XXIV-INFORME-DE-TLACHINOLLAN.-MONTAÑA.-MANANTIAL-DE-LA-RESISTENCIA-TORBELLINO-DE-ESPERANZA
La intensidad de los acontecimientos nos impone un ritmo que parecen acelerar el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el segundo semestre de 2017 con los primeros seis meses de este 2018 pasaron de manera vertiginosa. Por eso no fue posible tener una tregua para dedicar tiempo a reflexionar como equipo los momentos más densos de nuestro trabajo. Con muchos esfuerzos, ampliando jornadas de trabajo y sacrificando momentos preciosos para la convivencia y distracción. Logramos materializar este informe tres meses después de lo planeado, donde plasmamos nuestro acompañamiento a un gran número de personas y colectivos que nos compartieron parte de su vida con la firme intención de luchar contra las situaciones que ponen en riesgo sus derechos fundamentales y sus bienes naturales.
Fue en este periodo en que Valentina Rosendo Cantú, logró con muchas lágrimas y esfuerzos que una juez sentenciara a dos militares por su responsabilidad de la violación y tortura sexual infringida. Pudo más su persistencia y su valentía para demostrar a nivel internacional y nacional que la verdad estaba de su lado. Es la primera vez que se logra en nuestro país, que dos militares sean sentenciados en el fuero civil.
La criminalización de los defensores comunitarios es un problema que se ha extendido en nuestro país. En Guerrero, se persigue y encarcela a indígenas y campesinos que se organizan para defender sus territorios. El caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) es un ejemplo de este patrón de criminalización y de cómo desde hace 15 años el Gobierno Federal sigue empeñado en construir la presa hidroeléctrica La Parota. Ante la férrea oposición de las y los integrantes del CECOP, las autoridades estatales se han encargado de dividir a los campesinos, de alentar la confrontación comunitaria y de llegar al extremo de provocar enfrentamientos entre los grupos atizados por empresarios gravilleros y operadores políticos del gobierno del estado. Hoy 25 defensores comunitarios del CECOP enfrentan procesos penales y su líder Marco Antonio Suástegui, está siendo señalado como el principal instigador de los hechos de violencia del 7 de enero de 2018 en la comunidad de La Concepción, municipio de Acapulco. La defensa jurídica de los 25 campesinos nos ha llevado a enfrentar a todo el aparato de justicia y seguridad del Estado, mismo que ha recibido línea del ejecutivo estatal para que por consigna política se mantenga en la cárcel al líder histórico del CECOP.
La firme convicción de defender los derechos del pueblo, ha llevado a que varios integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso enfrentarán procesos penales dentro de la cárcel.
Fueron acusados de secuestradores solo por concluir el mandato del pueblo de brindar seguridad y desmantelar los grupos de la delincuencia. Cuando las autoridades del Estado encargadas de la seguridad y de la investigación de los delitos constatan que existe un movimiento de pueblos decidido a arrancar de raíz a la delincuencia común y organizada, focalizan su trabajo en neutralizar a los grupos de la Policía Comunitaria y a fabricar pruebas contra los líderes más visibles. El caso de Arturo Campos Herrera es muy ilustrativo porque supuestamente fue autor de más de cuarenta secuestros y ninguna de las personas agraviadas lo señaló como el autor de los hechos denunciados. En todos los careos que tuvo, pudo demostrar su inocencia, sin embargo, la Fiscalía se empeñó en confinarlo en cárceles de máxima seguridad. En este informe damos cuenta de esta lucha legal ganada a pulso, demostrando que Arturo Campos es un defensor de los derechos del pueblo.
La defensa del territorio en la Montaña se da en la organización de los núcleos agrarios y con la fuerza de sus asambleas. Lo inédito de su lucha es que también han acudido a los tribunales federales para salvaguardar sus derechos. Juba Wajiín (San Miguel del Progreso), es el emblema de una defensa impecable que nació desde el corazón del pueblo, donde decidieron declararles la guerra a las mineras y al mismo gobierno federal por apropiarse de territorios que no son de su propiedad sin consultarlos y sin reconocerlos como pueblo indígena y quienes poseen la titularidad de sus tierras. Con ese ímpetu que les caracteriza ganaron el segundo amparo contra la declaratoria de libertad de terrenos emitida por la Secretaría de Economía y está en alerta para no permitir una decisión judicial que violente sus derechos, Júba Wajiín, es como el rayo de la Montaña que relampaguea y se incrusta en el clúster minero.
