OPINIÓN| Verdad y justicia: deuda del Estado Mexicano

Un homenaje al escritor del Guerrero profundo,

 Octavio Navarrete Gorjón,

quien en la noche de los lagartos

nos narra con crudeza y elocuencia

los estragos de la guerra sucia.

El 16 de septiembre de 1977,

el régimen de Figueroa Figueroa,

lo desapareció y torturó.

No es casual que a cinco días

de que se cumplan 6 años,

de la desaparición de los 43 normalistas,

la exigencia de verdad y justicia,

siga siendo la deuda del Estado Mexicano.

Durante esta semana las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa emprenderán una jornada de lucha muy significativa, en Guerrero y en la ciudad de México. Son días claves para evidenciar que son insuficientes los alcances de la investigación y los resultados de las búsquedas que ha realizado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para ellos y ellas, es muy relevante el trato y el acercamiento que les ha brindado el presidente. Sienten que es genuino su compromiso y auténtica su postura, de dar con el paradero de sus hijos.

Con esa confianza que se ha ido construyendo en las reuniones de Palacio Nacional, le han manifestado con mucha firmeza que se requiere avanzar en las detenciones de las personas que participaron en la desaparición de los estudiantes. Enfatizado que se ubique a los altos funcionarios, como Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, por atreverse a construir una verdad histórica hechiza, y por ser participe en interrogatorios bajo tortura. Le han expresado que es impostergable desenmarañar el telar de la delincuencia que se urdió con la complicidad de autoridades municipales, funcionarios estatales, corporaciones policiales, tanto municipales como del estado y federales, así como del ejército y la marina. Con la autoridad moral que se han ganado, le han expresado al presidente, que dentro de la misma Fiscalía General de la República, existen funcionarios de la antigua administración que participaron en la construcción de la verdad histórica y son obstáculo para avanzar en las nuevas líneas de investigación. Con las actuaciones recientes de los jueces, que le han puesto precio a la libertad de los jefes de la delincuencia organizada, las madres y padres han emplazado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que proceda con todo el peso de la ley para sancionar a quienes inclinan la balanza de la justicia por intereses particulares. Aún hace falta proporcionar toda la información que se mantiene oculta por parte de algunas instancias del gobierno, como el caso de los vídeos del Palacio de Justicia de Iguala.

A pesar de las buenas señales que se han vislumbrado dentro de Palacio Nacional, las madres y padres están desesperados, porque a cinco días de que se cumplan seis años sin saber el paradero de sus hijos, no hay un cambio sustantivo en el acceso a la verdad ni en la aplicación de la justicia. Hay mucha dilación para ejercer las ordenes de aprehensión. Es muy desesperante y tortuoso, para las mamás y papás escuchar argumentos meramente formales constatar que las autoridades del poder judicial no están resolviendo los casos de fondo, por el contrario, están privilegiando las meras formalidades sobre qué instancia es competente para litigar el caso. Lo que más molesta y lastima es el análisis superficial que realizan algunos jueces sobre las imputaciones que se hacen de los detenidos, procediendo a negar las órdenes de aprehensión.

Además de estás obstrucciones, la muralla del ejército sigue siendo un gran obstáculo para avanzar en las investigaciones. Aún no se ha dado la plena colaboración de los altos mandos del ejército que tienen información privilegiada, por la posición que ocupaban, en la 27/a zona militar de Iguala y 35/a zona militar de Chilpancingo. Las madres y padres durante todo este tiempo han insistido que se investigue a los miembros del ejército que mantenían vínculos con el crimen organizado, y que además, estuvieron monitoreando desde Chilpancingo los movimientos de los estudiantes, confabulándose para sus desapariciones y asesinatos.

