¡Salvemos a los niños!

El martes 11 de febrero los niños Mateo y Porfirio, de 14 y 12 años, caminaban por las veredas de Xochitempa rumbo a Ahuixtla para comprar alimentos. En ese fatídico día algunos vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego. Nadie se percató de lo que había sucedido en el camino. Fue hasta el siguiente día por la tarde cuando sus familiares encontraron sobre una loma los cuerpos de Mateo y Porfirio.

Mateo estudiaba el segundo de secundaria y Porfirio estaba por concluir la primaria. Xohitempa, es una comunidad de 50 habitantes entre niños y adultos. El padre de Porfirio, don Ignacio, está desaparecido desde el 2016 y su mamá trabaja fuera del estado para solventar los gastos de Porfirio. Los padres de Mateo, que son abuelos de Porfirio, sobreviven con la siembra del maíz de temporal.

Los habitantes de estas comunidades nahuas ya no bajan a Chilapa porque saben que la muerte es segura. Desde hace 10 años padecen el asedio del crimen organizado. La gente ha contabilizado 66 asesinatos y más de 24 personas desaparecidas. En varios casos han estado involucrados policías municipales de Chilapa, Atlixtac, Quechultenango y Tixtla. Esta tragedia es imparable porque la violencia sigue y las autoridades no han cumplido con su responsabilidad de investigar y detener a los culpables. La presencia del ejército ha sido inoperante porque la inseguridad campea en la ruta de Chilapa a la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

La presidenta municipal de Chilapa se ha negado a entablar un diálogo con las comunidades nahuas de son parte del sistema comunitario y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Las autoridades estatales solo llegan cuando arrecia la violencia o cuando las comunidades se movilizan. Las promesas abundan, pero las acciones no se cumplen. No solo están castigados por los presidentes municipales, también padecen el flagelo del crimen organizado, que tiene bajo su control a las comunidades indígenas. Para los pobladores la colusión es evidente, sin embargo, para los cuerpos de seguridad no hay datos que demuestren este contubernio.

Hace 3 años una misión civil, coordinada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), documentó toda la información de la violencia; escribieron historias y reportaron las violaciones a los derechos humanos contra los niños y mujeres de la Montaña. Entregaron un informe a gobernación federal, pero todo fue en vano, porque nada ha cambiado. Las comunidades resisten en medio de patrullajes y balaceras. Hay familias desplazadas de Tepila del Paraíso desde el 2019 y en la comunidad de Tula hay desplazados. A pesar de que se han instalado retenes del ejército y de la guardia nacional, los crímenes se cometen a la luz del día. Desde la glorieta del Ajo, pasando por Atzacoaloya hasta la entrada al Jagüey hay filtros del ejército. Los cerros que colindan con Colotepec y todo el filo de Amatitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, es un corredor transitado por grupos de la delincuencia. Se desplazan sin temor a ser desarmados. Últimamente han realizado ataques con drones para causar mayore daños y bajas en la población. No importa si hay niños o personas mayores en las viviendas. Las agresiones han provocado el desplazamiento de varias familias que buscan refugio en comunidades vecinas. Las familias se encuentran inermes ante un agresor que está bien apertrechado y que ha impuesto el terror en la región. A pesar de tantos crímenes que se han denunciado, la fiscalía ha sido omisa porque no ha ejecutado alguna orden de aprehensión. Por otra parte, los cuerpos de seguridad del estado solo son testigos pasivos de los hechos violentos.

Este sábado las comunidades afectadas realizaron bloqueos para exigir a las autoridades que investiguen estos atroces hechos, sin embargo, lejos de ser escuchados fueron amenazados de que procederían penalmente contra ellos y que además les quitarían las medidas cautelares que tienen algunas personas. El mismo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no ha fijado una postura firme para reprobar esta violencia contra las comunidades indígenas, sobre todo por el cruento asesinato de dos niños.

Los niños ya no saben si jugar o estar alertas ante las agresiones. Han perdido la esperanza de continuar sus estudios. Temen que las balas acaben con la vida de sus familias. Hay muchos huérfanos que quedaron marcados para siempre. No tienen con quien refugiarse; todo es sufrimiento, dolor y miedo. Su vida pende de un hilo. Con las muertes de Mateo y Porfirio saben que en cualquier momento pueden arrebatarles la vida.

