7 años de impunidad para estudiantes de Ayotzinapa víctimas de ejecución extrajudicial en diciembre de 2011

 

  • A 7 años de los hechos, siguen sin investigarse las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.
  • El nuevo gobierno federal debe asegurar la investigación de los responsables directos y de altos mandos, entre ellos el antiguo gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Tlapa de Comonfort, Guerrero y Costa Rica, 13 de diciembre del 2018.- Han pasado 7 años de las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Alexis y Gabriel, los dos jóvenes normalistas que fueran asesinados en la autopista del sol en 2011, en una brutal represión en la que participaron integrantes de la policía federal, estatal y ministerial. En estos años, las autoridades del Estado han decidido no investigar a los responsables de estos hechos atroces ni brindar justicia a las familias. 

Cabe recordar que este caso fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien emitió la recomendación 1 VG/2012, en donde una de las principales recomendaciones realizadas era la de iniciar un juicio político contra el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero y fincar responsabilidades penales a los miembros de la policía ministerial, estatal y federal por haber ordenado y ejecutado el operativo violento contra los normalistas. La recomendación nunca fue acatada e incluso el ex gobernador se había postulado para diputado federal. Los dos policías procesados fueron liberados por deficiencias en la investigación, mientras el resto de los 168 policías no se les inició ningún proceso penal o administrativo. 

Pese a que legalmente la Fiscalía General del Estado puede seguir investigando desde el año 2013 cuando fueron liberados los dos Policías Ministeriales el expediente se archivó, sin que a la fecha exista ningún impulso procesal. Lo mismo ocurre con las averiguaciones previas iniciadas por los actos de tortura contra varios estudiantes que se encuentran estancadas.

Es ante esta inacción del Estado mexicano para la investigación de los hechos y el castigo hacia los responsables, en el 2015 las familias decidieron acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante un escrito de petición a fin de obtener justicia. 

El día de ayer como todos los años desde el 2011, se realizó una marcha en la capital del estado hasta el sitio donde fueron abatidos los estudiantes, donde la familia estuvo acompañada de organizaciones, jóvenes normalistas y de diversa gente que se ha solidarizado con su búsqueda de justicia en donde una vez más la exigencia fue no más impunidad en su caso. María de Jesús Tolentino, madre de Gabriel señaló enérgicamente: “Ángel Aguirre Rivero los mando a matar y queremos justicia”. 

Este caso demuestra nuevamente la necesidad del cambio del paradigma en la seguridad pública, en donde casos como los de Alexis y Gabriel no continúen ocurriendo, por lo cual manifestamos nuestra preocupación ante la propuesta del nuevo gobierno de crear una Guardia Nacional, ya que se siguen priorizando modelos de militarización de la seguridad pública por encima de modelos donde los derechos humanos sean el centro de la actuación de las fuerzas de seguridad. Asimismo, alzamos la petición al Estado mexicano para que se atiendan los casos de Alexis y Gabriel y se garantice la investigación, juzgamiento y sanción para todos los responsables, particularmente a los funcionarios públicos implicados en la masacre.  

La impunidad en este caso generó un marco permisible para que las graves violaciones a los derechos humanos en Iguala el 26 de septiembre hubiesen ocurrido. De haber existido verdad, justicia, castigo a los culpables y garantías de no repetición en este caso, no tendríamos 43 estudiantes desaparecidos. 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C. (Tlachinollan) 

 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)