FICHA INFORMATIVA | Violaciones graves a los derechos humanos en La Concepción, Guerrero |

11 de enero de 2018.- El 7 de enero se suscitaron hechos de violencia en Cacahuatepec en la zona rural de Acapulco, Guerrero, Mexico. El primer enfrentamiento ocurrió alrededor de las 3:00 AM entre policías comunitarios de la Casa de Justicia de La Concepción y personas armadas. Este tuvo como resultado la muerte de dos policías comunitarios y seis de las personas armadas. Un segundo enfrentamiento entre la Policía Comunitaria y un operativo de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad, sucedió alrededor de las 11:00 AM, y dejó un saldo de tres policías ejecutados extrajudicialmente.

La actuación parcial e irregular del Estado frente al conflicto añejo derivado de la construcción de la presa La Parota dieron pauta al conflicto intracomunitario para después incursionar de manera extremadamente violenta, utilizando las fuerzas policiales en un operativo letal y violatorio de los derechos humanos que dejó personas ejecutadas extrajudicialmente,  torturadas y detenciones arbitrarias, así como un ambiente de vulnerabilidad para familias que desde años anteriores decidieron organizarse a través del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) con el objetivo de  defender su derechos al territorio y al consentimiento libre, previo e informado.

En los hechos recientes se detectaron irregularidades desde el inicio de la detención de policías comunitarios, personas que se encontraban en reeducación y personas civiles (por parte de más de 200 elementos de fuerzas de seguridad). Estas condiciones irregulares persisten ahora que se encuentran en El Centro de Readaptación Social (CERESO) de Las Cruces en Acapulco. La situación indica que las autoridades no están actuando de buena fe. Las decisiones que están tomando en el proceso muestran que sólo en apariencia se conducen dentro de la legalidad. Estas irregularidades se observan tanto en la información proporcionada por las autoridades en relación a los detenidos, como en los procedimientos.

En un inicio, el número de detenidos fue difícil de determinar debido a que las propias autoridades proporcionaban información contradictoria. En un primer momento se informó sobre la detención de 30 personas; después en un comunicado del Gobierno del Estado la cifra cambió a 38. El día 9 de enero, a los abogados defensores se les informó que en la Fiscalía General del Estado de Guerrero se encontraban 21 personas detenidas, mientras que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) obtuvo información de 25 detenidos por familiares que se encontraban afuera de esta instancia. Los detenidos en la Fiscalía en ese momento consistían en policías comunitarios, personas que se encontraban en proceso de reeducación, integrantes del (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y civiles que se encontraban en la zona del enfrentamiento, y en espacios aledaños a la comunidad de La Concepción.

La falta de certeza en la información era grave porque (de acuerdo a pobladores de las comunidades) había personas de las que no se conocía su paradero y posteriormente se tuvo conocimiento que dos de los tres policías comunitarios ejecutados en el segundo enfrentamiento fueron detenidos y posteriormente ejecutados. Actualmente, son 25 los detenidos que se encuentran en el CERESO de Las Cruces, Acapulco: 11 de ellos son policías comunitarios, 2 estaban en proceso de reeducación y 12 son civiles. Del total, 23 pertenecen al CECOP.

Hasta el momento, el CDHM Tlachinollan ha documentado diversas violaciones a los derechos de acceso a la justicia y a un juicio justo, y a la seguridad e integridad personal de los detenidos. En primer lugar, durante las detenciones hubo indicios claros de al menos 8 casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Cuando detuvieron a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del CECOP, la policía estatal lo llevó a un cerro aledaño a La Concepción. Le subieron la playera a la cabeza con la intención de que no supiera a dónde lo llevaban. En ese lugar, lo golpearon severamente en la cabeza; con un palo de moringa lo azotaron en la espalda y le bajaron los pantalones para golpearle en la zona de los glúteos. Mientras lo golpeaban, los policías estatales lo amenazaron diciéndole: “Ahora sí te vas a chingar, te vamos a empapelar”; también le hicieron amenazas de muerte. Lo golpearon en diversas partes del cuerpo por varios minutos hasta el punto en que quedó inconsciente. Durante la grave agresión, le ordenaron constantemente que disparara un arma de fuego y por ello no recuerda si al estar inconsciente terminó por accionarla. Otro de los detenidos es una persona mayor que durante su detención en La Concepción fue arrastrado varios metros, lo que le provocó lesiones graves que tardan en sanar más de 15 días. A otro de ellos, un policía lo golpeó, le bajó los pantalones y le tocó partes del cuerpo de manera lasciva mientras le gritaba: “Vas a ser mi puta”. Al momento de entrevistarse con los abogados del CDHM Tlachinollan, ellos pudieron constatar a simple vista que todos los detenidos habían sido agredidos físicamente.

A todos los mantuvieron en un estado de incomunicación. No se garantizó que defensores de confianza pudieran comunicarse con los 25 detenidos en la Fiscalía hasta el día martes 9 de enero. No se permitió que los detenidos pudieran realizar una llamada telefónica hasta el segundo día de su detención. Se negó a sus familiares poder comunicarse con ellos y proporcionarles información sobre su situación jurídica. Además, durante la mañana del mismo martes 9 de enero recibieron insultos y amenazas por parte de los guardias de seguridad de la Fiscalía. También les informaron que los detenidos eran tratados de manera adecuada, pero los abogados del CDHM Tlachinollan observaron que la sala en la Fiscalía donde se encontraban permitía deducir que probablemente habían dormido sentados, pues no había espacio ni instalaciones para que durmieran de manera digna.

