OPINIÓN | ¡Libertad a los presos de la CRAC!

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Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

 

“Como esposa de Arturo Campos este día 18 de marzo es muy importante para todas las

compañeras de los presos de la CRAC. La libertad de nuestra compañera Nestora nos

viene a dar más fuerza. Ella aguantó toda esta injusticia y demostró ser muy valiente. Por

eso hoy que salió de la cárcel la venimos acompañar. Yo siempre he dicho que nosotras las

mujeres tenemos más valor para salir adelante. A pesar de que el gobierno nos ataca

porque somos indígenas, porque somos pobres, nuestra dignidad no la perdemos y

tampoco nos desanimamos para dejar la lucha. Nuestros compañeros de la CRAC están

encarcelados injustamente. A pesar de que los abogados han presentado pruebas de su

inocencia, el gobierno no deja de acusarlos como delincuentes.

Esta playera y esta gorra que traigo, me las puse porque son sagradas, porque nosotras les

guardamos respeto. Vengo con este uniforme porque traigo la representación de mi

esposo, que es consejero regional de la CRAC. Mis compañeras no pudieron venir porque

están en una audiencia en Chilpancingo, exigiendo su libertad. Quiero decir aquí, delante

de todos los que me escuchan, que hace unos días quemaron mi casa. Querían matar a

toda mi familia. Siento mucho dolor y mucha rabia por lo que me hicieron. Todo por

luchar por la libertad de mi esposo y la de mis compañeros de la CRAC. El gobierno no se

cansa de humillarnos, siempre persigue y ataca a los comunitarios. A ellos sí los encarcela

pero a los que andan con la delincuencia no les hace nada. Están libres. Qué bueno que

nuestra compañera Nestora está libre, porque esto significa que también vamos a lograr la

libertad de nuestros esposos. Con Nestora libre vamos a seguir en pie de lucha”.

Agustina García, madre de seis hijos, compañera de Arturo Campos, no solo ha tenido que

vencer la barrera del idioma, sino que a brazo partido, ha trabajado en el campo y hace

tortillas para sostener a sus hijos. Nunca imaginó que algún día en su vida se vería

obligada a utilizar un micrófono para hablar ante los medios de comunicación. La injusticia

que experimenta como mujer indígena frente a un sistema opresor, la ha fogueado para

defender públicamente a su esposo y entender que solo estableciendo alianzas con otras

organizaciones de presos políticos, podrá adquirir mayor visibilidad política y ejercer más

presión ante las autoridades.

Su principal preocupación como madre se centraba en asegurar la comida diaria para sus

hijos y velar por su salud. Desde que Arturo fue nombrado en el año dos mil, como

secretario de la organización independiente de los pueblos mixtecos y tlapanecos,

Agustina se vio obligada a salir de la comunidad Na savi de San Felipe, municipio de

Ayutla. Enfrentó con su esposo una vida plagada de carencias y muchos riesgos.

Nunca pasó por su mente lo que implicaría defender los derechos de su pueblo. La

primera prueba de fuego que experimentó fue la denuncia que hizo Arturo por la masacre

de El Charco, donde el ejército ejecutó a diez indígenas y un estudiante el siete de junio de

1998. Desde aquella fecha fatídica, Agustina y Arturo se hermanaron con las viudas de El

Charco y asumieron su causa. Este dolor compartido los marcó profundamente. Desde

entonces luchan para que se castigue a los militares que cometieron estos crímenes y que

se repare el daño a las víctimas. La misma militarización de la región, además de generar

terror y cometer más violaciones graves a los derechos humanos, como las violaciones

sexuales de Inés Fernández y Valentina Rosendo, trajo aparejada un proceso de

descomposición social que dio pie para que grupos de la delincuencia se posicionaran y

lograran establecer alianza con los políticos de la región.

En Ayutla de los Libres la delincuencia tomó el control de la cabecera municipal y se

encargó de realizar el trabajo sucio a las autoridades municipales. Fue el 13 de febrero de

2009, cuando asesinaron a Raúl Lucas y Manuel Ponce dos defensores del pueblo Na savi,

cuando se desencadenó una ola de violencia que obligó a que varias organizaciones

sociales y civiles dejaran de realizar su trabajo de promoción y defensa de los derechos

humanos. No había condiciones para permanecer en la misma región, al grado que por

estos hechos cruentos la misma Corte Interamericana otorgó medidas provisionales a 107

defensores y defensoras de derechos humanos de la OPIM, de Tlachinollan y a las familias

de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

Esta crisis de seguridad y ante tanta permisividad del gobierno, obligó a que la misma

población se organizara y asumiera la defensa de sus comunidades. La experiencia exitosa

de la Policía comunitaria en la Costa Montaña, fue un modelo de seguridad alternativo

que sirvió de inspiración para las comunidades Na savi de Ayutla.

