OPINIÓN | «Ellos tienen el poder»

“Ellos tienen el poder”

 

Se cumplen 35 meses sin los 43

En este Mar de iniquidades

donde la delincuencia organizada se ha enseñoreado

con el apoyo de los cuerpos de seguridad,

el Ejército y los políticos inescrupulosos,

la lucha infranqueable por los 43

nos convoca a dar la batalla

por la verdad y la justicia

en este tercer Aniversario de sus desapariciones.

 

“Ellos tienen el poder”, es la frase que resume el reportaje del Washington Post publicado este viernes en primera plana con el título Acapulco, la capital de los homicidios en México. En el inframundo de lo que fue el paradisiaco puerto del pacífico hoy los que tienen realmente el control de los negocios son más de veinte grupos de la delincuencia que cuenta entre sus filas con jóvenes acapulqueños dedicados a cobrar las cuotas y a matar. Para la población la delincuencia organizada es el verdadero poder, porque “hacen lo que quieren”. Las autoridades municipales palidecen ante las embestidas de los grupos de sicarios que ajustan cuentas en colonias del centro y de la periferia. La policía es parte de la urdimbre delincuencial porque puede más la corrupción y los negocios ilícitos que la apuesta por la legalidad y el trabajo realizado con transparencia.

El reportaje no solo muestra el rigor del trabajo periodístico, también es valioso por el testimonio vivo de la población que ha sido víctima del poder delincuencial. Muestra la radiografía de un centro turístico marcado por la violencia. Es el Acapulco de los grandes contrastes sociales, de la abismal desigualdad. Es la capital de la muerte y el “caleidoscopio feudal de los criminales”. Ya no hay diversión sin violencia, ni fiesta en las calles sin balazos. En las banquetas yacen mujeres asesinadas por no pagar la cuota. Los taxistas, para que puedan seguir trabajando y no pongan en riesgo su vida, tienen que entregar 100 pesos semanales a los jefes de las bandas que controlan los giros del transporte público.

Para los políticos lo que menos les importa es la realidad que viven las y los acapulqueños, por eso descalificaron el reportaje. Hicieron malabares para desacreditar al diario con explicaciones burdas que pusieron en mayor evidencia su desfachatez. No admiten que su imagen se manche aunque corra la sangre por las playas. No toleran que medios informativos internacionales documenten el acontecer trágico de un centro de playa. En lugar de asumir con autocritica esta realidad que avasalla a la población y a las mismas autoridades, se empecinan en mantener intocado un sistema carcomido por la corrupción, donde están anclados los intereses económicos de grupos que trabajan con la delincuencia organizada.

La ubicación geoestratégica del estado de Guerrero ha sido aprovechada por las organizaciones criminales que desde hace varias décadas se han asentado en puntos clave para tener el control de todo el proceso de producción, procesamiento y trasiego de la amapola. Acapulco vino a transformarse en el centro neurálgico del pacifico como la principal plaza para las operaciones de la economía criminal entre Sudamérica y Norteamérica. Cerca de 500 kilómetros de litoral que se extiende de la Costa Grande colindando con Michoacán a la Costa Chica, que desemboca en la costa oaxaqueña, es una gran extensión con mar abierto que permite un sin número de maniobras marítimas y terrestres para el trasiego de la droga. El macizo de la Sierra Madre del Sur que atraviesa nuestro estado tiene una anchura de 100 kilómetros. Es una región mega diversa abandonada por el gobierno y controlada por los caciques y sus pistoleros. En las últimas cuatro décadas estos enclaves son parte de la disputa territorial entre los cárteles de la droga para destinar amplias extensiones de tierra para la producción de enervantes, aprovechando lo inhóspito de la Sierra y la dispersión de comunidades pequeñas.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio el gobierno privilegió la apertura comercial en detrimento de la vida de las comunidades rurales. La embestida del Estado se centró en la privatización de la propiedad agraria imponiendo una contrareforma  al Artículo 27 de la Constitución. Se desató una guerra contra la agricultura nacional, desaparecieron los precios de garantía y se abrieron las puertas para las  importaciones. Las recientes reformas impuestas por Enrique Peña Nieto como la energética, la de competencia económica y la del agua buscaron apropiarse no solo del trabajo y los productos de la gente del campo sino también del territorio, de los bienes naturales, del paisaje y del patrimonio genético. El despojo con las nuevas reformas, se ha erigido en una política pública que empata con los intereses macroeconómicos del extractivismo depredador.  Se ha descapitalizado el campo y quebrado la economía familiar desmantelando el modo de vida campesino y sumiendo en la pobreza a los pueblos que han sabido resistir colectivamente los embates del capital.

