Un estado sin salud, educación ni seguridad

De acuerdo con las cifras recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), nuestro estado se ubica en el segundo lugar después de Chiapas, con 2 millones 173 mil personas que viven en situación de pobreza. En el 2020 se registraron 2 millones 363 mil, lo que significa que en estos dos años 189 mil personas salieron de la pobreza. En cuanto a pobreza extrema también hubo una disminución del número de personas, que pasó de 907 mil a 800.5 mil personas, lo que representa una disminución de 107.2 mil habitantes en ese mismo lapso. Estas cifras nos muestran una tendencia a la baja en cuanto al combate a la pobreza, sin embargo, la situación concreta es que la mayoría de familias guerrerenses enfrentan problemas sumamente graves porque sobreviven apenas diariamente y su precariedad económica se incrementa. Las familias resienten con mayor rigor el alza de los precios de la canasta básica. Ya no les alcanza el dinero para comprar tortillas, huevos, jitomate y chile. La carne de pollo se ha encarecido y la de res se ha vuelto un producto de lujo. El estómago vacío es lo que más preocupa y angustia a la gente que no tiene un ingreso seguro. El ambulantaje se ha transformado en la principal salida para contar con un ingreso mínimo y lograr que los hijos medio coman.

En cuanto al acceso a los servicios de salud la situación se complejiza porque el porcentaje de personas sin este servicio se incrementó de 33.5 a 52.7 por ciento, es decir, que un millón 899 mil personas no tienen garantizado este derecho. Lo mismo sucede con el rezago educativo que subió de 26.6 a 28.8 por ciento, que en números concretos arroja la cantidad de un millón 37.6 personas que no tienen acceso a la educación hasta el nivel medio superior. Los servicios de salud son pésimos y el acceso a la educación sigue restringido para la población pobre, que no cuenta con escuelas ni con maestros.

La pobreza en nuestro estado se manifiesta con mayor crudeza en las comunidades indígenas de la Montaña alta y baja y la Costa Chica. Prevalece una política etnocentrista que relega a las personas que se adscriben a un pueblo indígena. A pesar del incremento de programas sociales que buscan revertir los rezagos históricos, resulta insuficiente la inversión pública. El abandono ancestral de los gobiernos no se revierte con programas sociales, porque no atacan de fondo la desigualdad que está enraizada y que requiere un tratamiento más integral y de largo aliento para reducir la brecha de rezago histórico que persiste en la Montaña. En lugar de avanzar en la infraestructura básica, hay un enorme retroceso. Las comunidades indígenas siguen relegadas del presupuesto público y están condenadas a ser beneficiarias de una obra pública que regularmente es una calle pavimentada o una cancha techada. El gobierno estatal no hace aportes importantes para construir obras de mayor impacto regional, más bien espera que el gobierno federal se encargue de etiquetar recursos para el estado.

Un ejemplo de un problema que se generaliza en las comunidades indígenas son los caminos. En la temporada de lluvias quedan incomunicadas, la gente tiene que caminar para sus actividades básicas. Cualquier servicio de emergencia, como el traslado de un enfermo es imposible por el alto costo del transporte. Para desdicha de los habitantes todo se encarece y no hay dinero que alcance para comprar lo mínimo. No se le apuesta para que en la Montaña haya una gran inversión en carreteras que saquen del aislamiento a los 19 municipios y las centenas de comunidades indígenas. El programa de los caminos artesanales es una opción, pero tampoco es la panacea. Debe ser un complemento a una inversión mayor para que haya ejes carreteros que comuniquen a todas las cabeceras municipales. En la Montaña solo contamos con una ruta para ir a la capital del estado, que además es angosta y peligrosa. Nunca está en buenas condiciones. La carretera que va a Metlatónoc y Cochoapa el Grande está para llorar. Es un camino que está destrozado porque tiene verdaderas barrancas que provocan accidentes y dañan los vehículos. Más de 150 comunidades del pueblo na savi quedan incomunicadas y abandonadas.

Otro ejemplo de los rezagos sociales son las redes de agua potable y los sistemas de drenaje. Todos están rotos e inservibles y fue muy costosa su construcción. Son obras que fueron mal planeadas y que están mal hechas. Para las empresas contratistas que ni son de la región fueron un gran negocio, porque ya encontraron el modo para cobrar muy caro para el traslado de los materiales por lo intrincado de la orografía. Lo que construyen sólo funciona por unas semanas. Ya saben que una vez que firma la autoridad, difícilmente se les obligará a que vuelvan a realizar los trabajos. No hay obras que duren un trienio. Los contratistas ya saben que es un gran negocio trabajar en los municipios de la Montaña, porque a los presidentes sólo les interesa el pago del diezmo y no la calidad de la obra.

