OPINIÓN | Pérdida de control y rumbo

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

 

 

A casi 9 meses que Héctor Astudillo tomó posesión como nuevo gobernador, la inseguridad y la violencia siguen desbocadas. No hay tregua ni contención de la violencia, por el contario, se está expandiendo en lugares concurridos. Los ataques ya no solo son entre los grupos rivales y contra la población civil, sino contra funcionarios públicos y policías. Chilapa es una muestra viva de la escalada delincuencial y del clima de terror que enfrentan las familias de varios municipios del estado. Los asesinatos de los tres policías federales en el mercado central, del director de gobernación Miguel Andraca Eligio y del regidor de la juventud, Miguel Ángel Salmerón Nava, –ultimado este fin de semana por 4 personas armadas en el tramo carretero que va de Chilapa a Tixtla–, nos muestran la gravedad del problema. Este indicador nos dice cómo han impactado los operativos realizados por el ejército y la policía federal durante este corto período. La población no ve resultados tangibles, ha constatado que son más mediáticos y que están hechos para salir al paso ante las emergencias. No hay un plan diseñado con información de campo ni con el aporte de la población que es víctima de la violencia, por lo mismo los operativos no son eficaces porque no responden a la realidad que enfrentan. Persiste la imposición de una estrategia elaborada en el escritorio por los altos mandos. Desde el sexenio de Vicente Fox se han tenido diferentes versiones y nombres que han llegado a Guerrero, pero todos han fracasado. A pesar de lo aparatoso de su equipamiento y de sus espectaculares recorridos por la costera y la autopista, su estrategia guerrerista mantiene intacta el entramado delincuencial que existe en las regiones del estado y que permite a las organizaciones criminales mantenerse en los lugares un poco agazapados, para maniobrar a su modo con sus actividades delincuenciales.

La presencia de más efectivos militares y policías no ha bajado el índice delincuencial, se mantiene a la alta, tampoco ha inhibido la producción y trasiego de la droga. El estado está copado y las autoridades no saben qué hacer. Ahora se han apropiado del planteamiento de la legalización de la amapola, sin dimensionar el tamaño de un problema atravesado por la violencia, la desigualdad, la corrupción, la debilidad de las instituciones y la ausencia de políticas públicas orientadas a incentivar la producción de básicos. El terreno está tan disparejo y tan minado para creer que con la legalización de la amapola se crearan las condiciones legales para transitar a otro estadio donde amaine la violencia, se reduzca la brecha de la desigualdad y se extirpe la corrupción. Con estos planteamientos que no tienen un diagnóstico profundo del problema del campo, se están generando falsas expectativas a los campesinos y mandando un mensaje para alentar la siembra de la adormidera, porque creen que su legalización está a la vuelta de la esquina. Se está atizando una hoguera, que con tantos conflictos irresueltos que hay en el campo cualquier, chispa puede incendiar la pradera.

El movimiento de víctimas de la violencia está siendo cada vez más visible por la ineficacia del gobierno, pero sobre todo por no colocarlos en el centro de la acción contra la violencia y la impunidad. La centralidad de las víctimas es clave para cualquier gobierno que se quiera tomar en serio el tema de los desaparecidos y asesinados. Nuevamente Chilapa es el ejemplo de lo que enfrentan las familias que se organizado para buscar a sus hijos. A pesar de que el gobierno federal y el mismo gobernador han tenido reuniones con las familias, el respaldo institucional no lo sienten, porque al final de cuentas están inermes y son fácilmente atemorizados. No hay garantías de seguridad para hacer sus recorridos, permanentemente son hostigados y tienen un marcaje personal sobre sus actividades. Se denigra a las familias con solo ofrecerles algún apoyo económico esporádico y la dotación de despensas, al saber de sus múltiples necesidades que enfrentan. Esta situación precaria condiciona mucho su organización como familias que tienen un objetivo muy claro, de dar con el paradero de sus familiares. La incertidumbre que les da el no saber cómo van a continuar en el movimiento por la falta de recursos los hace desfallecer y torna más difícil su organización.

