OPINÓN | Los boquetes del poder

A qué se debe que de manera recurrente el presidente Enrique Peña Nieto aparece realizando eventos y departiendo parabienes al Ejército y la Marina? ¿Por qué ante los conflictos más complicados se parapeta en los institutos castrenses y desde esa tribuna lo secundan los secretarios de la Marina y del Ejército para enaltecer la figura presidencial? ¿De qué lado se ubica la autoridad presidencial; en favor de quienes impunemente dan órdenes para “abatir delincuentes en horas de oscuridad” (como pasó en Tlatlaya), o del lado de las víctimas?

El grupo interdisciplinario de expertos independientes (GIEI) de la CIDH ha solicitado en varias ocasiones hablar con los miembros del 27 batallón del Ejército que estuvieron en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en los hechos de Iguala Guerrero, sin embargo, la Secretaría de Gobernación se ha negado a concretar la reunión, argumentando que está analizando la solicitud, debido a que este tipo de actuaciones del GIEI no está contemplada en el Convenio que se firmó entre la CIDH y el Estado Mexicano. La intención de fondo es dejar que se cumpla el plazo de los seis meses como está estipulado en el Convenio y no dar trámite a su solicitud.
Sobre la masacre de Tlatlaya, estado de México, ocurrida el 30 de junio de 2014, donde 22 personas que presuntamente pertenecían a un grupo delincuencial murieron a manos del Ejército, se ha descubierto que estos hechos no fueron como consecuencia de un enfrentamiento, sino por una orden superior del Ejército de “abatir delincuentes”. Esta orden militar fue la que alentó a los elementos castrenses para cometer impunemente estas ejecuciones. A pesar de este hecho funesto las autoridades civiles y militares han guardado silencio y han mandado a sus subalternos para que se enfrasquen en una discusión estéril sobre lo que significa el término abatir, para decir que esa palabra no significa necesariamente “matar”, cuando la realidad los delata porque estamos ante una masacre donde hay responsables en toda la cadena de mando del Ejército, cuyo jefe supremo es el Presidente de la República.

El pasado 21 de julio el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué anunció la desaparición del Instituto Estatal de educación Pública de Oaxaca, comentó que con esta acción van a “retomar la rectoría educativa del Estado”. Esta acción forma parte de la estrategia nacional de desmantelar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), asestando un duro golpe al combativo magisterio de Oaxaca, para que en cascada se pueda desbaratar todo el movimiento magisterial que se opone a la reforma educativa.

Por su parte, el presidente Enrique Peña, se empeña en crear otras opciones educativas no en el ámbito civil para incorporar a miles de jóvenes que han sido excluidos de las instituciones educativas de nivel medio superior y superior, sino en el ámbito naval militar. Este 23 de julio el Presidente anunció con bombo y platillo la creación de la Universidad Naval que tendrá nivel técnico, técnico profesional, profesional y posgrado. En ese evento fue muy significativo el mensaje que dio el secretario de marina Vidal Francisco Soberón Sanz, quien a dos días de que el gobierno de la república mandó policías federales, militares y marinos al estado de Oaxaca para atemorizar al magisterio de Oaxaca, expresó lo siguiente “Hoy, somos partícipes de cambios sustanciales en nuestro Sistema Educativo Naval; una transformación de fondo que marcará el futuro de la Secretaría de Marina Armada de México…De esta manera, nos sumamos con gran decisión a la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno de la República, la cual es, sin duda, un factor determinante que nos llevará a buen puerto. Una reforma que es pieza clave para construir el México próspero que deseamos para nuestra niñez y juventud, un México que alcance su máximo potencial. Es así como lograremos generar nuevos cambios en materia educativa, al impulsar una base docente mejor preparada; maestras y maestros que guíen a las nuevas generaciones de mexicanos hacia los conocimientos que serán la base de su futuro, inculcándoles los valores cívicos y morales que contribuirán a formar ciudadanos leales y comprometidos con nuestra Nación. Un esfuerzo conjunto del Gobierno y la sociedad, en el que las y los mexicanos tengan una participación activa, en donde la ciudadanía eleve su voz, exigiendo un mejor porvenir para sus hijas e hijos; una voz que llegue a todos los rincones de nuestro país para lograr la educación de calidad que, como Nación, hemos decidido alcanzar”.

