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OPINIÓN| Cercados por el crimen organizado

Abel Barrera Hernández

No solo la amenaza del coronavirus obligó al confinamiento comunitario en las regiones indígenas, también las incursiones armadas del crimen organizado, que orillaron a varias comunidades nahuas del municipio de Chilapa, Guerrero, a replegarse en su territorio y a buscar refugio en comunidades vecinas.

La fecha fatídica fue el 27 de enero de 2019, cuando la policía comunitaria de los pueblos fundadores del Rincón de Chautla repelió una agresión del grupo delincuencial “los ardillos”, que intentaba ingresar a su comunidad, para tomar el control de las principales localidades nahuas, que se han mantenido en resistencia. A pesar del sangriento saldo, de más de 20 personas asesinadas, las investigaciones ministeriales no prosperaron. Todo quedó en manos del grupo armado, para cobrar venganza a su manera.

El 17 de enero de 2020, en las inmediaciones de Mexcalcingo, una ruta controlada por “los ardillos”, torturaron, asesinaron, decapitaron e incineraron a diez miembros del grupo sensación musical, originarios de Alcozacán, cuando regresaban de un baile que amenizaron en Tlayepan, municipio de Chilapa. Lo que causó más escándalo en la opinión pública y entre las mismas autoridades, fue la presentación de 19 niños de 6 a 15 años, quienes aparecieron con el rostro cubierto, ataviados con el uniforme de la policía comunitaria y portando armas. Eran los niños huérfanos que marcharon en las calles pedregosas de Alcozacán para denunciar, que en estos enclaves del olvido, son las armas, y no las leyes ni la justicia, las que marcan el destino funesto de las comunidades indígenas, impuesto por la delincuencia organizada.

Las reuniones y visitas de las autoridades estatales y federales solo fueron para atemperar el malestar de las comunidades agraviadas, que habían bloqueado la carretera de Chilapa a José Joaquín de Herrera. A pesar de que el fiscal general del estado declaró en su momento, que los probables responsables eran 6 hombres que pertenecen al grupo delictivo “los ardillos”, la señal nefasta es de mantener en la impunidad estos crímenes.

Mientras tanto, las 23 comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera, que forman parte del consejo indígena y popular de Guerrero, Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y que apoyaron la campaña presidencial de Marichuy, vocera del consejo nacional indígena de gobierno, del CNI y el EZLN, quedaron en espera de la respuesta del gobierno federal. Se instaló un retén de la guardia nacional en el crucero del Jagüey, en la comunidad de Tula, mientras que un retén del ejército se mantuvo en el crucero de Chilapa rumbo Atzacoaloya y el otro, en el crucero de Zacapexco, rumbo a José Joaquín de Herrera. Su sola presencia no impidió que los grupos de la delincuencia continuaran operando en la región.

La exigencia del CIPOG-EZ, que es el desarme y el retiro del grupo de “los ardillos” de su territorio, no fue atendida por el gobierno federal. Advirtieron en varias ocasiones, que su presencia era una amenaza inminente en sus comunidades. Para evidenciar este entramado delincuencial, el 10 de septiembre organizaron una caravana “por una vida digna para los pueblos indígenas”, que llegó a las puertas de palacio nacional. Se plantaron para establecer un diálogo franco con las autoridades federales. A pesar de los compromisos asumidos, prevalecen los intereses delincuenciales en detrimento de la seguridad y justicia de las comunidades asediadas.

Ante el temor fundado de que la muerte acecharía contra los miembros del CIPOG-EZ, el 18 de noviembre pasado, las comunidades decidieron romper el cerco que habían declarado desde el 19 de junio de 2019, para poder desplazarse a las cabeceras municipales. Esta osadía costó muy caro por la desaparición de María Agustín Chino, Amalia Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, que el 18 de diciembre bajaron a la ciudad de Chilapa para abastecerse de víveres. Se repitió el mismo modus operandi de la delincuencia, que intercepta a sus víctimas en Chilapa, las tortura, asesina y las abandona en parajes donde mantienen el control. Las dos parejas aparecieron atadas de manos y con el tiro de gracia a un lado de la camioneta en que se transportaban al siguiente día de su desaparición.

Ante las muertes anunciadas, las comunidades decidieron en una asamblea regional bloquear nuevamente la carretera en Alcozacán, para exigir que se investiguen los 28 asesinatos y las 3 desapariciones de compañeras y compañeros, que se han registrado desde enero del 2019 a la fecha. Reiteran su demanda de desmantelar al grupo delincuencial “los ardillos” que opera en la zona y que mantienen el cerco a las comunidades nahuas que han defendido con su vida, su territorio.

El escenario delincuencial se dibuja catastrófico para Guerrero con la presencia de 40 grupos del crimen organizado que se empeñan en expandir su dominio y mantener su control territorial en regiones donde las instituciones gubernamentales brillan por su ausencia o se confabulan y supeditan a sus intereses. La entidad ocupa altísimas tasas de impunidad para delitos graves (con varios ministerios públicos, jueces y policías alineados al poder delincuencial), lo que representa un gran desafío para el gobierno de la cuarta transformación y para los 18 precandidatos a gobernador de Morena, sin contar con los precandidatos de la alianza “Va por México”.

Los gobernantes están muy lejos de involucrarse en estas realidades que requieren compromiso, arrojo y visión, para hacer frente, lo que cotidianamente las familias indígenas padecen y sufren. Se requiere trabajar con las mismas comunidades indígenas en planes de seguridad para desactivar los focos rojos que existen en las regiones más pobres de Guerrero. La prioridad es reducir la violencia extrema, contener y replegar a los grupos delincuenciales, sobre todo, romper con los lazos que vinculan a los políticos, funcionarios, cuerpos policiales, ejército y la marina, con el crimen organizado.

El clamor de los pueblos en esta emergencia nacional es garantizar el derecho a la seguridad y a la protección de la vida, principalmente entre las comunidades cercadas por el crimen organizado. Es un imperativo jurídico y político, recuperar el control de los territorios y las vías de comunicación que están bajo el mando de los poderes delincuenciales. En esta exigencia de la implantación del estado de derecho, es impostergable crear las condiciones necesarias para un desarrollo comunitario que no esté fincado en la producción de la amapola. En los últimos 50 años es la que ha hecho florecer la economía criminal e incubado la violencia.

El gran reto que viene es ¿qué hacer ante un terreno arisco, controlado por el crimen organizado? ¿Cómo desmontar esta urdimbre delincuencial que ha trastocado la estructura gubernamental, y emparejar el terreno de la desigualdad social? Las comunidades indígenas no pueden seguir cercadas por el crimen organizado en el 2021.

 

*Publicado en el diario La Jornada.