Este lunes iniciarán su jornada de lucha en el Palacio de Justicia de la ciudad de Iguala, para focalizar la irresponsabilidad y complicidad del Poder Judicial, que se han negado sistemáticamente a entregar los vídeos de las cámaras de seguridad. Han trivializado el caso y de manera burda han evadido su responsabilidad, como si se tratara de un caso fortuito sin consecuencias legales. En Guerrero, las autoridades se han acostumbrado a vivir en la impunidad, a no rendir cuentas y, mucho menos, a comprometerse con las víctimas de desaparición de personas. Es hora de que las autoridades tomen en serio el papel que desempeñan y el mandato constitucional que se les confiere, máxime que tienen la alta responsabilidad de administrar la justicia. La presencia de las madres y padres y los estudiantes de Ayotzinapa en el Congreso del Estado, es para recordarles a los diputados y diputadas que tienen un compromiso de contribuir en el caso Ayotzinapa. La Comisión que fue creada para este fin, tiene que citar a comparecer al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que informe sobre las acciones jurídicas que ha emprendido contra las personas responsables del resguardo de los vídeos extraviados, en el Palacio de Justicia de Iguala. En el estado se ha vuelto costumbre que son los ciudadanos y ciudadanas, las que tienen que presionar a las autoridades para que cumplan con su trabajo, siguen actuando como una élite privilegiada, a la que no tiene la obligación de rendirles cuentas a la población. Su poder es para proteger y defender sus intereses partidistas, no para servir a quienes son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En la ciudad de México, las mamás y papás de los 43 se plantarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Fiscalía General de la República, para evidenciar su falta de compromiso con la verdad y la justicia. Por los obstáculos que existen al interior de las mismas instituciones para mantener intactos los intereses de grupos políticos, que se coludieron con personajes de la delincuencia organizada. Exigirán que no se escuden en las formalidades jurídicas y que realmente jalen parejo como lo está demostrando el ejecutivo federal. En Palacio Nacional no habrá plantón sino una reunión formal con el presidente de la república, para informar de los nuevos avances logrados por parte de la Fiscalía General de la República y de los resultados obtenidos en las recientes búsquedas. La incertidumbre es la que mantiene el corazón estrujado de las madres y padres de los 43 normalistas, porque continúan en la zozobra, aún caminan en la oscuridad y no hay indicios de su paradero.

Así como el libro de La Travesía de las Tortugas, que habla de la vida de los 43 normalistas, antes del 26 de septiembre del 2014, tenemos también la dicha de leer el libro del compañero Octavio Navarrete Gorjón titulado La Noche de los Lagartos, que nos narra la época terrorífica de la guerra sucia en Guerrero. El hilo conductor son las desapariciones políticas que fueron ejecutadas por el ejército y auspiciadas por el ejecutivo federal y el gobernador del estado. El mismo Octavio fue víctima de desaparición forzada el 16 de septiembre de 1977, cuando salió de su casa a tirar la basura. Se lo llevaron en un Mustang rojo. Aun cuando lo inmovilizaron y lo tiraron debajo del asiento, pudo identificar a Meche una amiga de su hermana Hilda. Cuando el carro hizo una parada, logró sobreponerse y gritó “Meche avísale a Hilda que me llevan”. El carro fue ubicado en las oficinas de tránsito municipal de Acapulco. Doña Soledad, madre de Octavio junto con Hilda, acudieron con el ingeniero Manuel Mesa Andraca para que con su intervención pudieran hablar con el gobernador Rubén Figueroa Figueroa. La cita se dio, y el ingeniero se presentó como amigo de la familia y de Octavio, el líder estudiantil de la preparatoria 2 de Acapulco. Le informó de su desaparición y le pidió su intervención para que regresara sano y salvo a su casa. El gobernador tomó el teléfono y con voz de mando dijo “mi mayor, con su vida me responde la presentación del joven Octavio Navarrete”. Después de escuchar a su interlocutor, le enfatizó que tenía que encontrarlo. Al final de la tensa plática, se dirigió a doña Soledad con un gesto adusto “váyase tranquila, que se lo vamos a entregar”. 15 días más tarde la jefa de comunicación del gobierno del estado Bella Hernández, presentaba al gobernador Rubén Figueroa y al dirigente estudiantil Octavio Navarrete. Lo inaudito fue el mensaje nefasto del gobernador “mi gobierno no desaparece estudiantes (…) En Guerrero, no se les persigue”. La cita del gobernador a la mamá de Octavio en la ciudad de México, fue para espetarle “póngale gobierno a este muchacho, ¿Le gustaría que apareciera muerto sobre una cuneta? Dígale que el no hará política en Guerrero, mientras yo gobierne. ¿Quiere encierro, destierro o entierro?”. Octavio se fue del estado, pero siempre su corazón estuvo anclado en  Coyuca de Benítez, siendo testigo de las gestas heroicas de los campesinos y maestros por la verdad y la justicia.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan