POSICIONAMIENTO | Sobre las graves violaciones de derechos humanos y la falta de respuesta del Estado mexicano en el marco del 153º periodo de sesiones de la CIDH

El país atraviesa una seria crisis en materia de derechos humanos desde hace varios años, la cual no ha sido atendida por el Estado mexicano a pesar de que día con día incrementan las violaciones a los derechos humanos, mientras los esfuerzos del gobierno se concentran en mostrar el “momento mexicano” de supuesto progreso y bienestar.

Los cambios estéticos, cosméticos, simulados, o inclusive aquellos que se han realizado en el ámbito normativo, poco o nada obedecen a la realidad –al presente, cotidiano- que lacera profundamente al país, y que ha sido una constante del gobierno mexicano en todos sus ámbitos de acción.

El Estado mexicano es responsable de la perpetración y perpetuación de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos. Criminalidad, impunidad, corrupción, complicidad entre crimen organizado y autoridades gubernamentales, son factores presentes en México que afectan la vida de las personas; de forma más profunda de aquéllas que se encuentran en una situación de mayor riesgo, vulnerabilidad por las condiciones de pobreza y discriminación tan profundas e invisibilizadas.

En México, la cifra oficial de personas desaparecidas es de 22,322 + 43 y contando cada día. De acuerdo con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, la última actualización de la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENPED) fue realizada en julio de 2014 y muestra que el número de personas que insisten en llamar no localizadas durante el sexenio de Felipe Calderón ascendió a 29,707; de las cuales 16,274 fueron localizadas con vida y 901 personas muertas. Es decir que su gobierno dejó sin resolver el paradero de 12,532 personas desaparecidas. Asimismo, de acuerdo con los registros desde diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 se reportan 23,234 personas desaparecidas, de las cuales 13,444 fueron localizadas -con vida 12,821-, pero continúan desaparecidas 9,790 personas.

Además, se ha estimado que han sido asesinadas y ejecutadas extrajudicialmente más de 100,000 personas. A eso se suma la ejecución extrajudicial de 22 personas a manos del ejército mexicano ocurrida en el municipio de Tlatlaya, Estado de México a finales de junio de este año.

La crisis humanitaria que enfrenta el país a partir de los testimonios y denuncias de personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas, torturadas, lesionadas, ha sido ignorada, maquillada, escondida, simulada, reducida a estadísticas manejadas por el propio gobierno.

Frente a la crisis, ya son varios años, que día con día, los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que las acompañan han denunciado las consecuencias de la indebida tipificación de la desaparición forzada o involuntaria; falta de registros de detención inmediatos; recursos judiciales como el amparo que resultan inefectivos; descoordinación institucional entre las autoridades de investigación y las policías así como entre la federación y las entidades federativas; falta de investigación científica; capacidades periciales insuficientes; violación a la cadena de custodia y a la evidencia criminal; falta de protocolos de investigación y planes de búsqueda técnicos, especializados e inmediatos; falta de registros adecuados de personas desaparecidas; inexistencia o precariedad de los registros de ADN y de los hallazgos de fosas clandestinas; colusión; corrupción; impunidad. Todos esos son algunos de los obstáculos para encontrar verdad y justicia.

La desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa es producto de la omisión, la indolencia, la sordera y la ceguera del Estado mexicano; resultado de la ausencia de medidas efectivas de todas las autoridades para realizar búsqueda en vida; de garantizar una investigación pronta y diligente que lleve a la sanción de los responsables; fruto de la opacidad y de la violación constante por parte de personas concretas en el gobierno, de autoridades que obstaculizan el derecho a la verdad que tiene la sociedad, las víctimas y los familiares de conocer lo ocurrido.

