Violencia en el año nuevo

Por encima de los buenos deseos que compartimos entre los familiares y amigos, la trágica realidad se enseñorea en el mundo y nuestro continente. La renovación de promesas que hacemos para ser mejores en el año venidero se resquebraja con las malas noticias que nos llegan de todas las regiones del orbe. Siempre es reconfortante para quienes aún podemos darnos un tiempo de descanso, reencontrarnos con la gente cercana para compartir momentos de alegría. Nuestra mayor ilusión es iniciar el año con buenas noticias, con compromisos reales de los gobiernos que deben promover y alcanzar la paz y dar fin a las guerras que solo traen muerte y desolación.

No podemos mantenernos impasibles ante el genocidio de Gaza que ha traído destrucción y muerte entre la población civil, sobre todo de los niños y niñas y mujeres. También tenemos que condenar la intervención militar y los ataques perpetrados por el gobierno de Estados Unidos contra la república de Venezuela. Estas acciones militares han violado el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y la no intervención.  La agresión militar registrada en la madrugada del 3 de enero es una demostración de fuerza que se empeña en causar terror y someter con violencia a cualquier nación. Esta acción es una amenaza para la paz en la región porque un gobierno que se siente como el más poderoso del mundo se erige como un super policía que pisotea los derechos humanos para hacer justicia por propia mano.

Esta escalada militar compromete la vida, la integridad y los derechos humanos de la población venezolana y de la región en su conjunto. El llamado es a que cese de inmediato toda acción armada y prevalezca el respeto irrestricto al derecho internacional. Es también urgente atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano por medios pacíficos con garantías de verdad, justicia y reparación.

En medio de esta vorágine bélica, nos atolondra la propaganda fútil de los grandes consorcios comerciales que nos hacen creer que consumiendo sus productos encontraremos la felicidad. Somos presa fácil de la atmosfera consumista que nos esclaviza como compradores compulsivos que nos orilla a gastar lo que no tenemos. En este ambiente ficticio nos envuelve y arropa la vanidad y lo superfluo, el lucimiento efímero y los gastos suntuosos. Nos perdemos en la niebla de lo fatuo y quedamos atrapados en la entelequia del próspero año nuevo.

En nuestro estado los contrastes sociales son abismales: mientras en Acapulco miles de turistas disfrutaban la pirotecnia en la bahía, bailando y brindando, en la Montaña las detonaciones de armas largas retumbaban en la pesada noche del año nuevo. En la carretera que va de Huitzapula, municipio de Atlixtac a la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas se suscitaron dos hechos violentos. En la madrugada del miércoles 31 fue asesinado con arma de fuego el joven Rafael Castro Nava, un mentor de la Nación encargado de supervisar los negocios o empresas que se registran en el programa jóvenes construyendo el futuro. Su esposa que sobrevivió al ataque fue trasladada al IMSS-BIENESTAR de Tlapa.

En la mañana del primero de enero se reportó un incidente en la cabecera municipal de Copanatoyac. Tres jóvenes que circulaban en un auto en el centro de la población desobedecieron a los policías municipales que les había marcado el alto. La situación se complicó cuando el joven que manejaba el vehículo aceleró y derrapó. Al salir del vehículo sacaron sus armas para evitar la detención y en la trifulca los policías privaron de la vida a uno de los jóvenes y los otros dos quedaron detenidos. Al interior del vehículo encontraron más armas y cartuchos.

El viernes 2 de enero nuevamente volvió la violencia en la comunidad me pháá de Huitzapula. Desde las 7 de la mañana iniciaron las balaceras entre habitantes de Huitzapula y la policía comunitaria asentada en San Juan Escalerilla. En esta agresión perdió la vida la señora Natalia quien iba con sus dos hijos. Se desconoce en que estado de salud se encuentren. Durante el día se escuchaban detonaciones de armas de fuego. Los dos grupos permanecen apertrechados. La situación se ha complicado porque en las agresiones han incorporado drones que han caído en los techos y las casas del poblado. Las familias están atemorizadas porque no saben dónde guarecerse, porque varias casas son de teja. La población ha pedido la intervención de la guardia nacional que se encuentra en el crucero de Lucerito. A pesar de que hay confrontaciones armadas se mantiene al margen. Sus retenes son infructuosos porque las camionetas circulan con personas armadas sin ser molestadas. Ante esta pasividad la población deduce que están del lado de los delincuentes. Los llamados de auxilio no llegan a palacio de gobierno ni a la mesa de coordinación para la construcción de la paz.