Presentamos con mucho pesar el caso de Ranferi Hernández, un luchador social de larga trayectoria que se enfrentó a los caciques del Estado, que denunció los crímenes como la matanza de 17 campesinos de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benitez y 11 indígenas Tu’un Savi de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres. En este ambiente de descomposición social y política, Ranferi Hernández fue torturado, asesinado, su cuerpo incinerado junto con el de su esposa Lucía Hernández Dircio, su suegra Juana Dircio, una señora de 94 años y su amigo Antonio Pineda quien manejaba el vehículo. Es un crimen que forma parte de las historias atroces que las autoridades han dejado en la impunidad. Hasta la fecha no existen indicios sobre el móvil del crimen y los responsables materiales e intelectuales.
La lucha que han dado las mujeres de la Montaña ha sido heroica y muy dolorosa porque la cultura patriarcal que se reproduce en la comunidad y en las mismas instituciones de Gobierno se ha empeñado en acallarlas y subyugarlas. A pesar de correr los riesgos de enfrentar situaciones extremas de perder la vida, muchas de ellas apelan a los recursos jurídicos para librarse del flagelo de la violencia de sus parejas. Han encontrado indiferencia e insensibilidad tanto de la agente del Ministerio Público como de algunas juezas que siguen reproduciendo visiones misóginas y discriminatorias que revictimizan y colocan en estado de mayor indefensión a las mujeres que se han atrevido a denunciar. Son preocupantes los casos de feminicidio que se han consumado en varias comunidades indígenas y que son producto de esta inacción de las autoridades que no dimensionan el problema de la violencia institucionalizada y del total abandono en que se encuentran las mujeres. A pesar de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en nuestro estado las mujeres no han encontrado ningún recurso eficaz para poner un alto a los feminicidios.
La lucha de los pueblos contra la militarización se libra en los lugares más apartados como en Juquila Yucucani, donde el Ejército arremetió contra las mujeres indígenas criminalizando su pobreza ¿Qué pueden esperar estos pueblos con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior?
La Reforma Educativa para los pueblos de la Montaña se ha traducido en menos escuelas y en menos maestros. No hay presupuesto para abatir el analfabetismo y más bien, los burócratas de la educación siguen con el cuento de que la reforma es para garantizar una educación de calidad, es decir, reprobar a los niños y maestros de la Montaña para excluirlos del sistema educativo porque son los sectores sociales que desecha este sistema.
Un tema que nunca hemos dejado de documentar es la situación de los jornaleros y jornaleras agrícolas, que conforman la población más vulnerable de la Montaña son los pobres entre los pobres, los “sin tierra”, que se han visto obligados a vivir por más de seis meses fuera de su comunidad, ante la imposibilidad de lograr el sustento dentro de su núcleo agrario. Estas familias tienen que salir con sus hijos e hijas a trabajar para reproducir un sistema semi esclavista que condena a estos trabajadores a la sobreexplotación de su fuerza de trabajo.
En el surco nacen, crecen y mueren niños, jóvenes, mujeres y ancianos, porque para el gobierno no representan una población que les genere costos políticos. Los pocos programas que existían se cancelaron y el raquítico presupuesto que se autorizaba para la población jornalera lo desaparecieron de un plumazo. Cada año mueren más jornaleros agrícolas en los campos, se registran más accidentes de niños, niñas y de muertes maternas. Ninguna autoridad se encarga de atender estos casos que estadísticamente no existen.
En este informe agradecemos las colaboraciones de Abel López Rosas, María de Lourdes Herrasti Maciá, Gabriela Carrión Lee, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Maribel González Pedro, Inés Giménez y Matilde Pérez Romero, quienes generosamente contribuyeron con sus textos en este informe. Apreciamos mucho la plena disposición y el gran interés mostrados, sobre todo su compromiso y cercanía de los temas y casos que abordaron. Son un aporte importante, porque están escritos con el corazón y con la convicción de que se necesita hacer visibles realidades que duelen y que el gobierno busca ocultar.
Para Tlachinollan es un gran privilegio que Omar Inzunza, un compañero ejemplar que ha puesto toda su creatividad en favor de las mejores causas por las que luchan los pueblos de México, nos haya distinguido con una de sus obras para darle vida al informe “Montaña: manantial de las resistencias, torbellino de esperanza”, agradecemos la colaboración del proyecto Gran Om y Kloer.
A las compañeras Atziri Ávila y Claudia Patricia Gasca Mendoza que llevan en el corazón a Tlachinollan, les reconocemos su pasión y entrega por cuidar todos los detalles que requiere la edición de este informe.
En este arduo caminar por la Montaña hemos tenido la dicha de conocer a fundaciones de gran prestigio que han abrazado la causa de los derechos humanos en México. En esta coordinación de esfuerzos queremos hacer patente nuestro agradecimiento a la Fundación MacArthur, por el apoyo brindado para la publicación de nuestro vigésimo cuarto informe, aclarando que los contenidos son responsabilidad de nuestra institución y de los compañeros y compañeras externas que colaboraron con sus textos.
La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los Me’phaa, Na’savi, Nauas, Ññancue y mestizos.