Esta es la tercera ocasión que la administración, en dos años, que las autoridades mexicanas solicitan a la CIDH una audiencia pública en los periodos de sesiones a fin de hablar de sus avances en materia de derechos humanos.¹ El actual gobierno no puede ocultar más que nos encontramos en una de las peores crisis. Frente a esto, la respuesta del gobierno mexicano es asistir a foros y espacios internacionales a defender las mejoras en las condiciones del país.

En la primera audiencia en marzo de 2013 las organizaciones tuvimos la posibilidad de participar y señalamos que los retos en la agenda de derechos no eran sólo armonización legislativa sino que consistían en el diseño de las propuestas adecuadas en la coordinación entre dependencias, la implementación de las acciones y su evaluación de impacto, entre otras cosas.

En la segunda audiencia sostenida en los primeros meses de 2014, el gobierno federal solicitó de nueva cuenta una audiencia ante la CIDH para abordar las Políticas públicas en derechos humanos y buenas prácticas en México. Por parte del Gobierno se llevó a cabo un resumen sobre las reformas estructurales que se han aprobado, como son la de Educación, Hacienda, Energética y de Telecomunicaciones, Derechos Humanos y Justicia, que estarían acompañadas de un Programa Nacional de Derechos Humanos y programas sectoriales. Ya entonces las organizaciones denunciábamos públicamente -puesto que no se nos concedió un espacio para hablar- que el Estado había pedido esa audiencia para ventilar sus buenas prácticas en materia de derechos humanos, pero que la práctica más problemática y urgente que enfrentaba el país es la crisis de personas desaparecidas causada por la guerra contra la delincuencia organizada. Una guerra liderada por una política de seguridad centralizada en estrategias de militarización, de las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal; de la vida diaria de la sociedad y de las comunidades rurales e indígenas y de los cuerpos policiales, como lo demuestra la reciente creación de la Policía Militar en Nuevo León y de la Gendarmería en el ámbito nacional.

Ahora, por tercera ocasión, el gobierno pretende mostrar iniciativas presentes o futuros a raíz del PNDH. Sin embargo, no hay cambios, no hay acciones concretas. El Diagnóstico en materia de derechos humanos continúa siendo poco alentador. México es un país de contrastes. Los avances normativos y la creación de instituciones gubernamentales coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad.

La tasa de impunidad continúa siendo de entre 98%-99%. Sobre las reformas estructurales en materia educativa y hacendaria vemos muchos de sus elementos como un retroceso estructural en materia de derechos humanos, ya que dichas áreas que eran reservadas y protegidas, ahora se han liberalizado al mercado (reglas de competencia y operación de los recursos). En cuanto a la reforma energética consideramos que actualizan desde ya violaciones a derechos humanos; resulta preocupante que al 2014 se encuentran contabilizados al menos 200 conflictos sociales a causa de la industria extractiva, la construcción de presas, represas, eólicos, y en general la aprobación de megaproyectos donde Estado y empresas actúan en beneficio propio y al margen de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o campesinas.

Además, podríamos llenar hojas de evidencias que muestran las violaciones a las personas migrantes ya sea de origen, tránsito, destino o retorno, y en particular los impactos de los grupos en situación de vulnerabilidad como la niñez migrante. Todas estas violaciones han sido presentadas ante la Comisión en esta semana.

También podríamos profundizar en las políticas criminales que suponen que la prisión preventiva –como pena o medida de seguridad- es la solución a los problemas de seguridad ciudadana. O podríamos dedicar un informe para mostrar que la criminalización de las mujeres por el delito de aborto ha aumentado y que por el contrario cuando una mujer exige su derecho a vivir una vida libre de violencia las autoridades son omisas en garantizar sus derechos y procurar justicia. Además, en este país de desigualdades, persisten prácticas discriminatorias en contra de personas con discapacidad; también contra otros grupos como los pueblos y comunidades indígenas, que son discriminados en lo formal o sustantivo, cuando exigen la libre determinación, el acceso a la justicia o cuando defienden su tierra y territorio.

