OPINIÓN | La muerte anunciada

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Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

Desde el 30 de septiembre de 2015, fecha en que asumió el cargo como presidente municipal de Pungarabato, Ambrocio Soto Duarte, recibió amenazas telefónicas por parte de la delincuencia organizada. La llamada era para advertirle que tenía que negociar con el jefe de la banda, para poder gobernar sin sobresaltos. El hostigamiento constante lo obligó a poner su renuncia en noviembre pasado, en la mesa de la dirigencia nacional del PRD. La respuesta dada desde el escritorio fue fría y alejada de la realidad: interponer la denuncia ante la PGR y presionar como partido para que la investigación se focalizara en el grupo delincuencial que ya tiene identificado tanto el Ejército como la policía federal. Al mismo tiempo solicitaron medidas cautelares para que el gobierno federal se abocara a brindarle protección. Con esas acciones jurídicas; la denuncia pública y la intervención de la dirigencia ante el gobierno federal, el presidente Ambrocio creyó que era suficiente para hacer frente a las amenazas y contener cualquier agresión de los grupos de la delincuencia. Confió que con la investigación de la PGR y los operativos anunciados por el secretario de gobernación y el gobernador Héctor Astudillo se replegarían las bandas del crimen y abandonarían la plaza.

A los 18 días de su gobierno su celular registró el siguiente mensaje “se le pidió que se arrime a platicar; no se arrimó, es en buen plan y usted no quiere…para mañana lunes (el jefe) quiere los 3 millones acordados…si pasa un día será el doble”. Este dato clave de la extorción fue reportado ante las autoridades ministeriales, además de otras informaciones contundentes sobre el modus operandi de la banda y de quien ejerce el mando regional. Ambrocio esperó que la PGR actuara con mayor presteza ante un riesgo inminente de un representante popular. No vio resultados tangibles. En cuanto a las medidas de seguridad le asignaron 3 patrullas con algunos elementos policíacos de la federación para acompañarlo en sus desplazamientos y mantener vigilancia en su domicilio, la presidencia, en sus ferreterías y las de su familia.

La presión se mantenía con la misma intensidad y no veía llegar la intervención de la PGR para que actuara contra los probables responsables de las amenazas de muerte que a diario le espetaban. En los momentos cruciales se sentía solo. Sus compañeros de partido nunca se hicieron presentes para cerrar filas y para emplazar a las autoridades para que actuaran con mayor rigor y celeridad. Dejaron que los tiempos de la PGR marcaran el derrotero de la investigación. Nada pasó durante los últimos tres meses del 2015. El presidente optó por tomar medidas de autocuidado. Limitó sus movimientos fuera de la región, solo se circunscribió a visitar algunos negocios en Tamácuaro, su tierra natal. Aún así sintió que las cosas se estaban complicando. Creyó que con el apoyo de su dirigencia iba a ser más fácil arreglar el problema, más bien todo se complicó al enfrentar solo las arremetidas del crimen.

El planteamiento del grupo delincuencial era muy claro: requerían 3 millones de pesos y un porcentaje de las ganancias de “la expo”. La ganancia tenía como referencia los 600 mil pesos que el presidente anterior les dio, sumando además la cuota mensual y algunas cabezas de ganado. Estaba claro que la presión era para ponerse al servicio del narco y plegarse a sus designios. Ambrocio asumió una postura firme, con la esperanza de que los miembros de su partido, el mismo gobernador y la federación cerraran filas a su favor. Optó por hacer públicas las amenazas y se negó abiertamente a colaborar con la delincuencia. Convocaba a la población diciendo “tenemos que poner un alto a la delincuencia”. En las primeras entrevistas que dio sobre el tema se quejaba de que “las autoridades federales y estatales no hacían nada contra las extorsiones”.

Antes de que concluyera el 2015 el gobierno federal con el comisionado nacional de seguridad al frente, Renato Sales, acompañado del gobernador, fueron a ciudad Altamirano a relanzar el operativo Tierra Caliente, con la llegada de 500 efectivos federales y de la gendarmería. Por su parte la delincuencia en lugar de mantenerse con bajo perfil, siguió con las extorsiones y buscó la mejor coyuntura para sacar un video donde le recuerdan a Ambrocio que el dinero que le reclaman corresponde a un pago pendiente relacionado con su campaña. Le dieron 3 años de vida creyendo que la presencia policiaca iba a permanecer todo ese tiempo, y por lo mismo, iba a ser complicado hacerle algo.

