OPINIÓN | Violencia a todo galope

En las periferias de Acapulco y en el corazón de la sierra, se condensa el momento crítico que vivimos en la entidad, a causa de la violencia imparable que se expande en las 7 regiones, y por el abandono secular de las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero.

 

Las colonias pobres de Acapulco que están sometidas por el hampa, no encuentran respuestas eficaces por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Han experimentado el desprecio y los tratos discriminatorios, por no ser parte de las elites económicas y políticas. La violencia forma parte de su cotidianidad.  No hay sectores sociales ni económicos que se libren de las garras extorsionadoras de la delincuencia organizada. La seguridad del sicariato tiene un costo muy alto para la gente que no cuenta con un empleo seguro. No sólo hay que asegurar el pan de cada día, sino la misma vida para proteger a la familia. El pago de la cuota, forma parte de los gastos básicos que diariamente tienen que desembolsar las personas que trabajan. Es la delincuencia y no las autoridades las que ahora se encargan de aplicar la ley del más fuerte. Es increíble que el crimen organizado demuestre tener mayor capacidad para expandir su dominio y contar con personal suficiente para causar terror.

Lo más dramático es que vastos sectores de la población se han resignado a vivir bajo este yugo, como un mal menor en este maremágnum de la violencia. El silencio es la mejor arma para pasar inadvertido por las calles y no aparecer en la lista de los candidatos para ser levantados o secuestrados. No hay otra alternativa que ser parte de esta red de complicidades que robustecen a los jefes de las organizaciones criminales. Con los asesinatos que diariamente realizan, demuestran quiénes en verdad ejercen el poder. Su presencia permanente en las calles y su vigilancia durante las 24 horas en la entrada de las colonias, contrasta abismalmente con la ausencia de los cuerpos de seguridad del estado, que esporádicamente se pasean por algunas calles, como mero trámite para rendir su informe.

Esta experiencia fatídica ha marcado a las colonias periféricas del puerto. Los contrastes económicos se hacen más evidentes con los aparatosos operativos del ejército y las corporaciones policiales, que se encargan de vigilar los grandes negocios y al gran turismo. La falta de servicios básicos, como el agua y el drenaje dibujan el paisaje de la corrupción acendrada de las autoridades que han amasado fortunas a costa de la pauperización de la clase trabajadora. Este desquiciamiento de la población, que ha aguantado por décadas a funcionarios que lucran con sus necesidades, les ha colmado la paciencia, porque ya nada pueden esperar de quienes teniendo los recursos se los regatean, para llevárselos a sus bolsillos.

 

Ante el abandono y la indefensión, la gente busca salidas alternas para salir de este laberinto que los asfixia, y para hacer frente a quienes los tienen asolados. No solo luchan a brazo partido para garantizar la alimentación de sus hijos e hijas, también tienen que librar la batalla, día y noche, contra las fuerzas criminales. Ante la inacción de las autoridades y la ineficacia de las fuerzas de seguridad, la ciudadanía percibe, por una parte, que los gobernantes han sucumbido ante el crimen organizado, y por la otra, la delincuencia ha sido capaz de infiltrarse y capturar a las mismas instituciones. Ante este escenario atroz, los colonos de La Sabana no tuvieron otra opción que buscar el apoyo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) como la salida extrema para contener la avalancha delincuencial. No fue casual que el pasado miércoles 29 de mayo, más de 500 personas de diferentes sectores sociales y económicos, tomaran la decisión de pedir el apoyo de la UPOEG. Fue una postura desafiante para las autoridades municipales y estatales, porque están evidenciando que, al interior de sus colonias, el poder está en manos de la delincuencia, y por lo mismo la seguridad no la brindan las instituciones del estado. Existe más bien la violencia como único recurso para sobrevivir. Los mismos gobernantes obligan a que los ciudadanos y ciudadanas apelen a otras formar de organización comunitaria, que son legítimas y legales para garantizar el derecho a la seguridad y la paz. Es una prueba de fuego para la presidenta municipal para demostrar que si será capaz de resolver la demanda más sentida de las colonias periféricas del Acapulco de los pobres.

