OPINIÓN | ¿Reforma sin educación?

¿Reforma sin educación?

La comunidad de El Coyul municipio de Cochoapa El Grande, se encuentra a más de 90 kilómetros de Tlapa. Es una comunidad del pueblo Ñuu Savi que esta como la mayoría de comunidades de la montaña, no solo distante de las instituciones de gobierno sino abandonada a su suerte por centurias. En el Coyul habitan más de mil quinientas personas, todas ellas se ven obligadas a salir de su comunidad para enrolarse como jornaleros agrícolas en el norte del país. El número de niñas y niños que nacen gracias a los buenos oficios de las parteras y por el amor inmenso de sus padres que luchan a brazo partido para sobrevivir de las siembras del hambre, conforman el mayor número de la población. En la Montaña una familia indígena que vive del campo apenas llega a cosechar 300 kilos de maíz, gastando el poco dinero que ganan como jornaleros agrícolas en la compra de agroquímicos, los papás que en su mayoría no fueron a la escuela se las ingenian para encontrar en el cerro los alimentos necesarios para sostener a sus familias. La casa paterna se ocupa como el espacio de reunión entre los miembros de la familia y la parcela es el lugar donde toda la familia tiene que trabajar para poder comer. El binomio casa-parcela es inseparable porque no hay familia que pueda lograr su sustento sin transformar con su trabajo la naturaleza. Por eso la mamá y el papá desde muy pequeños llevan a sus niños a las labores del campo. En esa relación primigenia aprenden a respetar a la madre tierra, para adquirir las habilidades de lo que significa roturar el suelo; sembrar el maíz y chaponar la hierba. Los juguetes de las niñas y niños suelen ser el esteque, el machete o el cahualo. Las servilletas bordadas por su mamá, el reboso con el que cargan al niño más pequeño, la botella de plástico de coca cola donde llevan el agua, son también utilizados como objetos de entretenimiento para las niñas que cuidan a sus hermanitos. Las primeras palabras de las niñas y niños de la Montaña tienen que ver con la semilla del maíz, la tortilla, la tierra, el surco, la lluvia, San Marcos, el cerro, el manantial, el machete, y los elotes. Son conocimientos que al igual que la leche materna se maman desde que nacen. Por algo se les identifica a estos pueblos como los hombres y mujeres del maíz y de la lluvia, porque ahí se forja su identidad, se desarrollan sus capacidades cognitivas y se construye su cosmovisión y su ethos cultural.

En medio de tantas adversidades, pero sobre todo de la multiplicidad de carencias, las madres y padres de familia se organizan para luchar como pueblo en defensa de sus derechos. Saben que no cuentan con autoridad alguna que respalde sus demandas. Tienen que pelear desde abajo, vencer el trato discriminatorio, enfrentar a las autoridades racistas y perseverar en su lucha. Lo más difícil para ellas es solventar los gastos de sus traslados a la cabecera municipal de Tlapa o hasta Chilpancingo. Saben que por persona hay que gastar alrededor de quinientos pesos. Sólo la cooperación entre todas las familias hace posible que puedan comisionar a cuatro o cinco personas con la ilusión de ser escuchados. Lo más frustrante es que cuando llegan a las dependencias de gobierno nadie los ve ni los escucha. Lo único que logran realizar es la entrega de sus solicitudes para que las sellen y firmen de recibido. Para la gente de las comunidades este trámite burocrático lo consideran como un gran logro, lamentablemente se trata de una simulación perversa que practican sistemáticamente los funcionarios públicos para nunca atender directamente a las personas ni darles respuestas concretas.

Desde el 2012 los padres de familia del El Coyul empezaron una larga lucha para exigir maestras y maestros de preescolar y primaria que hacen falta en los dos centros educativos. A la distancia nunca imaginaron que para conseguir maestros tenían que gastar mucho dinero y realizar diversidad de gestiones con distintas autoridades. Lo que más les ha frustrado es que todos estos esfuerzos fueron vanos porque ninguna de las autoridades hicieron caso a su petición, por el contrario siempre fueron engañados, defraudando la confianza que ellos depositaron. Este drama de las familias indígenas es generalizado ante la indolencia de las autoridades y su falta de compromiso con la población que requiere una atención prioritaria.

Hemos constatado en el caso de El Coyul que tanto las autoridades municipales y educativas no les preocupa el tema educativo, mucho menos dimensionan lo que esto significa en términos del rezago social, el bajo índice de desarrollo humano, las políticas discriminatorias y excluyentes, la alta vulnerabilidad social de las comunidades indígenas. Estas demandas hechas por la vía institucional son irrelevantes, no trascienden más allá del escritorio donde sellaron el oficio. No hay seguimiento, ni una gestión real a sus planteamientos todo queda en la basura y en la verborrea de los burócratas y políticos que son insensibles a la realidad social que los interpela.

El día 29 de septiembre de 2016, tuvimos el honor de que llegaran a nuestra oficina una comisión de madres y padres de familia de El Coyul para solicitar nuestra intervención. En este primer diálogo constatamos el trato cruento que han recibido y la indiferencia que han obtenido de las autoridades. Pensando en economizar recursos y tiempo establecimos comunicación directa con las autoridades educativas del estado para platearles la urgencia del caso y pedir su intervención inmediata. Narramos que era increíble que después de tanto peregrinar de la gente no hubiera ningún avance en la asignación de maestras y maestros para sus escuelas. Vía telefónica tuvimos la promesa que se atendería a la brevedad esta solicitud. Confiamos en la palabra empeñada de las autoridades y dimos un tiempo razonable para que la respuesta se concretizara con la llegada de algunos docentes. Todo quedo en promesas y palabras huecas. Nuestro error fue ver con optimismo esta gestión realizada directamente con las autoridades educativas, lo que generó altas expectativas entre las madres y padres de familia. Desgraciadamente todo quedó trunco porque fue una ilusión vana.

Tuvimos que navegar a contra corriente como siempre lo han hecho las familias de la Montaña, para interponer recursos jurídicos que obliguen a las autoridades a garantizar los derechos básicos de la población. Recurrimos a interponer una queja para acreditar las violaciones consumadas contra las y los niños indígenas. Para fundar los testimonios de las personas acudimos a la comunidad de El Coyul para verificar las condiciones en que se encuentran las escuelas y el número de niñas y niños que no atendidos por algún maestro. La escuela preescolar “30 de abril” en el ciclo escolar 2016-2017 tenía una matrícula de 130 alumnos que recibían clases en una sola aula por una maestra, el reclamo de los padres desde 2012 ha sido que sus hijas e hijos sean atendidos mínimamente por otras dos maestras o maestros que atiendan lo tres grados de educación preescolar. Por otra parte la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano” no sólo carece de maestras y maestros sino de una escuela digna. Han sido los padres y madres de familia que han construido una techumbre para que sus hijas e hijos tengan un lugar donde guarecerse. En realidad no es una escuela porque no hay infraestructura, tampoco cuenta con libros ni material didáctico y sólo atienden 7 maestros para cubrir la demanda de 314 niñas y niños. La demanda central para las mamás y papás es que asignen seis maestros más para que puedan cubrir satisfactoriamente los doce grupos académicos. Es lamentable constatar las pésimas condiciones de las escuelas de la Montaña. No sólo carecen de salones y de mobiliario, sino que tienen que adaptarse a las condiciones del mismo terreno. En la temporada de secas los pies descalzos de los niños están sobre el polvo y en tiempo de lluvias sobre el lodo. Existe una cocina donde las mamás preparan los alimentos con un fogón al ras del suelo, para que las niñas y niños puedan medio comer tortilla con frijol.

Desde las tormentas de Ingrid y Manuel varias comunidades de Cochoapa El Grande quedaron aisladas por la caída del puente de Valle Hermoso. A pesar de que las autoridades comunitarias han realizado marchas y solicitado ante la Secretaría de comunicaciones y transportes la construcción de un nuevo puente, después de tres años de las tormentas las familias tienen que cruzar el río que en temporadas de lluvias los deja incomunicados. Esto mismo sucede con las niñas y niños de preescolar que también tienen que cruzar otro río para llegar a su escuela. Son las mamás y papás los que se encargan de pasar a sus pequeños hijos ante la desatención de las autoridades. Nadie tiene recursos para construir un puente colgante que les permita caminar con seguridad a estos pequeños.

El martes pasado la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al Secretario de Educación Pública para “a la brevedad tome las medidas pertinentes con la finalidad de proveer de forma permanente los docentes que sean necesarios para el Centro de Educación Preescolar 30 de abril y la Escuela Federal Bilingüe Ignacio Manuel Altamirano ubicadas en la comunidad de El Coyul, municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero y con ello restituir a las niñas y niños el goce de sus derechos a la educación”. Esta recomendación representa para la Comunidad de El Coyul un triunfo ganado a pulso, demostraron con su persistencia y compromiso de que se puede hacer efectivos los derechos utilizando los recursos jurídicos pero sobre todo poniéndose al frente para pelear palmo a palmo con las autoridades el derecho que les corresponde. Es un logro que requiere otro raund más porque ahora viene la etapa de cumplimiento de esta recomendación, y ahí nuevamente en la comunidad tienen que mantenerse frente en la lucha para hacer realidad el derecho que tienen las niñas y niños a la educación. A nivel nacional las autoridades educativas han impuesto una reforma para garantizar la calidad de la educación, sin embargo en la montaña pasa todo lo contrario; a las niñas y niños aún no se les garantiza el derecho constitucional a la educación, por eso en la Montaña los pueblos han constatado con sus luchas que existe una reforma sin educación.

 

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