El blanco del ataque cambió y se centró en el empresario Gustavo Borja García, quien fue secuestrado, siendo esposo de la síndica municipal, Rosalba Rendón. Su liberación a los 30 días fue insuficiente para que la familia recobrara la tranquilidad, por eso su esposa Rosalba solicitó licencia indefinida para abandonar el cargo. Con este secuestro que quedó sin investigarse, el grupo delincuencial se reposicionó en ciudad Altamirano y volvió a centrar sus ataques contra el presidente. “Sigues tu bocho” fue el mensaje escrito que le dejaron en el ayuntamiento a los pocos días del secuestro del empresario. En ese lapso de tiempo la gendarmería redujo su presencia en Altamirano, dejando solo a 50 elementos de los 500 que estaban asignados. En el mes de mayo la policía federal dejó todas las comandancias y la mayoría se retiró, quedando un pequeño grupo en Altamirano. Su salida respondió a un interés mayor de la federación; reforzar los operativos contra el movimiento de la CNTE y de las comunidades indígenas de Oaxaca y de Chiapas. Quedó en segundo plano garantizar la seguridad de la población calentana de guerrero, dejando a su suerte al mismo presidente municipal, que ya había recibido la advertencia que estaba en la mira. Lo más grave es que las autoridades federales no previeron una medida alterna que evitará que la delincuencia tuviera manos libres para atentar contra su vida. Todos los que intervinieron en un principio para poner a salvo los intereses del partido, lo abandonaron. La Tierra Caliente volvió a quedar en el olvido.

Hace 20 días, el martes 5 por la madrugada, fue encontrado muerto en el basurero de Cutzamala Sebastián Soto Rodríguez, primo y chofer del presidente Ambrocio. De acuerdo con informes del ministerio público su cuerpo presentaba huellas de tortura y varios impactos de bala. Estaba cubierto con un costal   la mitad de su cuerpo. Su familia refiere que se encontraba sembrando en su parcela de Tamácuaro, de donde se lo llevaron. Al siguiente día del asesinato de su primo, el alcalde de Pungarabato nuevamente fue amenazado de muerte. En su conferencia de prensa leyó el siguiente mensaje: “señor presidente tengo a bien avisarle que han dado la orden de matarlo en este tiempo de clausuras y aprovechando que usted no trae mucha seguridad, tenga cuidado porque ya pueden tener días siguiéndolo”. Para el presidente era evidente que “la estrategia de herir de muerte al presidente de la ganadería (por poner vigilancia en el rastro); la estrategia de matar a una persona cercana al presidente de Coyuca; la estrategia de secuestrar al director de tránsito de Cutzamala y sobre todo el homicidio de mi chofer, son situaciones que muestran la presión hacia nosotros, porque quieren las puertas abiertas de hacer lo que quieran”. Ante la falta de resultados de la investigación y de la salida de los policías federales y la gendarmería el presidente espetó “La Tierra Caliente, Altamirano ya está hasta la madre de esto”. Finalizó diciendo “nuestro plan B (es armarnos), hemos hablado con algunos ganaderos que están registrando sus armas, están listos para defenderse, porque ya no aguantan más…Estoy dispuesto a lo que sea con tal de terminar con estas lacras que están afectando la sociedad, incluyendo a mi familia”.

Como a las 9:30 de la noche de este sábado 23, el presidente Ambrocio Soto fue asesinado a balazos en el tramo carretero que va de San Lucas a ciudad Altamirano. Su escolta que consistía en una patrulla y dos policías federales fue insuficiente para repeler la agresión y mucho menos para contener esta embestida delincuencial que arreció con la salida de los policías federales, pero sobre todo porque las investigaciones de la PGR no avanzaron para detener a los jefes del grupo delincuencial que toda la población de Altamirano los conoce, hasta el mismo ejército y demás corporaciones policiales.

De nueva cuenta estamos en un caso donde las autoridades no quieren desmantelar la red delincuencial que está bien amafiada con varios elementos de la policía. El mismo presidente se vio obligado a despedir a varios miembros de la policía municipal. Es increíble que el mismo ejército que sabe cómo el modo como opera este grupo y quiénes son los cabecillas, no hayan actuado para desarmarlos y desmantelar su estructura. A pesar del operativo Tierra caliente las extorsiones y secuestros siguieron, también los asesinatos y las amenazas. No es que este operativo haya desarraigado al grupo, simplemente lo replegaba en algunos lugares pero siguió funcionando con su grupo de halcones y sicarios.

Para la federación no es prioritaria la seguridad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, por eso su estrategia no es integral, no ataca de raíz a los grupos que delinquen, solo los repliega para que disminuyan sus acciones violentas. El interés no se centra en proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas, les importa más proteger a las instituciones del estado que no están sirviendo a la población. En este momento es más importante Acapulco Diamante que la Tierra Caliente, porque hay que proteger los intereses económicos de los empresarios. No se comparan los ingresos millonarios de esta temporada vacacional que beneficiará a las elites políticas y económicas que la vida y seguridad de los calentanos y la del presidente Ambrocio, que depositó su confianza en los dirigentes de su partido, en el secretario de gobernación, en el gobernador, en el comisionado nacional de seguridad, en la policía federal y la gendarmería y todos al final dejaron que la delincuencia lo matara. Fue una muerte anunciada. Lo peor de todo es que ninguna autoridad será responsable de su muerte, por no haberle brindado les medidas adecuadas para poner a salvo su vida. Seguramente tampoco habrá responsables materiales y continuará intocado el poder de la delincuencia. ¿Qué intereses protegen quienes están llamados a combatir el crimen?

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