No se trata del secretario de Educación Emilio Chauyffet, sino del secretario de Marina el que arenga en favor de la reforma educativa teniendo a su lado toda la plana mayor del gabinete y de las fuerzas armadas. Es el aparato represivo del Estado en pleno el que ahora se transforma en el pivote para impulsar las reformas estructurales. La presidencia no tiene más opciones que utilizar al Ejército y la Marina para catapultar la reforma educativa. Ya no sólo se les colocó al frente en los sexenios pasados para combatir el narcotráfico, con resultados magros y con un alto número de casos de graves violaciones a los derechos humanos, sino que ahora los ubican en primera fila para defender y promover la reforma educativa.
Estas acciones unilaterales y el uso arbitrario de la fuerza han generado saldos sangrientos en lo que va de la administración Peñanietista. No es casual que desde el caso Tlataya junto con el de Ayotzinapa, pasando por el escándalo de la Casa Blanca y rematando con la fuga del Chapo, ha quedado en entredicho la credibilidad del presidente. Estos hechos lesivos para la sociedad y sobre todo las víctimas de la violencia de estado, destaparon la cloaca de la corrupción y mostraron los altos niveles de complicidad y colusión que existe entre las autoridades civiles, las corporaciones policíacas, miembros del Ejército y de la Marina con los grupos del crimen organizado.

La evaluación al presidente está a la vista: en el último cuatrimestre de su gobierno obtuvo el nivel más bajo con el 34% de aprobación. De acuerdo con la encuesta del periódico Reforma el 75% de los ciudadanos califica de “mal” la forma como el gobierno de Enrique Peña Nieto está tratando el combate al narcotráfico y el 79% da esa misma respuesta sobre la fuga de El Chapo. No tiene para donde hacerse, sin embargo, en las alturas del poder no pasa nada, más bien cierran filas para no permitir que voces o posturas discordantes hagan contrapeso en los diferentes ámbitos de la vida pública. A los sectores sociales catalogados como radicales los tienen focalizados y cercados con policías y militares, para impedir que se desborden y amenacen con hacer más grande el boquete de un poder que quedó atrapado por la corrupción y que fue burlado por el capo más poderoso de México.

Hace tres días nuevamente el Presidente de la Republica apareció resguardado por los secretarios de la Defensa y de la Marina. En su discurso destacó que las fuerzas armadas son una fuerza en favor de la paz, la fortaleza institucional y la democracia en el país. “Son un sólido pilar de estabilidad y certidumbre para el desarrollo de nuestra nación”. Resaltó la participación de los marinos y soldados en la lucha “por reducir la violencia y llevar a los delincuentes ante la justicia”. Por su parte el secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos exhortó a los militares a que “continúen combatiendo la ilegalidad con la legalidad, sin rebajar sus actos a niveles propios de los delincuentes”. No tuvo empacho en decir que “la conducta de los militares es digna de emulación y reconocimiento”. Concluyó diciendo que el camino está trazado y el rumbo es el correcto “gracias a la aprobación de las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña”. Invitó a desterrar “juntos la impunidad, la corrupción, los intereses mezquinos individuales o de grupo”.

El cierre de filas en torno al presidente es la expresión más alarmante en estos momentos de una grave crisis de credibilidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que además del boquete que dejó la fuga del Chapo, hay un desplome de su gobierno por la violencia imparable y por el malestar generalizado ante el aumento de la pobreza, la inseguridad y la imposición a cualquier costo político de la reforma educativa. La coyuntura política cambio, El presidente ya no cuenta con los mismos aliados políticos que firmaron el Pacto por México. Logró que se aprobaran las reformas estructurales, pero ahora enfrenta un gran vacío al no tener el consenso social ni político para aplicarlas, por eso no tiene de otra que escudarse y pedir el apoyo del Ejército y la Marina, aunque quede el boquete de Tlatlaya y Ayotzinapa.