INFORME AYOTZINAPA | Investigación y primeras conclusiones

Entrega el GIEI su informe de 6 meses de trabajo

A la entrega acudieron los peticionarios: familiares de los jóvenes, normalistas sobrevivientes y autoridades del Estado, representantes de embajadas, así como miembros de organizaciones civiles y de la academia, líderes de opinión y diversas personalidades, entre otros.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entregó este día el “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y muertes de los estudiantes de Ayotzinapa”, en el que condensa los resultados del trabajo realizado durante los 6 meses que duró su mandato inicial para brindar asistencia técnica ante los hechos que se dieron en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

A la entrega asistieron mamás y papás de los jóvenes desaparecidos, de los jóvenes asesinados y heridos, así como normalistas sobrevivientes de los hechos. Por parte del Estado mexicano, asistieron integrantes de la comisión tripartita –integrada por la Segob, la PGR y la SRE-, con quienes los expertos han trabajado a lo largo de estos seis meses, además de legisladores y diversos funcionarios.

Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Francisco Cox explicaron brevemente los hallazgos más significativos respecto los hechos vividos esa noche y la investigación de los mismos por parte de la PGJ y la PGR, los hallazgos realizados por el Grupo, las conclusiones de las investigaciones realizadas y las recomendaciones para el seguimiento del caso y las políticas más generales frente a la desaparición de personas en México.

Como parte de dicho mandato, el Estado mexicano reiteró su disposición para fortalecer sus capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas así como las de la investigación de los casos de desaparición forzada, a partir de las recomendaciones emitidas por el GIEI.

Durante la entrega del informe, el GIEI agradeció a las autoridades de México que han facilitado su trabajo, pues sin su apoyo su labor no podría haberse llevado a cabo; así como a los familiares y sus representantes por la confianza depositada en el grupo.

Después de referir brevemente cómo trabajaron, los integrantes del Grupo dieron cuenta de la reconstrucción de hechos y el análisis de la investigación que constituyen la parte central del informe. Entre los temas que abordaron están:

La experiencia de los familiares y víctimas es una parte fundamental del informe. Las voces de los familiares hablan del dolor de la desaparición forzada, las consecuencias de la pérdida incierta y ambigua, así como sus esperanzas de encontrarlos. También el impacto del quiebre en la confianza frente al Estado debido a la intervención de fuerzas de seguridad del Estado en los hechos, y los impactos vividos como consecuencia del manejo del caso y de las respuestas dadas a los familiares. Comprender la experiencia de las víctimas es fundamental para poner en marcha medidas de atención a las víctimas y prevenir la victimización secundaria de que los familiares han sido objeto. Cualquier programa de atención debe partir de este análisis que el informe reconstruye a partir de entrevistas con los familiares de 47 víctimas entre familiares de desaparecidos,  normalistas asesinados y heridos, así como con normalistas sobrevivientes.

Hechos. De la reconstrucción de hechos resalta que los normalistas llegaron a las afueras de Iguala con la intención de tomar autobuses para la marcha anual por el 2 de octubre, en la que se conmemora la masacre de Tlatelolco en 1968, pero sin pretender ingresar al centro de la ciudad. Tras tomar un autobús en el camino, se dirigieron de forma rápida a Iguala para dejar el pasaje, momento en el que quedaron encerrados en dicho vehículo y llamaron a sus compañeros, quienes se dirigieron a la central de Iguala para rescatarlos en los otros dos autobuses. En ese momento, los normalistas tomaron tres autobuses más.

Por lo anterior, cinco autobuses salieron de la estación por diferentes rutas, con el objetivo de salir de Iguala y dirigirse a Ayotzinapa.

Los normalistas llegaron al zócalo de Iguala cuando el evento del DIF hacía tiempo que había finalizado, no boicotearon ningún acto y no llevaban armas. Por otra parte, las autoridades conocían desde las 17:59 horas, a través del C-4, que los normalistas se dirigían a las afueras de Iguala y vigilaron in situ sus actividades. Es decir, no fueron confundidos con ningún grupo de la delincuencia organizada.

Los ataques contra los normalistas incluyeron nueve escenarios y episodios de violencia diferentes, en los cuales murieron seis personas, entre ellas dos normalistas que fueron ejecutados con disparos a quemarropa y otro más torturado y después asesinado. Además de los 43 jóvenes desaparecidos, otras cerca de 120 personas sufrieron ataques contra sus vidas por ser objeto de disparos; casi 40 de esas personas resultaron heridas, algunas de ellas de extrema gravedad, además de que un grupo de 14 normalistas fue perseguido. Los ataques se dieron entre las 21:40 horas y las 2:00 horas de la mañana aproximadamente, de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, lo cual muestra una capacidad operativa y coordinación de las acciones de nivel centralizado.