Las incursiones de los grupos delincuenciales afectan severamente a los niños y niñas que constantemente escuchan balaceras. Varios están enfermos, tristes y llenos de pánico. Su vida está en un hoyo del que no pueden salir. No conciben un mundo donde haya paz, donde puedan caminar tranquilos y que no haya peligro en los lugares donde viven. Lo más grave para la niñez indígena es que no se sienten queridos ni protegidos por las autoridades. Nacen y crecen en un campo de guerra. No tienen derecho a jugar ni tampoco hay oportunidad para estudiar. En algunas comunidades varios niños han tenido que formar parte de la policía comunitaria para ayudar a cuidar los caminos y las entradas a sus pueblos. La amarga experiencia de las niñas y niños es que la gente que rodea sus comunidades son malas, porque andan armadas y les tiran de balazos. Ya no pueden confiar en nadie de fuera porque temen que les quiten la vida.

Las autoridades comunitarias están a la espera de que llegue el banco Bienestar para que la gente no baje a cobrar al municipio por la inseguridad. También comentan que les prometieron que iban a construir un mercado para que los comerciantes vendan sus productos, como los quelites, el frijol, el maíz y la calabaza. Les habían dicho que harían un mercado en Alcozacán. Las autoridades se comprometieron a construir un hospital regional para que la población en general sea atendida, para que los enfermos nuestros enfermos no tengan que bajar al municipio. Varios de sus familiares lo hicieron y llegaron muertos. La gente se alegró porque las autoridades les prometieron becas para los niños y niñas, pero todo fue una burla. Hay personas beneficiarias que no han recibido la tarjeta porque tiene que ir a la cabecera municipal de Chilapa a recogerla. Prefieren quedarse sin el apoyo a correr el riesgo de perder la vida.  Han pedido que personal del programa puedan ir a la comunidad a entregar las tarjetas. Es imposible, porque la instrucción es que la gente tiene que bajar, sin que les importe el contexto de violencia que se vive en la región. No cuentan sus planteamientos ni las historias de paisanos que por ir al banco fueron asesinados o que algunos los bajaron del transporte para privarlos de la vida o desparecerlos. Las palabras de las madres y padres de familia sigue llevándoselas el viento porque no encuentran en las autoridades a los interlocutores sensibles, solidarios y comprensibles.

En esta región abandonada las autoridades se comprometieron a construir una universidad, una escuela de bachilleres para que los jóvenes sigan con sus estudios. Ahora la mayoría de los jóvenes dejaron de estudiar porque no hay maestros. Se les ha negado este derecho para romper con este círculo de la marginación, discriminación y exclusión social. Varios jóvenes se han ido de migrantes pero con las acciones que están ocurriendo con el presidente Trump, no hay posibilidad de tener un trabajo seguro, ¿cómo van a sostener a su familia?

Las comunidades que se movilizaron ante la tragedia de dos niños demandan la presencia de la gobernadora, porque ya no quieren más promesas y minutas que no se cumplen. Ya no quieren tratos indignos ni reuniones para calmar los ánimos y el enojo. Piden también la presencia de funcionarios de la fiscalía general de la república para que abran líneas de investigación por delincuencia organizada y portación de armas de grueso calibre.

La protesta del sábado también fue para convocar a las comunidades vecinas para que se solidaricen con los familiares de los niños asesinados, para que sus voces se unan al reclamo de justicia, para que pare la violencia y proteja a las comunidades asediadas por el crimen organizado. El mayor agravio son los niños que han sido asesinados en estas comunidades. Las autoridades no pueden permanecer impasibles, mucho menos tolerar estos crímenes. Tienen que actuar los 3 órdenes de gobierno porque el derecho a la vida en estas comunidades no está garantizado, mucho menos para la población más indefensa como son los niños y niñas indígenas que han perdido todo y que están bajo el yugo del crimen organizado. Las autoridades tienen que emprender en lo inmediato acciones efectivas que atiendan las causas de la violencia que es un problema añejo pero que lo han dejado crecer. Es urgente garantizar el estado de derecho, brindar protección a las comunidades que están atrapadas por la delincuencia. Investigar estos crímenes y comprometerse con la población más vulnerable. El gobierno tiene un compromiso ineludible de poner a salvo a la niñez indígena.