Este vacío que han dejado las instituciones encargadas de impulsar el desarrollo del campo ha sido cubierto por el crimen organizado que con suma facilidad pudo entrar a los territorios comunitarios y ofertar los narco cultivos como una opción viable para su sobrevivencia. Las alianzas que han tejido los jefes de las organizaciones delincuenciales con los grupos caciquiles y las corporaciones policiales han trastocado la vida comunitaria. La lucha por el control territorial se dirime a punta de bala y con acciones que rayan en la barbarie. El poder caciquil supo aprovechar esta retirada de las instituciones para reacuerparse con los actores armados tanto de la delincuencia como del estado. Los pistoleros conformaron las filas del nuevo sicariato y los nuevos jefes  de los cárteles de la droga lograron construir un poder macrodelicuencial que disputa palmo a palmo las rutas trasnacionales de la droga, su producción y su comercialización.

La forma de ejercer el poder en Guerrero basado en la corrupción y en la protección a quienes delinquen los ha llevado a conformar un Estado mafioso. La porosidad de las instituciones de seguridad y justicia ha dado cabida a los grupos delincuenciales. Existen Ayuntamientos donde el presidente queda supeditado a las decisiones del jefe de la plaza. Se han dado casos donde diputados y presidentes forman parte la estructura delincuencial.

Hoy en nuestro estado podemos mapear la presencia de los grupos de la delincuencia organizada que están asentados en varios municipios enfrentando una batalla sinfín para defender lo que han conquistado a sangre y fuego, y expandir su poder.

En la región de la Tierra Caliente la violencia se ha extendido en los 9 municipios, sobresaliendo  San Miguel Totolapan, Arcelia, Pungarabato y Coyuca de Catalán. En la Zona Norte, además de Iguala, se encuentra Teloloapan, Cocula, General Canuto A. Neri, Huitzuco de los Figueroa, Apaxtla de Castrejón y Taxco de Alarcón, 7 de los 16 municipios que la conforman. En la región Centro, Chilpancingo encabeza las estadísticas de la violencia. A pesar de que los municipios están interconectados con la capital del estado donde se encuentran asentados los tres poderes, el ejército, la policía federal y el destacamento más grande de la policía estatal, 10 de los 13 municipios  están catalogados como violentos, sobresaliendo  Chilapa de Álvarez,  Zitlala, Tixtla de Guerrero, Quechultenango, Gral. Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Juan R. Escudero, Mártir de Cuilapan y Eduardo Neri.

En la región de la Costa Grande, Zihuatanejo y Coyuca de Benítez encabezan la cordillera de municipios donde la disputa a sangre y fuego no cesa. Se trata de un corredor turístico que comunica con Michoacán que está en constante disputa por organizaciones del crimen organizado tanto locales como externas. Las regiones indígenas de la Costa Chica y la Montaña son las que registran un número menor de delitos de alto impacto como homicidios y secuestros.  De los 15 municipios de la Costa Chica se ubican Ometepec y  Marquelia como los más peligrosos de la región. En la zona de la Montaña, las cabeceras Municipales de Tlapa de Comonfort, Zapotitlán Tablas y Copanatoyac  lideran los 19 municipios en cuanto al mayor número de homicidios. El Puerto de Acapulco es la joya de la corona de espinas que desangra a la población mayoritariamente pobre.

Treinta de los 81 municipios que conforman el estado de Guerrero se encuentran dentro de la franja funesta que desquicia a la población guerrerense. La corrupción, la impunidad y el maridaje que persiste entre las autoridades y las bandas delincuenciales son factores que impactan profundamente el ambiente de convivencia y tranquilidad a la que aspira la sociedad. El estado está desgarrado por las disputas a muerte  que libran los grupos de la delincuencia organizada, que se han erigido como un poder fáctico al imponer su ley suplantando a las autoridades locales. El 37% de estos municipios están supeditados a la lógica de la violencia criminal. Las autoridades locales se encuentran atadas de manos por los compromisos contraídos con algún grupo delincuencial que impulsó su candidatura. Las mismas policías están para responder con presteza las órdenes del jefe que controla el territorio.

De acuerdo con el reportaje del Washington Post, unas 2,000 empresas de Acapulco han cerrados sus puertas en los últimos años. Muchos empresarios abandonaron el puerto y hoy se vive con miedo a expensas de lo que dicte el crimen organizado que ha dejado una economía marchita. La mayor parte de la devastación ha llegado en los barrios más pobres del puerto, sin embargo la franja turística no se ha salvado. Se han ido Hooters y el Hard Rock Café, junto con famosos lugares locales como el club nocturno El Alebrije y la Plaza Las Pérgolas. Si los empresarios han tenido que sucumbir ante el crimen es que han comprendido que el gobierno se encuentra atrapado en las redes de la macrodelincuencia, porque como dice un testigo del reportaje del Washington Post “Ellos tienen el poder”.