Siete años de injusticia e impunidad por el asesinato de Antonio Vivar Díaz

Tlapa, Guerrero, a 8 de junio de 2022. El día de ayer se cumplieron 7 años de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, integrante del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) y estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, de la ciudad de Tlapa.

En junio de 2015 en la capital de la Montaña se protagonizaron eventos violentos a causa de la desaparición de los 43 estudiantes. El Movimiento Popular Guerrerense que se conformó al calor de esta lucha social, decidió tomar varios Ayuntamientos para hacer pública la protesta por la inacción de las autoridades y de su complicidad con el crimen organizado. En una Asamblea Nacional Popular (ANP) las organizaciones sociales determinaron impulsar un boicot al proceso electoral el 7 de junio de 2015.

El MPG con el liderazgo de Antonio Vivar Díaz y de varios maestros de la CETEG de la Montaña tomaron el ayuntamiento de Tlapa por más de 8 meses, para exigir la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos. El día 7 de junio la policía federal detuvo de manera arbitraria a varios ciudadanos supuestamente por participar en la quema de un vehículo del Instituto Nacional Electoral (INE). Las personas detenidas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad, fueron presentadas en las instalaciones del 93 batallón de infantería con artefactos que les fueron sembrados. Esta fabricación de los delitos tuvo la intención de generar una mayor crispación social, al trasladar a los detenidos al puerto de Acapulco, señalados como responsables de la quema del vehículo. Ante esta arbitrariedad los familiares y colonos del Tepeyac, se organizaron y retuvieron los vehículos en que se trasladaban varios elementos de la policía federal. Bloquearon las calles y a más de una treintena de policías les quitaron sus armas largas y los introdujeron a la capilla de la colonia.

La población exigía el retorno de las personas detenidas y, por su parte,  el gobierno federal junto con el gobernador, Rogelio Ortega, planteaban la liberación de los policías detenidos. Ante la falta de operadores políticos y la ausencia de las autoridades locales, la situación se salió de control, tomando por asalto la capilla del Tepeyac tanto la policía federal como elementos del ejército. Con la entrega de los detenidos en Casa Guerrero el gobierno federal dio la orden para que el ejército y los federales arremetieran contra una población enardecida. En este caos provocado por las mismas autoridades federales, un elemento de la policía, que se encontraba retenido en la capilla del Tepeyac, sacó un arma que traía escondida dentro de sus botas para accionarla contra el compañero Antonio Vivar, quien de inmediato perdió la vida.

Estos hechos atroces cometidos impunemente por la policía federal siguen sin investigarse, a pesar de que existen pruebas contundentes de quien accionó el arma contra el estudiante Antonio Vivar Díaz. Fue una ejecución extrajudicial solapada por el comisionado federal de la policía, Francisco Galindo Cevallos, apoyado por los militares del 93 batallón de infantería.

A la fecha las investigaciones se encuentran sin el más mínimo avance. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene el expediente en reserva, pese a que existen datos de prueba para fincar responsabilidades a los policías federales

Las investigaciones realizadas por la CNDH establecen que las balas que impactaron en el cuerpo de Antonio Vivar salieron del interior de la capilla del Tepeyac donde se encontraban varios policías retenidos por la ciudadanía y testigos que estaban en el lugar vieron disparar a los policías federales. La FGR ha soslayado deliberadamente retomar tales datos de prueba pese a que el expediente de queja de la CNDH ya fue remitido a esa representación social.

Por lo demás, en el curso de las indagatorias funcionarios de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) y de la FGR perdieron evidencias relevantes e incurrieron en otras dilaciones e irregularidades y aunque se abrió una investigación por tales actos, los servidores públicos no han sido sancionados.

El gobierno federal y estatal de aquellos años desplegó acciones con evidente uso excesivo de la fuerza que derivó en el asesinato de Antonio Vivar y posteriormente omitió investigar.  Mientras que el gobierno actual se muestra insensible e indiferente ante las agresiones a defensores de derechos humanos y luchadores sociales, por el contrario, despliegan un discurso que genera un marco permisible para tales actos y propicia la impunidad.

Por lo anterior, exigimos a la Fiscalía General de la República agilizar las investigaciones, se ubique y sancione a los policías federales responsables y se sancione a los funcionarios que incurrieron en irregularidades en las indagatorias.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.