Esta crisis de seguridad que nos coloca en el desfiladero de la muerte ha dado paso para que la población se arme y busque hacerse justicia por propia mano. En la Montaña hay lugares donde la delincuencia tiene el control de los caminos y lugares estratégicos para asaltar, asesinar o secuestrar. En Cochoapa el Grande la gente ubica a 3 grupos delictivos que se encuentran en la ruta que va a Dos Ríos. Nadie se atreve a denunciarlos, tampoco a enfrentarlos por el armamento que cargan. Las autoridades municipales saben, pero prefieren el silencio para no encarar a quienes delinquen. Varios asesinatos han quedado sin ser denunciados porque tienen que esperar por muchas horas al ministerio público y no están dispuestos a que los cuerpos se los lleven al Semefo. Las familias, que en su mayoría son jornaleras agrícolas optan por dar la vuelta hasta Ometepec para librarse de los atracos. Los pocos operativos que han realizado los cuerpos de seguridad son infructuosos porque solo se reducen a recorrer unos kilómetros de la ruta y se regresan. Van mas de 8 años que la gente sigue condenada a padecer el flagelo de la delincuencia.

Este problema no se erradicará con puras declaraciones a los 4 vientos. Tomando como referencia un texto de la profesora de derecho internacional público de la Universidad Complutense de Madrid, Thairi Moya Sánchez en un Estado no habrá cambios de fondo si existen al interior de las instituciones gubernamentales cadenas de encubrimiento, si el aparato de procuración y administración de justicia funciona con la lógica del negocio y no del derecho. Lo más grave es que existen algunas instituciones públicas donde la frontera entre la autoridad y el delito se desdibuja, y con ello se diluye la promesa básica de proteger a la población.

Con la descomposición de las instituciones de gobierno y el quiebre del estado de derecho, un estado deja de ser un muro fuerte y se vuelve más bien en el principal canal delictivo con la participación de los mismos funcionarios públicos que terminan actuando en contra de la gente que pide seguridad. En lugar de garantizar justicia brindan impunidad a los grupos criminales. Todo comienza con la simbiosis de pago de “favores” que se toleran en ambos lados del mostrador.

El problema de la corrupción no nace al margen de la burocracia; se robustece cuando recibe el beneplácito de los altos mandos que están en la cúspide de la pirámide. El funcionario de mayor rango se convierte en la bisagra que abre de par en par las puertas del Estado a la infiltración delictiva. “El crimen organizado adopta la lógica del parasitismo. Se alimenta de los presupuestos, las leyes, las protecciones y los uniformes oficiales, mientras deteriora los controles internos. Las normas se retuercen a conveniencia de los poderosos en detrimento de la justicia; se aprueban leyes que legitiman lo ilícito o se manipulan las ya vigentes para garantizar la impunidad, y los tribunales quedan paralizados bajo presiones políticas.”

Con la jerarquía contaminada y la legalidad maleable, la corrupción escala “de abajo arriba y de arriba abajo” en un círculo que reproduce las prácticas de la ilegalidad. Lo que sucede es que los altos mandos que se corrompen incorporan a sus subordinados, quienes se encargan de proteger a sus superiores. Ese intercambio profundiza la dependencia mutua y multiplica los delitos, pues quienes los cometen saben que, lejos de ser castigados, serán premiados por sostener la estructura.

“Cuando el parásito controla los sistemas inmunológicos del Estado —contralorías, fiscalías, cortes— emerge el aparato criminal en el Poder. Las leyes se adaptan al delito, la represión se convierte en negocio, los medios son silenciados y escrutar a los máximos responsables resulta prácticamente imposible”.

Consumada la metamorfosis, el Estado criminal adopta rasgos de cleptocracia —literalmente, “gobierno de ladrones”— donde el saqueo se vuelve política oficial. Los recursos públicos financian campañas, ejércitos privados y fortunas familiares; la fiscalización independiente se asfixia, y la violencia se normaliza como método de gestión de los conflictos o presiones sociales.

En ese entramado, la impunidad actúa como pegamento: sin castigos ejemplares a los verdaderos criminales, ni transparencia radical, la red se reproduce, se exporta y acaba integrada en estructuras transnacionales que la retroalimentan. Así, el Crimen Organizado Estatal —definido como la acción concertada de funcionarios de rango medio o alto que utilizan recursos públicos, por ejemplo, para cometer delitos como narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, deja de ser una suma de mordidas aisladas para convertirse en la captura total del Estado mediante corrupción, violencia selectiva, opacidad financiera y violaciones a los derechos humanos. Al final de cuentas lo que más le importa a los políticos es mantenerse en el poder y hacer grandes negocios con el erario público. La autora tiene razón al titular su texto con esta aseveración “Cuando el crimen organizado viste traje de estado.”