Mientras los abogados del CDHM Tlachinollan se encontraban en la Fiscalía para asumir la defensa jurídica de los detenidos, las autoridades les dieron personalidad jurídica para un proceso penal por narcomenudeo. Sin embargo, no se les informó sobre la nueva carpeta de investigación existente por homicidio calificado de las 6 muertes ocurridas durante la madrugada del 7 de enero. Esto conduce a pensar que esta acción funcionó como un distractor para obstaculizar una defensa adecuada para los detenidos, incluyendo una defensa de su elección y el desarrollo de los medios adecuados para la preparación de su defensa. El mismo martes 9 de enero en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Tabares, alrededor de las 9:00 AM -y minutos antes de la audiencia inicial- los abogados del CDHM Tlachinollan tuvieron conocimiento de que ésta sería por homicidio y no por narcomenudeo, lo cual demoró que asumieran su calidad de representantes legales y abría la posibilidad de que un defensor público lo hiciera.

Asimismo, se argumentó que debido a que las salas de audiencia eran muy pequeñas para los 25 detenidos, sólo un número limitado de abogados podrían entrar a la audiencia. Además, se determinó por la juez de control que la audiencia sería privada sin dar argumentos jurídicos claros y razonables, pues primero se informó que sería por la capacidad de espacio de la sala y después por la naturaleza del delito. Estas no son razones válidas de acuerdo a la legislación vigente y a los estándares internacionales de derechos humanos. La actuación de los operadores de justicia no fue clara debido a que a pesar de que señalaban la existencia de protocolos de actuación, no se informaba de manera clara a sus abogados y personas defensoras del CDHM Tlachinollan sobre el procedimiento para la audiencia inicial. Por otro lado, antes de dar inicio a la audiencia, al observar que tres de los detenidos no contaban con calzado (desde hacía tres días), la juez de control ordenó que se les proporcionara, de lo contrario no iniciaría la audiencia. Todos los detenidos no habían probado alimento desde la mañana y sólo entre las 10:00 y 12:00 AM pudieron hacerlo. Derivado de la audiencia, se otorgó un periodo de 144 horas que vencen el próximo lunes 15 de enero para la presentación de pruebas.

El CDHM Tlachinollan ha presentado un amparo contra el traslado de Marco Antonio y Vicente Suástegui Muñoz para evitar que -de nueva cuenta- las autoridades estatales utilicen esta medida extrema para obstaculizar una defensa adecuada e impedir que su familia y miembros del CECOP puedan visitarlo. Esta acción evidenciaría que el trato que se le sigue proporcionando al defensor sea el de un delincuente peligroso, cuando en realidad se trata de un defensor comunitario que ha demostrado a lo largo de 14 años tener un compromiso probado con su pueblo en la defensa de su territorio. Su defensa contra la presa hidroeléctrica La Parota ha sido conocida y acompañada durante estos años por diversos mecanismos y organizaciones internacionales, incluyendo Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el ex Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Rodolfo Stavenhagen, la actual Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz y el ex Relator Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Miloon Kothari, entre otras.

Desde el CDHM Tlachinollan condenamos los hechos de violencia ocurridos la madrugada del 7 de enero en La Concepción. Llamamos a las autoridades a realizar una investigación independiente, profesional, imparcial, apegada a derecho y garantizando los derechos de acceso a la justicia, juicio justo y a la seguridad de la persona.

Por otra parte, repudiamos el uso excesivo de la fuerza, la violencia letal de la policía, la violación a los derechos humanos de la ciudadanía, y la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes cometida por elementos policiacos del estado.

Somos conscientes de la fuerza ilegal que están ejerciendo personajes solapados por el gobierno que tienen intereses económicos y de otro tipo en la región, que quieren arrebatar la tierra y sus recursos a los campesinos, y que buscan erradicar de cualquier modo el esfuerzo de seguridad y justicia comunitaria emanada de los pueblos indígenas ante el embate capitalista.

Además, nos encontramos sumamente preocupados por la situación actual que priva en la comunidad de La Concepción. Pobladores expresaron su temor en relación al recorrido por algunas comunidades del Comisario Municipal de La Concepción, Florentino Melchor León, con el apoyo de la Policía Estatal y la Policía Ministerial, pues en ellas está señalando a personas del CECOP para que sean interrogadas y algunas detenidas. Esta presencia intimidatoria continúa enrareciendo el clima de inseguridad de la región, ya que se mantiene la persecución e intimidación en contra de los simpatizantes del CECOP para ser señalados como responsables de las muertes del enfrentamiento del domingo en la madrugada.

Hacemos un llamado a las organizaciones y a la sociedad en general para que exijan a los gobiernos federal, estatal y municipal de Guerrero que no permita ni participe en acciones que vulneran a familias, quienes por temor no dan su testimonio público, temen por sus hijas e hijos y por sus vidas, han frenado su actividad diaria de sustento y están observando cómo continúan las agresiones en total impunidad.