Lo que el gobierno no dice, y a lo que el PNDH no responde es que en México te matan por ser estudiante, por ser mujer, por defender la tierra, por alzar la voz, por ser periodista o defensora de derechos humanos; te matan o te desaparecen porque quieren, porque pueden, porque hay impunidad.

México es un país de contrastes y sus discursos de política exterior son muestra de ello. Por ello, mientras México habla sobre apertura al escrutinio y validación de tratados internacionales, en los hechos se niega a eliminar la figura del arraigo si bien ha demostrado ser una figura que fomenta la tortura o a reconocer la competencia del Comité sobre Desaparición Forzada.

Una verdadera política pública acorde al cumplimiento de los estándares de derechos humanos pasaría porque México retirase todas las reservas pendientes: a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la ratificación de la Convención para disminuir los casos de apatridia de 1961; la ratificación del Convenio 189 enfocado a la dignificación del trabajo del hogar; también ratificaría el Protocolo facultativo del PIDESC. De forma contundente e inmediata, reconocería la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para conocer de aquellos casos presentados por las víctimas tal y como lo solicitó el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al referirse a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en un comunicado del 24 de octubre de 2014.

México es un país de contradicciones. Un país donde contrastan los avances en los marcos normativos federales, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con la incapacidad del Estado de empatarlos ante una realidad marcada por la violencia y la pobreza, en donde la “cruzada contra el hambre” es insuficiente para realizar cambios estructurales. Donde la realidad para más de la mitad de la población que vive en pobreza no va cambiar porque en la arena internacional se presenten indicadores dentro de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que fue creado desde un escritorio que no reconoce la situación de las comunidades en pobreza extrema y la necesidad de crear mecanismos de verdadera participación para cualquier programa social que busque combatir la pobreza.

México es un país de desigualdades. La protección y garantía de los derechos humanos no se agota con reformas legales a nivel federal. La situación de los derechos en México sólo puede entenderse a cabalidad mirando la crisis permanente que enfrentan los estados más violentos y pobres, como Guerrero donde es posible y tolerado ejecutar extrajudicialmente a seis personas – tres estudiantes y un menor de edad – y es tolerada la desaparición forzada de 43 estudiantes, y recordando la marginación permanente de los colectivos más vulnerables, como los pueblos indígenas. Sólo atendiendo estos profundos contrastes se podrá impulsar la garantía de los derechos humanos en el país de contrastes que es México.

Las dimensiones de lo que ocurre en el país, reiteramos, son inconmensurables, si se considera que se han publicado cifras de más de 22,000 personas desaparecidas que el Estado se empeña en nombrar como “no localizadas”, extraviadas, privadas ilegalmente de la libertad, secuestradas, y en pocos casos se admite como desaparición forzada de personas aún y cuando existen elementos. Sin embargo, la impunidad se mantiene constante.

Así, las posibilidades de las organizaciones de presentar ante los órganos internacionales nuestras evidencias que contrarresten el discurso oficial se convierten en una oportunidad para exigir que rindan cuentas públicamente, directamente, frente a la sociedad –víctimas, activistas, organizaciones, prensa libre, estudiantes, personas de a pie- que exigen un cambio y un punto de no retorno frente a las atrocidades que se ha vivido y clamamos un YA BASTA!, JUSTICIA!, porque la rabia, la indignación, el dolor se vuelven insoportables y no se encuentran ya más formas de decirle al Estado que este país adolorido no puede tolerar mayor simulación y necesita un cambio profundo.

Ese cambio profundo dista mucho de verse resuelto mediante la armonización legislativa, las políticas públicas y los programas como el PNDH que el Estado se empeña en presentar como avance, pero que no representan acciones concretas y resultados en el combate a la impunidad, la rendición de cuentas, la protección a derechos humanos, la prevención de las violaciones.

Article XIX

Asociadas por lo Justo (JASS)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Documenta, A.C.

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH)

Propuesta Cívica

Sin Fronteras