Voces silenciadas

Uno de los objetivos estratégicos del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad, es generar y promover procesos de comunicación, escucha y diálogo sociales e institucionales con las personas sobrevivientes, familiares y colectivos, sobre las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en los años de la guerra sucia, para contribuir a una cultura de paz, memoria y de respeto a estos derechos.

La centralidad de las víctimas es el eje rector en torno al cual gira todo el trabajo del MEH. Ellas son el punto de referencia de todo el proceso de investigación y representan la memoria intangible de un período cruento marcado por la violencia de Estado y las políticas de contrainsurgencia implementadas por el Ejército mexicano.

No es posible investigar la verdad de estos hechos sin la participación activa y creativa de las víctimas que encarnan la violencia del Estado, sin embargo, también representan la esperanza para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Este proceso de diálogo es para robustecer una investigación rigurosa con una metodología documental, testimonial y participativa. Se trata de garantizar una escucha con dignidad, con una dimensión horizontal y de sumo respeto para recuperar la confianza perdida en las instituciones del Estado.

Las víctimas de la violencia además de cargar con la pena y el dolor de sus seres queridos que fueron asesinados o que siguen desaparecidos, enfrentan amenazas y riesgos por alzar la voz. Son ignoradas, silenciadas y sin posibilidades de hacer valer sus derechos. Padecen las graves desigualdades que persisten en nuestro país y son revictimizadas sistemáticamente por la discriminación, el racismo y el clasismo.

Las mujeres, las niñas, los niños, las personas que pertenecen a pueblos indígenas y afromexicanos, las personas discapacitadas y las personas LGBTI+, sufren impactos diferenciados de estas violencias porque pesan los estigmas, los maltratos, el escarnio, los desprecios y los prejuicios de los mismos gobernantes y de amplios sectores de la sociedad, que son cómplices de estas prácticas que tienen como propósito denigrar la dignidad humana que es sagrada.

Para romper con estos circuitos del oprobio es imprescindible crear espacios de escucha que sean seguros y respetuosos y que coloquen en el centro a los familiares y sobrevivientes de graves violaciones a los derechos humanos. El gran desafío es generar espacios de dignificación de las víctimas, de restitución de sus derechos; de reivindicación de la memoria de mujeres y hombres que lucharon contra los gobiernos autoritarios y que asumieron la causa de los pobres. Hay la urgencia de escuchar las voces silenciadas, los testimonios de personas que han preservado el legado de quienes nos enseñaron a luchar por ideales, por convicciones éticas, por compromisos sociales y por las causas de la justicia, la libertad, la democracia y la igualdad.

Guerrero es un semillero de luchas revolucionarias, de gestas heroicas, de batallas que costaron mucha sangre y de rebeliones emblemáticas contra la esclavitud, la explotación, el saqueo, el despojo y el sometimiento político. Son memorables los movimientos sociales que se gestaron contra la usurpación de cargos civiles por parte de militares, contra los caciques desalmados y sus pistoleros que ostentaron cargos de comandantes y jefes de corporaciones policiacas sanguinarias, como la Motorizada, la Montada y la Policía Judicial.

Desde su creación Guerrero es un estado convulso, marcado por la represión y la militarización. Sus gobernantes se han caracterizado por su despotismo, su visión obtusa del poder, su megalomanía y sus instintos asesinos. Hemos padecido gobiernos que sólo basaron su poder en el uso de la fuerza para someter a una población insumisa. Se aliaron con los generales para implantar planes de contrainsurgencia y aplicar una política centrada en el terror. Nuestra historia está marcada por masacres, matanzas, desapariciones, ejecuciones, torturas, desplazamientos forzados, persecuciones, encarcelamientos por motivos políticos, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales de niñas y mujeres, incursiones militares en comunidades indígenas y estados de sitio.

Nuestro estado fue el laboratorio de la contrainsurgencia, de la guerra sucia auspiciada por varios presidentes de la República y diseñada por los altos mandos del Ejército. Es tristemente el campeón de las graves violaciones a los derechos humanos, del gran número de desapariciones forzadas, de matanzas a indígenas, campesinos, colonos, líderes sociales, maestros, universitarios, normalistas y periodistas. Es un territorio marcado por fosas clandestinas, donde proliferan los cultivos ilícitos e imperan los grandes negocios de la economía criminal auspiciados por la clase política corrupta y los mandos militares.

Esta mala fama que tiene nuestra entidad se debe a los malos gobiernos, a los políticos que se adueñaron de los cargos y los presupuestos públicos y encontraron en la represión la fórmula para contener el malestar social.

El Ejército se transformó en el poder represor que actuó sin ningún control de las autoridades civiles y pisoteó las leyes para utilizar las armas contra la población insurrecta destruyendo el tejido comunitario que permitía la sobrevivencia de las familias pobres en las zonas rurales. Se aplicó una política basada en la ocupación militar, en el estrangulamiento de la población al impedir la circulación de alimentos y destruir su precaria economía.

El uso excesivo de la fuerza militar fue lo que predominó en comunidades que simpatizaban con las ideas de dirigentes sociales como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Arrasaron con comunidades donde varios jefes de familia se incorporaron a las columnas guerrilleras. Persiguieron y violaron a mujeres y niñas para demostrar su saña y su poder impune. Las esposas y las hijas de los alzados eran el foco de la represión y el escarnio. Los lazos de sangre que unían a las familias eran destruidos con desapariciones o ejecuciones.

Los apellidos Cabañas y Vázquez aún son catalogados por los gobernantes y militares como gente forajida y malviviente. Como enemigas del gobierno que no merecen vivir. Fue el trato que padecieron por varios años, por eso a varios de sus familiares fueron asesinados o se encuentran desaparecidos. Un buen número optaron por la clandestinidad para ponerse a salvo.

Esta violencia no se ha desterrado de nuestro estado, sus raíces se han hundido a lo largo y ancho de nuestro territorio. Incubaron más violencias que son ahora la gran amenaza para la estabilidad política. Han fracasado los intentos por instaurar el estado de derechos y garantizar justicia a las víctimas.

Todos los esfuerzos han quedado truncos porque el poder de los perpetradores es infranqueable y manejan aún los hilos de la violencia estatal.

Será imposible transitar a una sociedad basada en el Estado de derecho y en la justicia si no se investiga y castiga a los responsables de las desapariciones, ejecuciones arbitrarias y torturas que han enlutado a decenas de familias guerrerenses.

La creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia es una iniciativa presidencial que fue impulsada por el movimiento nacional de víctimas que desde hace más de 40 años no han cejado en su empeño de dar con el paradero de sus seres queridos, de exigir justicia, de reivindicar su legado y demandar reparación de la multiplicidad de daños y agravios.

En esta conjunción de esfuerzos como MEH estamos en la ruta de establecer un diálogo abierto y público con los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la guerra sucia.

Lo fundamental es escucharlos, es incorporar sus testimonios, sus experiencias y sus expectativas para alcanzar justicia, memoria y reparación. Difundir sus voces y mostrar la fuerza de su palabra a lo largo y ancho de nuestro país.

Es impostergable dignificar a las víctimas, reconocer su gran contribución en las transformaciones sociales y en la cultura de los derechos humanos.

Dar credibilidad a sus palabras, construir una nueva narrativa desde el contexto en que padecieron las graves violaciones de sus derechos humanos.

Reconstruir las historias locales para la elaboración de una memoria colectiva que permita explicar y entender mejor todo lo que han sufrido y resistido.

Rescatar las acciones valerosas, las luchas solidarias, las vivencias luminosas, los pasajes trágicos que han querido ser borrados por la historia oficial.

Desenterrar las atrocidades de los perpetradores y señalar con nombre y apellido a quienes operaron los planes de contrainsurgencia para asesinar y desaparecer a familiares y amigos.

Rescatar el pasado desde las voces de las víctimas nos ayudará a extraer lecciones para el futuro, para que nunca más se puedan reeditar atrocidades desde las altas esferas del poder político.

Con el fin excelso de escuchar a los sobrevivientes y familiares de la guerra sucia del estado de Guerrero como MEH hemos organizado los Diálogos por la Verdad, como espacios de encuentro entre las víctimas para colocar su palabra en el centro de la reflexión y análisis. Como la palabra libre y valiente de quienes han sido pisoteados en sus derechos y despreciados por los poderosos. La palabra de quienes aún son perseguidos y amenazados, de quienes nos han enseñado cómo persistir en la lucha inspirada en ideales. Que con sus propias herramientas han roturado la tierra para buscar a sus familiares desaparecidos. Aprender de cómo desde la nada se han podido levantar y reconstruir su vida familiar y comunitaria, que su amor es grande e invencible y que nunca se resignarán a dejar de luchar y mucho menos a callar su verdad.

Los días 9 y 10 de diciembre iniciaremos Los Diálogos de la Verdad en el auditorio del Crea de Chilpancingo a partir de las 9 de la mañana.

Nos honrarán con su presencia compañeros y compañeras de diferentes regiones del estado que brindarán su testimonio y nos mostrarán la fuerza y la casta de su lucha.

Sus voces son luces que guiarán nuestro camino para cumplir con el mandato que nos han dado de escudriñar la verdad para alcanzar la justicia y honrar la memoria de quienes han hecho de Guerrero un estado combativo.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

 

Foto: Cuartooscuro