Las autoridades del estado no han diseñado una política centrada en las víctimas que realmente brinde el apoyo y la protección. Estamos lejos de que les faciliten los recursos básicos que requieren para continuar en su lucha y respeten su proceso organizativo. Los que han asumido la riesgosa tarea de ser representantes o voceros de las víctimas, el gobierno tiene la gran responsabilidad de velar por su seguridad, de otorgar medidas de protección para que realicen sus actividades sin menos cabo de sufrir una amenaza o agresión. Ante la falta de reconocimiento a esta heroica labor, varios familiares que han asumido un liderazgo porque han tomado muy en serio la causa de buscar a sus hijos, hijas, hermanos o hermanas, han tenido que salir del estado o se han visto obligados a replegarse y limitar sus actividades de búsqueda otros más han desistido en seguir en la lucha. Las autoridades no se están haciendo responsables de velar por los representantes de las víctimas, se ha desentendido y no quiere comprender que tiene la obligación de atender sus situaciones de riesgo y tomar las medidas necesarias para protegerlos, mandando un mensaje a los agresores que no están solos y que cuentan con el respaldo de las instituciones gubernamentales. La conformación de varios grupos de familiares de desaparecidos en Iguala, Chilapa, Acapulco hacen visible una problemática que no está siendo atendida por las autoridades. Desconfían del órgano investigador porque no hay resultados y porque además el personal encargado de investigar sus casos no tiene la formación profesional ni la calidad humana para proporcionar un trato respetuoso, sensible a la realidad que enfrentan, veraz en el trabajo que realiza y realmente comprometido con los agraviados. No cuentan con el respaldo de las instituciones de seguridad para hacer las búsquedas, sienten que no hay disposición para acompañarlos a los lugares lejanos, riesgosos y de difícil acceso. Lo peor es que no hay un compromiso real con los familiares de los desparecidos para dar con su paradero, para saber la verdad: dónde se encuentran y quiénes son los responsables. Este déficit de verdad y de justicia es el que venimos arrastrando desde la guerra sucia y se mantiene hasta la fecha el mismo patrón de violencia e impunidad.

La declaración pública de empresarios y ganaderos que están decididos a armarse para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada es otro elemento que manifiesta el malestar y la desesperación de buena parte de la población. La misma decisión de un médico militar de accionar su arma contra un presunto extorsionador, nos pone en el dilema de que ante la incapacidad del gobierno de garantizar seguridad a la población no hay otra alternativa que autoprotegerse con la portación de armas para arremeter violentamente contra los que atenten con privar de la vida. Estas posturas que de algún modo están avaladas por autoridades municipales y por el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles, al comentar que no es algo que deba “espantar” el hecho de que algunos empresarios y ganaderos tengan la intención de armarse. Es algo normal, que tiene un procedimiento, se puede obtener el permiso y comprar la misma arma en la SEDENA. El espaldarazo del presidente del tribunal para que la gente haga el tramite a la SEDENA y compre el arma, deja mucho que decir del presidente de un tribunal que emite opiniones que ponen en entredicho el cargo que ostenta, porque representa a un poder que se cimenta en las normas que nos rigen y que por ley está obligado a velar porque impere el estado de derecho. Su opinión vulnera su investidura y lo hace aparecer como alguien que no confía en las leyes que nos rigen y en las instituciones que nos protegen. Da también la pauta para que la gente que no confía en el estado de derecho pueda armarse, porque es algo normal tener un arma.

Esa posición impropia del Presidente del Tribunal está acorde con el comentario del gobernador Astudillo quien planteó este sábado en su visita a Tlacotepec de que hay que dejar “que lo ilícito transite a lo lícito” con relación a la siembra de enervantes. Entonces hay que dejar que la gente compre su arma para defenderse y siembre enervantes para resolver el problema de la pobreza en el campo. Para qué quebrarse la cabeza de hacer valer la ley donde se ha perdido el control de la seguridad y donde la violencia se enseñorea en varias regiones. Es más fácil que se armen y se hagan justicia por mano propia a que las autoridades encargadas de brindar seguridad e investigar los delitos hagan su trabajo. Lo mismo hay que hacer entre las familias del campo, hacer que lo ilícito se vuelva lícito. En lugar de sembrar maíz, frijol y calabaza que le sale caro al gobierno para apoyar que produzcan, que la misma gente se encargue de sembrar su amapola y deje de pedir subsidios para el campo. Solamente se distribuirían despensas y fertilizante para asegurar el voto.

Lo contrastante del gobernador Astudillo es su postura ante los despidos de 951 maestros que anunció el secretario de educación en el estado . El asunto de las bajas es un asunto de “atención a la ley”,” es el paso que contempla la ley”. Para los actores incómodos no hay cabida para la negociación política ante un conflicto de índole social y laboral, sino la aplicación de la ley a secas. Mientras la pérdida de control y rumbo nos ha llevado al desfiladero de la muerte, ante la incapacidad de hacer frente a la violencia, la postura férrea no es contra los grupos de la delincuencia organizada sino contra el magisterio disidente. Con una postura dura se quiere medio enderezar el barco que se hunde por otro lado.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *