Opinión | ATIZANDO EL FUEGO DE LA VIOLENCIA

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

La quema de tráilers, autobuses y urvans en los últimos días está mostrando el poder de los grupos delincuenciales que se encuentran a la ofensiva. Las balaceras no cesan, no solo entre los grupos delincuenciales sino entre miembros de las corporaciones policiales. La guerra en las redes sociales ha mermado en el ánimo de la gente al grado que las cabeceras municipales de Zumpango y Petatlán la actividad comercial se ha paralizado, las escuelas se han cerrado y algunas carreteras han sido tomadas por bandas del crimen organizado. A pesar de la presencia y de la postura del Gobernador de que “la fuerza del estado no puede quedar sometida a ningún grupo delincuencial”, la violencia sigue escalando.

Hemos constatado  el despliegue de estos grupos en varias regiones del estado con acciones claras que desafían las fuerzas de seguridad del estado. La violencia está resultando cara a los ciudadanos y ciudadanas por todas las afectaciones que está causando tanto en el ámbito personal, familiar y comunitario. Los daños son severos por el miedo, la incertidumbre, la parálisis social y el sometimiento a un poder destructor. Esta situación está afectando a toda la sociedad y está obligando a la ciudadanía a tomar medidas extremas para ponerse a salvo ante la amenaza creciente de las organizaciones criminales. La mayor parte del tiempo la gente lo invierte en tomar medidas de seguridad, en buscar nuevas formas de autocuidado y en replegarse en sus domicilios. Ha perdido la confianza en las instituciones y autoridades encargadas de velar por su seguridad. Existe más bien un gran malestar porque los políticos se han desentendido de los problemas que más agobian a la población.

Lo grave de esta situación es que no hay un rumbo seguro que dé certeza a la ciudadanía de que se están sentando las bases para desmontar la estructura delincuencial que se ha enraizado en las mismas instituciones gubernamentales. Lo preocupante es que hay una gran descoordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, que además arrastran múltiples carencias y se encuentran diezmadas en su capacidad de reacción. Solo en la apariencia, cuando portan armas afuera de los recintos públicos, infunden miedo, sin embargo, cuando se requiere su intervención para hacer frente a quienes accionan sus armas en la vía pública, se esfuman.

Se ha llegado al extremo de pensar que la delincuencia puede más que las fuerzas del estado, es más, existe la creencia de que más bien varios elementos policiales se ha puesto al servicio del crimen organizado. Por eso la violencia no amaina, por el contrario, se exacerba y se expande en los espacios públicos y privados. Es como el fuego que arrasa con todo y que no hay fuerza que lo detenga.

Con el nuevo gobierno federal, la guardia nacional, ha adquirido un lugar prominente en la estrategia de la seguridad, al grado que los gobiernos estatales y municipales han dejado de ejercer las tareas que les corresponden y siguen postergando la capacitación y profesionalización de sus cuerpos policiales. Se ha vendido la idea de que la guardia nacional será la nueva panacea de la cuarta transformación, que será un cuerpo de elite a imagen y semejanza de los rambos de Sylvester Stallone, que paradójicamente no usaran la fuerza para imponer el orden. Se guiaran por un código de ética y serán respetuosos de los derechos humanos. Esta figura del policía ideal, aún no existe. El ciudadano común solo ve pasar a vehículos con el letrero de guardia nacional y también observa el desplazamiento de sus elementos en las calles y entronques carreteros. Aún se desconoce cuáles son sus funciones específicas, qué papel tendrán que desempeñar para contener la embestida delincuencial y cómo protegerá a la población.

Las mismas autoridades estatales y municipales, están a la espera de que este nuevo cuerpo de seguridad tome las riendas en la nueva política de seguridad. A pesar de que en varias regiones del estado se realizan mesas de coordinación estatal para la construcción de la paz, no se ve que tome cuerpo una estrategia diferente en el tema de la seguridad. El intercambio de información no se traduce en acciones contundentes. Por la vía de los hechos no hay quien realice los operativos de seguridad. Todos los cuerpos de seguridad se quejan que no tienen recursos para cumplir adecuadamente con sus funciones. Carecen de suficientes vehículos, de equipamiento idóneo, de personal y de infraestructura. La misma guardia nacional ha tenido que acudir a las presidencias municipales para que subsidien muchas de sus necesidades. Con estas limitaciones no se pueden esperar resultados que redunden en favor de la seguridad ciudadana.

Por otra parte no se vislumbran acciones que ayuden a prevenir los delitos de alto impacto, existe incertidumbre sobre el papel que desempeñará el ejército y la marina con el nuevo rol que se le está asignando a la guardia nacional. Esta indefinición está generando desconcierto y falsas expectativas entre la población, porque no se está logrando conformar un cuerpo de seguridad que esté cercano a la gente. Prevalece mucha desinformación sobre las acciones que están emprendiendo las autoridades que conforman la mesa de coordinación. Todo queda en reuniones cerradas y en acuerdos que no se cumplen ni se les da seguimiento. Tampoco se trabaja al interior de las mismas instituciones policiales, no se avizora una línea que se enfoque a depurar los cuerpos policiales, a profesionalizarlos y certificarlos.

