Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan*
Usted sabe muy bien que ante la incapacidad de las autoridades locales y la indiferencia de las autoridades federales, para responder con eficacia y contundencia a los hechos trágicos de Iguala, los padres y madres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, con el respaldo de la comunidad estudiantil de Ayotzinapa y el apoyo de sus representantes, solicitamos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien de manera inmediata las otorgó bajo el número MC/409/14.
Como bien recordará fue el 20 de octubre de 2014 cuando hicimos la propuesta de que se creara un Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) que tuviera como objetivo realizar una verificación técnica de las acciones de investigación y búsqueda que ya las instancias correspondientes habían emprendido. El escrito que se elaboró precisa las dimensiones del trabajo del GIEI: realizar un análisis técnico del plan de búsqueda en vida; hacer un análisis técnico de la investigación incluyendo la correcta tipificación de los hechos y la averiguación de los vínculos entre delincuencia organizada y actores estatales; verificar los medios tecnológicos empleados para la búsqueda de fosas clandestinas y profundizar en el análisis del plan de atención a víctimas.
Esta propuesta incluía la posibilidad de que el GIEI pudiera formular las recomendaciones pertinentes para la debida integración de las investigaciones y para instalar en lo inmediato, nuevas herramientas para la búsqueda de los estudiantes, así como para formular recomendaciones estructurales sobre las acciones del estado mexicano frente al grave fenómeno de la desaparición forzada de personas.
Señor secretario de gobernación, es claro que el GIEI en ningún momento se propuso suplantar a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo mismo, tampoco realizaría una investigación diferente. Contrario a lo que usted afirmó el viernes pasado en la pasarela política del evento Era Familiar Princess 2016, de que el GIEI no reportó nada diferente de la versión oficial, el grupo de expertos y expertas elaboraron dos informes donde vienen recomendaciones muy precisas para que la PGR investigue otras líneas que difieren de la “verdad histórica”, y que hasta la fecha usted aún reivindica. Tampoco es veraz de que las recomendaciones del GIEI sean más de lo mismo sobre lo que la PGR dio como versión oficial de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula.
Por la magnitud de los hechos y por la inocultable participación estatal, Ayotzinapa se convirtió en un caso paradigmático de la indiferencia gubernamental ante las desapariciones. También se transformó en un caso emblemático por la colusión que se dio entre actores estatales y no estatales bajo un esquema de criminalidad organizada.
Recordará muy bien que el gobierno federal omitió actuar en las primeras horas esenciales y días posteriores a los hechos, que son momentos claves para cualquier caso de desaparición forzada. Esta situación fue determinante, pues ante el hecho de que las primeras investigaciones hayan sido conducidas por autoridades incapaces y muy probablemente coludidas con los perpetradores como la Fiscalía del estado, permitió que presuntos autores materiales de la policía de Iguala no fueran detenidos inmediatamente.
El hecho de que el propio estado mexicano haya pedido que el GIEI viniera a México, no lo exime de su responsabilidad sobre la campaña mediática y política que se emprendió contra ellos y ellas. La intención fue muy clara: mermar la legitimidad y el reconocimiento que el GIEI había alcanzado con su trabajo profesional para confundir a la opinión pública. La intervención de personajes del aparato estatal fue evidente e innegable, sobre todo por la sincronía con la que se emitieron los mensajes, el gran despliegue de recursos económicos y la reiteración de señalamientos infundados. Toda la campaña se centró en deslegitimar el trabajo del GIEI, con el fin de obstruir todo el proceso de investigación.
Además de esta campaña hubo otros obstáculos que entorpecieron el trabajo del GIEI. Usted mismo le manifestó a los papás y mamás su negativa para que las expertas y expertos entrevistaran a elementos del 27 Batallón de Infantería, que podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre, siendo un hecho probado que algunos de ellos fungieron como testigos presenciales de la agresión contra los normalistas.
Podemos decir con mucha contundencia y certeza señor secretario, que gracias al GIEI hoy sabemos que la “verdad histórica” difundida por el ex Procurador Jesús Murillo Karam no tiene sustento científico y que además fue urdida por funcionarios de la PGR, como Tomás Zerón, que hoy está siendo investigado por un órgano de la misma institución.
Es muy importante reiterar en todos los foros y medios periodísticos que no hay ningún indicio de que los estudiantes hayan acudido a Iguala a boicotear un acto político, ni que estuvieran “infiltrados” por alguna organización criminal. El GIEI demostró que los estudiantes de Ayotzinapa no son lo que han propalado los medios afines al gobierno: como miembros de la delincuencia y saboteadores políticos.