La investigación del GIEI ha mostrado que existía información compartida de lo que estaba sucediendo en el ataque a los normalistas entre diferentes corporaciones del Estado a través del C-4 y a través de otros mecanismos e instituciones.

El GIEI examinó las 4 diferentes versiones existentes en el expediente sobre el destino de los normalistas. Dichas versiones son: que fueron llevados a Loma de Coyotes, a una Casa de seguridad de las Lomas, al basurero de Cocula y que se trataba de un ataque a un autolavado denominado Los Peques de los Benítez Palacios. Dichas versiones tienen fuertes diferencias entre sí, algunas de ellas se contradicen con los hechos demostrados, y cada una de ellas muestra diferencias en cuanto a las declaraciones de los inculpados con numerosas discrepancias, versiones y distintos señalamientos. Dichas contradicciones e inconsistencias suponen numerosas dudas para la investigación. Debido a que la versión señalada como más verosímil en la investigación de la PGR era la del basurero de Cocula y las contradicciones existentes entre las confesiones, el GIEI encargó la realización de un peritaje sobre dinámica del fuego en dicho basurero. El estudio fue realizado por un experto internacional en fuego e investigaciones de ese tipo, cuyas conclusiones son recogidas en el informe. Dicho estudio contrasta los testimonios de inculpados, el tiempo referido de la quema, el combustible que se señala que se utilizó, la inspección del lugar y el diálogo y examen con los peritajes realizados por la PGR anteriormente. Sus conclusiones muestran que la quema de 43 cuerpos en dicho lugar, en el tiempo de 15-16h señalado en los testimonios no pudo haber sucedido.

Entre las revelaciones del informe se incluye también la existencia de un 5º autobús, Estrella Roja, que no se encontraba en la historia recogida en el expediente de la PGR, a pesar de que dicho autobús fue referido por los 14 normalistas que lo tomaron y que sobrevivieron a los hechos. Dicha omisión en la historia oficial de los hechos y en el expediente fue señalada a la PGR por parte del GIEI. La existencia de dicho autobús fue probada por el video proporcionado por la empresa tras la petición realizada por el GIEI. Tras investigar el tema, se presentan fuertes inconsistencias entre las declaraciones de testigos y el registro de la bitácora del autobús respecto de los hechos en que estuvo involucrado y el trayecto seguido esa noche, así como las circunstancias en que fue detenido. Así mismo hay una falta de congruencia entre la inspección del autobús realizada por el GIEI y las imágenes del registro de video de la central de autobuses en donde aparece. Todos esos elementos muestran que dicho autobús puede tener un papel significativo en la explicación a la agresión contra los normalistas. Hay que tener en cuenta que existen procesos abiertos en EEUU sobre tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, y que dicho tráfico se hace en parte a través de autobuses, lo que podría haber llevado a la respuesta violenta contra los normalistas que se llevaron ese autobús de forma circunstancial. Dichas evidencias e indicios deben ser investigados por las autoridades.

El informe analiza las acciones de búsqueda emprendidas por la PGJ y la PGR. Se analizan las búsquedas realizadas en las primeras 72 horas, que son las más importantes para la búsqueda de los desaparecidos, y señala también las acciones de búsqueda que debieron hacerse en dichos momentos. Además, se evalúan las búsquedas realizadas posteriormente, la dependencia de la información proporcionada por los familiares y la inexistencia de hipótesis de búsqueda fundamentadas en los hechos, especialmente a raíz de que la PGR señalara una versión de que los normalistas habrían sido asesinados, quemados y desaparecidos en el basurero de Cocula.

El informe incluye recomendaciones para el caso Ayotzinapa. Dichas recomendaciones subrayan la importancia de continuar unificando la investigación ya iniciada y considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos no recogidos; llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes y agotar todas las declaraciones testimoniales solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado. Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías. Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI. También señala la necesidad de investigar posibles responsabilidades por su posible participación o no acción frente a los hechos, así como mantener los procesos de búsqueda abiertos con nuevas hipótesis en función de la información aportada en el informe.

El GIEI espera que su informe constituya una herramienta para la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos en el país.

El GIEI fue creado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.

Su actuación forma parte de las Medidas Cautelares MC/409/14 y se da en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de los derechos humanos en la región.

Su mandato inicial tuvo una duración de 6 meses, que transcurrieron del 2 de marzo al 2 de septiembre, y en la actualidad sigue su trabajo hasta que se definan las condiciones de una posible prórroga para proseguir con la investigación y el cumplimiento de las recomendaciones.