En salud los guerrerenses estamos en grave riesgo porque carecemos de especialistas que atiendan las enfermedades más comunes como las del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos principalmente. A nivel estatal no existe una institución de salud pública que atienda pacientes que tienen enfermedades del corazón. Solamente quienes tienen dinero y les da tiempo atenderse fuera del estado logran salvarse, pero la gran mayoría está condenada a morir, porque no hay cardiólogo que los atienda. En la Montaña sólo existe un hospital de segundo nivel que está en ruinas y que no cuenta con médicos especialistas. Tampoco proporciona medicamentos a los pacientes y no hay servicios de laboratorio. Las ambulancias están en pésimo estado y regularmente las familias de los enfermos tienen que sufragar los pagos de la gasolina, los viáticos del chofer y el pago del médico que acompaña al paciente. Es un gasto mínimo de 6 mil pesos para cubrir sólo el traslado a otro hospital.

En las comunidades indígenas, que son más de 700 distribuidas en los 19 municipios de la Montaña son contados los médicos que trabajan en algunas clínicas que hay en las comunidades más grandes y en las cabeceras municipales. Las familias que no tienen un ingreso seguro difícilmente salen de sus comunidades para acudir a la clínica de salud más cercana. Las madres que están embarazadas regularmente son atendidas por parteras, porque es muy caro trasladarse a Tlapa, y además el servicio es caro y deficiente en el hospital del niño y la madre indígena.

El Centro de Salud de Metlatónoc es un ejemplo del abandono y la indolencia de las autoridades. Es inadmisible que se siga dando consulta sobre charcos de agua y que una sala de operaciones tenga el techo dañado, por donde se filtra el agua. Llevan más de cinco años con estas instalaciones en mal estado lo que en cualquier momento puede causar alguna desgracia. En octubre del 2021, cuando visitó Metlatónoc el presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a construir el hospital. Sin embargo, nada ha cambiado, más bien, está a punto de colapsar la única institución médica que atiende a más de 60 comunidades na savi de la cabecera municipal. Esta situación obligó al personal médico a abandonar el centro, porque aparte de que es un lugar indigno, también es un peligro para los pacientes. Prefieren atender a la intemperie que correr el riesgo de que el techo se caiga.

Esto que pasa en Metlatónoc se reproduce en todas las cabeceras municipales, donde también las instalaciones médicas están descuidadas y sufren un grave deterioro. La obsoleta infraestructura de los servicios de salud requiere reparaciones de fondo y no remiendos a medias. Además se requiere equipamiento, mobiliario, medicamentos y suficiente personal médico. Las comunidades que se sienten afortunadas porque cuentan con algún médico sólo son atendidas en el turno de la mañana, porque el contrato de la doctora o doctor no da para más. Los mismos médicos y enfermeras no tienen seguridad laboral porque sus contratos no rebasan un semestre. Regularmente las autoridades ya no los renuevan con el argumento de que no tienen presupuesto para cubrir los salarios.

En la Montaña no hay personal médico que atienda a la población en general y tampoco hay maestros ni maestras de educación básica. Un gran número de protestas de los maestros y padres de familia se debe a que la Secretaría de Educación se niega a contratar más maestros con el argumento de que su techo financiero es insuficiente. Con estas posturas se sigue condenando a los pueblos de la Montaña a sobrevivir en el analfabetismo y resignarse a morir por falta de medicinas y médicos. El mayor gasto que realizan las familias es en la compra de medicamentos y de los útiles escolares. A pesar de estos sacrificios, las autoridades no son corresponsables ni están comprometidas para garantizar la salud y la educación a los más pobres de Guerrero.

No sólo ocupamos el segundo lugar nacional en pobreza, estamos en el epicentro de la violencia. Enfrentamos una grave crisis de seguridad a causa del contubernio de los gobiernos municipales con el crimen organizado. A pesar de las pruebas que hay de esta complicidad, las autoridades encargadas de investigar estos delitos no actúan con presteza para desmontar estas estructuras delincuenciales que fortalecen a los grupos políticos que actúan con total impunidad. En Guerrero la población pobre muere por falta de atención médica; la niñez y la juventud se hunden en el analfabetismo y todos quedamos inermes ante el poder de facto que están ejerciendo los grupos de la delincuencia que están incrustados en las esferas del poder público.