Gracias a la investigación rigurosa del GIEI sabemos que existieron múltiples escenarios delictivos y que los estudiantes desaparecidos no fueron detenidos en una sola acción. Es muy alta la probabilidad de que existieron varias rutas de desaparición.
Sabemos también que no sólo participaron en los hechos las policías municipales de Iguala y Cocula. Por acción u omisión, la policía preventiva estatal, la policía ministerial del estado, la policía federal y el ejército, deben también ser investigados. Por el GIEI conocimos que todas las fuerzas de seguridad en la zona -municipales, ministeriales, estatales, federal y el ejército- supieron del ataque prolongado y coordinado contra los estudiantes, pero no intervinieron para protegerlos y en algunos casos directamente fueron partícipes.
Sabemos asimismo que el basurero de Cocula es insuficiente como explicación del destino de los 43 normalistas. El GIEI mostró que la fogata que se requería para cremar 43 cuerpos en una sola noche no pudo ocurrir ahí. Así arrojan los estudios que se hicieron sobre la vegetación adyacente, que no presenta graves daños. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) documentó que en el lugar subsistieron varios pedazos de tronco sin que estos muestren las alteraciones que serían inherentes a la exposición a un incendio de tal magnitud.
Hoy sabemos que la colusión entre la delincuencia organizada y actores gubernamentales no se agota en el ayuntamiento de Iguala, como lo han querido sostener los funcionarios federales. La probada participación del grupo delictivo involucrado en los hechos en el trasiego trasnacional de narcóticos a través de autobuses comerciales y la indiferencia de los tres niveles de gobierno frente a los cientos de desapariciones que en poco tiempo se registraron en Iguala y sus alrededores, dan cuenta de un posible esquema de macrocriminalidad, conformado por estructuras municipales, estatales y federales, que hasta la fecha no ha sido investigado a profundidad.
También sabemos que en la investigación se cometieron múltiples irregularidades: desde la tortura de algunos de los detenidos, incluyendo aquellos cuyo testimonio es fundamental para la hipótesis oficial, hasta el traslado ilegal de un inculpado a un sitio relevante para la investigación, donde fue entrevistado sobre los hechos en ausencia de su defensor, sin que esto fuera registrado en el expediente.
Por el GIEI conocemos ahora cuáles y cómo son las fallas estructurales de las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar seguridad. El mismo GIEI jugó un papel determinante para impulsar una Ley General para Prevenir y Sancionar las Desapariciones que responda a la realidad que enfrentan miles de familias de desaparecidos. La relevancia conferida por el GIEI a este tema, contrasta con el desdén de los partidos políticos, que concluyeron un nuevo período legislativo sin priorizar la aprobación de esta legislación, como lo denunció el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
Como usted podrá constatar, la apreciación que tiene del GIEI es muy diferente a lo que realmente aportó a la PGR. Sus recomendaciones son de fondo y requieren cambios en la manera de investigar y de relacionarse con los familiares de las víctimas. Las 20 recomendaciones que propuso a la procuradora Arely Gómez, marcan la ruta a seguir. Sin embargo, esta ruta solo podrá ser transitada, si existe un verdadero compromiso de su gobierno con los papás y mamás de los 43 desaparecidos. De asumir su causa y no casarse con la verdad histórica. También se requiere plena disposición y voluntad políticas para cumplir cabalmente con sus recomendaciones. En nada ayuda el denuesto y la crítica sin fundamento sobre el papel que realizó el GIEI en estos momentos de grave deterioro de las instituciones de justicia y seguridad. Es muy oportuno atender las recomendaciones estructurales que dejó el GIEI relacionadas con reformas legales, cambios de diseño institucional, cambios de práctica y otras propuestas de política pública.
El gran desafío para su gobierno, a casi dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es saber qué pasó en Iguala. No avanzaremos si se ponen obstáculos a la asistencia internacional. La prueba de fuego será impulsar seriamente el mecanismo de seguimiento planteado por la CIDH, brindando todo el apoyo y las facilidades a los comisionados y al equipo técnico que están por arribar a nuestro país, que para los padres y madres de los 43 representan una gran esperanza para llegar a la verdad y alcanzar la justicia.
*El sábado 20 de agosto Tlachinollan presentará su XXII informe denominado “¡Pueblo indignado! Resistir con el corazón por delante”. Los esperamos a partir de las 10 horas en la casa católica. El presente texto retoma parte de la reflexión realizada por el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro, sobre los aportes del GIEI.