Los cuerpos policiales de los municipios, en su mayoría están infiltrados por la delincuencia. Sus elementos han sido contratados sin realizar alguna evaluación que indique su idoneidad. Es determinante la recomendación o la lealtad política para estar dentro de sus filas. Las autoridades municipales, a pesar de contar con fondos específicos para la seguridad, no le apuestan a la capacitación y más bien alientan la corrupción. Muchos policías son obligados a entregar determinada cantidad de dinero a sus jefes, además tienen que comprar ellos mismos sus uniformes y su calzado. Las pocas municiones que les dan las deben de reponer. Sus horarios son de 24 por 24 horas y muchas ocasiones se prolonga su jornada de trabajo, con salarios raquíticos. Se les asignan actividades relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones o al cuidado de los familiares de algunos funcionarios. En estas corporaciones no hay controles internos que obliguen a los policías a rendir cuentas y a contar con mecanismos que protejan sus derechos y a no ser rehenes de órdenes dictadas por sus superiores que los obligan a cometer ilícitos. El eslabón más débil de la seguridad, son estas corporaciones, y es en este nivel donde los grupos de la delincuencia asientan sus reales para tener influencia en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad de los municipios.

El resquebrajamiento del sistema de seguridad municipal, da cabida para que en algunos municipios los grupos de la delincuencia los suplanten, dejando inerme a la población y obligando a que cada sector social busque la forma de auto protegerse

Por otra parte, las corporaciones del estado son insuficientes y son utilizadas fundamentalmente para sofocar los focos rojos de la violencia. Su presencia solo se da en algunas regiones para atender conflictos de alta intensidad, por lo mismo, su estancia es efímera. No responden a problemas estructurales que enfrentan los municipios en el tema de la seguridad, simplemente realizan operativos para contener las acciones violentas que se suscitan en determinadas regiones. Además auxilian a la policía ministerial, realizan operativos en coordinación con el ejército y la guardia nacional, y en casos de violencia exacerbada los concentran para  reforzar las operaciones de seguridad. De igual modo, enfrentan varias carencias en cuanto a equipamiento, personal, vehículos, capacitación y sueldos bajos, sin seguridad social.

Con la llegada de la guardia nacional, el ejército ha pasado a segundo plano en la implementación de operativos, su labor se ha reducido a instalar retenes y a brindar apoyo a los pequeños grupos de la guardia nacional. Las expectativas de la población han quedado truncas porque no ven un cambio en la estrategia de seguridad, por el contrario, tienen la sensación de que ya no se va a perseguir con todo el peso de la ley a los grupos delincuenciales, lo que refuerza la percepción que ya no se utilizará la fuerza contra los que ejercen la violencia. En los hechos la gente lo corrobora con la escalada de la violencia en varias partes del país.

La masacre de los 14 policías en Michoacán; el enfrentamiento en Tepochica Municipio de Iguala donde fueron asesinados 14 civiles y un militar; el aparatoso operativo de las fuerzas especiales del ejército contra Ovidio el hijo del Chapo Guzmán, que horas después fue liberado en Culiacán Sinaloa; la masacre de 3 mujeres y 6 niños de la familia LeBarón en el estado de Sonora y la reciente emboscada de 5 policías del estado en San Vicente Coatlán, Oaxaca están poniendo a prueba la estrategia de seguridad del gobierno federal. Lo más doloroso es que se sigue incrementando el número de víctimas de la violencia sin que se logren resultados en las investigaciones que den con el paradero de los responsables. El ambiente de impunidad  sigue contaminando a nuestra sociedad que no encuentra un refugio seguro.

Las víctimas no han encontrado respuestas a sus demandas. Las fiscalías siguen sin entregar resultados y sin demostrar capacidad para detener y castigar a quienes viven de la violencia. Las comisiones de búsqueda, además de no contar con personal especializado, siguen estando lejos de los lugares donde se requiere que busquen con urgencia a las personas desaparecidas. es inadmisible que en varias regiones de nuestro estado los grupos de la delincuencia lleven la delantera y estén a la ofensiva, sin que las autoridades cuenten con un  plan estratégico que dé respuestas eficaces a la población que sufre el flagelo de la violencia. La gente se siente aprisionada por un sistema de seguridad que no está diseñado para protegerla. Crece su desconfianza en las autoridades que son insensibles ante el drama que enfrentan por la exacerbación de la violencia. Se tiene que sofocar este fuego que nos asfixia.