Mientras tanto, campesinos de 27 comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan, tomaron otra medida de retener a 30 militares del 68 batallón de infantería y 10 policías del estado, asentados en la comunidad del Puerto del Gallo, municipio de Heliodoro Castillo, ante el incumplimiento de las autoridades, de no entregar el fertilizante en las fechas  acordadas. Su determinación es producto del hartazgo, por tanto engaño y tanta burla. Además de excluirlos por centurias del presupuesto público, son ahora criminalizados por involucrarse en la siembra de la amapola.

 

El abandono de las zonas rurales fue parte de una política gubernamental para permitir que los actores privados y las fuerzas represivas del estado se encargaran de tomar el control de sus territorios. Los caciques se confabularon con los grupos políticos del estado y la federación para armar la red de negocios fincados en el saqueo de la madera y el cultivo de enervantes. Los campesinos siempre fueron utilizados como peones dentro de sus mismos territorios. A cambio de migajas, sobreexplotaron sus bienes naturales y les introdujeron cultivos ilícitos para integrarlos dentro de sus prácticas agrícolas. Narcotizaron el campo y colocaron a los campesinos más pobres como el eslabón más débil de la economía criminal. Ahora las consecuencias son funestas, porque no solo se encuentran sumidos en la pobreza, sino que se han incrustado en sus mismas estructuras comunitarias organizaciones delincuenciales que se han erigido como los principales actores que imponen su ley a punta de bala. Las autoridades, ante un problema ancestral de pobreza, han optado por usar la fuerza, para supuestamente imponer el orden. Los resultados están a la vista, está claro que los problemas sociales no se resuelven con la presencia de militares y policías, por el contrario, sólo genera una mayor confrontación, porque las comunidades demandan respuestas concretas los problemas que enfrentan como trabajadores del campo. Ante la ausencia de las autoridades municipales, estatales y la desatención sistemática a sus planteamientos básicos, los orilla a tomar medidas como las que realizaron el miércoles pasado.

 

Ya se vislumbraba venir un problema grave, con el retraso de la entrega del fertilizante. Lo advertimos hace más de un mes. Se complicó por la multiplicidad de requisitos que inicialmente se quisieron imponer de manera unilateral a los campesinos. Ante el malestar generalizado se simplificaron los trámites, sin embargo, la información no llegó a la población que directamente será beneficiada. Las reuniones regionales sólo se hicieron con los presidentes municipales, funcionarios estatales, algunas organizaciones sociales y contados comisariados de bienes comunales y ejidales. Este embudo informativo tardó en ser procesado por los productores del campo. Los tiempos se vinieron encima y las lluvias, a pesar de que se retrasaron, son ahora un factor que también complica la entrega de estos insumos.

 

 Para la población que depende fundamentalmente del trabajo agrícola, el retraso en la entrega del fertilizante representa una gran amenaza para sus siembras. Si no aplican a tiempo el fertilizante las consecuencias son devastadoras, porque el maíz ya no produce igual como antes de que entraran los agroquímicos. Por esa razón los campesinos de la sierra no tuvieron otra alternativa que cerrar los accesos a la comunidad de Puerto del Gallo para retener a los soldados y policías, y así llamar la atención de las autoridades. Estamos ante acciones duras, a causa del incumplimiento de los compromisos pactados por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. La estrategia falló por que no se hicieron los cálculos en cuanto a los tiempos de la entrega del fertilizante. Lo más grave es que aún no se han liberado los vales para la entrega del insumo, tampoco se conoce la relación de los productores que serán beneficiados. Esta situación está causando malestar en varias regiones del estado, porque no solo no llega el fertilizante, sino que además hay incertidumbre si los productores que se registraron en el padrón están contemplados para recibir el agroquímico. Hay serios temores de que un buen número de campesinos no aparezcan. Se corre el riesgo de que la situación se complique y que no se tenga previsto como hacer frente a este escenario que no se vislumbró. Esta semana será clave para que el conflicto se distienda o se acreciente.

 

Las autoridades están obligadas a buscar alternativas que garanticen en primer término, la entrega inmediata del fertilizante, y encontrar mecanismos ágiles para subsanar errores y deficiencias que   se presentaran con los campesinos que no serán beneficiados con el fertilizante.