunada declaración contra las defensores y defensoras de derechos humanos en México. Al ser cuestionado sobre la falta de avances en el caso de la ejecución arbitraria, de al menos un civil a manos del ejército en Tamaulipas, el 3 de julio de 2020 , señaló: “En el gobierno, en los gobiernos anteriores, se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos de la sociedad civil o de la llamada sociedad civil, lo que antes se conocía como pueblo, se quedaron callados ante las masacres; incluso, los organismos de la ONU defensores de derechos humanos, de la OEA, y ahora lo que les urge es tener pretextos o excusas para señalar que somos iguales y eso no, no, no”. “Los del Alto Comisionado quisieran equipararnos con los gobiernos anteriores. Nosotros no somos autoritarios, no somos represivos y el Ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos”.

Esta lamentable declaración corta de tajo todo el trabajo que por más de cuatro décadas han realizado las personas defensoras, en coordinación con organismo internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y que en casos como los de Rosendo Radilla, Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron esenciales para desmontar estas estructuras de un estado represor y promotor de la violencia institucional castrense, como lo señaló contundentemente la Corte Interamericana. Así como han sido esenciales sus acompañamientos, en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue la oficina de la ONU en México, la que señaló las innumerables violaciones a los derechos humanos, como las 34 personas que fueron torturadas para fabricar la “verdad histórica”. El trascendente papel que ha desempeñado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el personal de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se pueden tirar por la borda y desconocer su gran contribución para el nuevo impulso en las investigaciones y la búsqueda de los 43 normalistas.

En todo momento se ha deslegitimado la labor de las y los defensores de derechos humanos. Se nos ha criminalizado y con sus denostaciones se ha alentado la agresión las amenazas. A pesar de que desde el 2012, existe un Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, que atiende a más de 1300 personas defensoras y periodistas, el mecanismo sigue siendo deficiente, porque la situación se ha agravado. En el 2020, la ONU y varias organizaciones sociales han documentado al menos 19 defensores asesinados, y a pesar de la urgencia de proteger a quienes defendemos estos derechos, el presidente anunció la eliminación del fideicomiso que financia el Mecanismo.

En el último informe de la relatora de la ONU Mary Lawlor, titulado: “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, recomienda crear comisiones de investigación cuando se produzca un número sostenido o un aumento significativo de asesinatos de defensores”. Ejemplificó como acción preventiva la instalación de fiscalías especializadas independientes y la creación de grupos internacionales independientes, como el GIEI, para brindar una asistencia técnica orientada a desmontar las estructuras del poder que protegen a los violadores de derechos humanos. Es grave la descalificación que proviene del poder presidencial contra las y los defensores y los organismo internacionales de derechos humanos, porque se incrementa la polarización social y se alienta la descalificación y las amenazas al luchar por el derecho a la verdad y la justicia, que aún no llegan con la 4T.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”