Arturo, con su vasta experiencia en la lucha social, fue uno de los principales promotores

para que las y los compañeros de la CRAC de San Luis Acatlán participaran en asambleas y

dieran a conocer el funcionamiento de la policía comunitaria. La decisión estaba tomada

por las comunidades que veían crecer la embestida delincuencial con la complacencia de

las corporaciones policiacas y del mismo ejército. Fue el 22 diciembre de 2012, en una

asamblea realizada en la Concordia, cuando se acordó la creación de la casa de justicia de

El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres. En esa reunión Arturo quedó como uno de

los consejeros más visibles de la CRAC de Ayutla.

En su afán de impulsar este movimiento legal y legítimo de la policía comunitaria, Arturo

no se arredró ante las amenazas proferidas por los grupos de la delincuencia que tenían el

control de la cabecera municipal y de varias comunidades de otros municipios. No sólo era

armarse de valor para enfrentar al crimen organizado, sino tener que lidiar con el ejército

que se empeñó en impedir que los grupos de la comunitaria se desplazaran a otras

localidades para realizar operativos conjuntos. En este intento por desarmar a la

comunitaria y de someter al movimiento de autodefensas comunitarias que emergió en

enero de 2013 en el mismo municipio de Ayutla, se desencadenó un embate sin

precedente contra los representantes más visibles de la CRAC. La detención de Nestora

Salgado y más de 30 policías comunitarios de la casa de El Paraíso marcó la persecución

encarnizada de los líderes comunitarios. Se alentó desde el mismo gobierno del estado la

división y el desconocimiento de los grupos y las casas de justicia que resultaban

incómodas para el gobernador defenestrado Ángel Aguirre Rivero.

Arturo Campos, Gónzalo Molina y Nestora Salgado fueron catalogados como los líderes

radicales de la CRAC y por lo mismo, fueron a quienes puso en la mirilla tanto el

gobernador como el mismo ejército. No les importó respetar todo el proceso organizativo

y legal de la CRAC, mucho menos atendieron el marco jurídico que los respalda. Prevaleció

la consigna política y el uso de la fuerza para arremeter contra ellos y refundirlos a penales

de alta seguridad. Se violentó el debido proceso y se les impuso un castigo como

delincuentes consumados para generar temor entre la misma organización y alentar la

fractura interna del sistema.

Gonzalo Molina, un luchador ejemplar de amplia trayectoria, abrazó la lucha del pueblo

que había caído en las garras del crimen organizado. La corrupción imperante y la

complicidad de los gobernantes con la delincuencia organizada, así como el nulo acceso a

la justicia, orillaron a Gonzalo a promover la creación de la policía comunitaria en la tierra

de Vicente Guerrero. Su determinación para hacer valer los derechos del pueblo y su

profundo sentido de solidaridad ante los desastres naturales, como sucedió con la

tormenta Manuel y el huracán Ingrid, al prestar auxilio a decenas de familias

damnificadas, fueron causa de mayor animadversión de las autoridades civiles y militares.

Con toda la intención de desacreditar su trayectoria el gobierno del estado lo hizo

aparecer ante la opinión pública como terrorista. Esta acusación tuvo como finalidad

justificar su traslado a un penal de alta seguridad de Oaxaca, para posteriormente

encerrarlo en el penal de Almoloya.

La libertad de Nestora muestra con toda contundencia cómo todos los delitos que se le

imputaron fueron más por consigna política. Los delitos de secuestro son los mismos

delitos que enfrentan los indígenas Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García,

Abad Ambrocio, Florentino García, Benito Morales y Arturo Campos. El joven Samuel

Rámirez de Zitlaltepec, enfrenta un proceso por portación de armas y Gonzalo Molina no

solo le endilgan el delito de terrorismo, también de robo agravado,, privación ilegal de la

libertad y lesiones. Para las autoridades hay una obstinación de mantenerlos encerrados

como una forma de desacreditar y deslegitimar esta lucha legítima de los pueblos

indígenas, que están contribuyendo con las tareas de seguridad que el gobierno no ha

podido y ha sucumbido ante la delincuencia. Por eso hoy más que nunca el llamado que

hizo la comandanta Nestora el día que recupero su libertad se vuelve una demanda

urgente que el gobernador Astudillo no puede ignorar. Tiene que replantear esta

estrategia de persecución y criminalización de los policías comunitarios y uno de los pasos

importantes es reconocer y reinvindicar a los presos de la CRAC como autoridades

comunitarias y en consecuencia, impulsar dentro de sus facultad el otorgamiento de su

libertad.

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