Libertad inmediata para el defensor comunitario Jesús Plácido

A las 2:30 de la tarde de este viernes 17 de julio de 2026 fue detenido Jesús Plácido Galindo, líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en un retén militar en el crucero Monte Alto, municipio de San Marcos de la región Costa Chica de Guerrero.

Jesús Plácido se encontraba en el campo trabajando la tierra cuando fue citado por el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, a las 4:30 de la tarde en Acapulco. De inmediato regresó a su casa en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, para asistir a la reunión junto con su esposa. En el camino en un retén militar les marcaron el alto, los bajaron y empezaron a revisar su carro. El defensor fue rodeado por policías ministeriales, mientras su esposa Aurea fue apartada por militares, pero logró escuchar cuando le leían sus derechos y que lo acusaban por el delito de secuestro, delincuencia organizada y homicidio.

Fue un operativo desmedido, integrado por la guardia nacional, el ejército, policía estatal y policía ministerial. Estaba planeada su detención arbitraria. La esposa del defensor relata que Francisco Rodríguez lo citó sin darle un lugar específico para su supuesta reunión. Lo inaudito es que cuando usó el botón de pánico que tiene como medida de seguridad, las autoridades que respondieron le preguntaron en qué lugar iba antes del retén.

A su esposa la dejaron en libertad sin informarle a dónde llevarían a Jesús Plácido. Los militares le pidieron su número de teléfono para estarle informando, pero hasta el momento no sabe de su paradero. A las 4:28 de la tarde los datos básicos de la detención ya estaban en el Registro Nacional de Detenciones y que estaba “en traslado”. Sin embargo, sigue con la incertidumbre porque no sabe dónde lo tienen, sólo se supo que fue detenido por la Fiscalía General de la República.

El defensor comunitario estaba atento por las autoridades comunitarias que desde la madrugada se habían ido a Chilpancingo para llevar peticiones a las autoridades estatales donde señalan a Martín Vega González, titular de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), por desvíos de recursos destinados al ejido de Buenavista para rehabilitación del tramo carretero Arroyo del Mango a Buenavista. También demandaban obras, ambulancias y medicamentos, nombramiento de una prefectura en la Escuela Secundaria Técnica número 227, un preescolar de nueva creación, construcción de la preparatoria y más obras.

Jesús Plácido creció en la pobreza y la desigualdad en la Montaña de Guerrero. Se forjó al fragor de las luchas de los pueblos indígenas contra los gobiernos colonialistas y etnocidas, al lado de su papá Cirino Plácido Valerio, quien formó parte del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena y Popular.

Después de que regresó de Estados Unidos, donde trabajó en la construcción, ocupó cargos comunitarios en Buenavista, terruño de sus abuelos. En agosto de 2015 su papá Cirino logró que unas 30 comunidades se incorporaran a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Cuando fallece su papá, Jesús Plácido permaneció en las comunidades para seguir organizando a las comunidades indígenas. Por eso del 6 al 11 de mayo cuando se elevó la violencia en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán estuvo denunciando para que las autoridades dieran seguridad porque fueron asesinadas seis personas y más de 800 desplazadas. Algunas siguen en calidad de desplazadas en Alcozacán, mientras otras migraron a los campos agrícolas.

El 26 de junio el Grupo Financiero BBVA México le notificó a Jesús Plácido que había sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, y que tenía que suspender todas sus operaciones o servicios. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló sus cuentas donde solo tenía 280 pesos de fondos.

A los integrantes del CIPOG les preocupa que la UIF haya preparado el terreno no sólo para criminalizarlo, sino para detenerlos por delitos fabricados desde las más altas esferas. Además, reclaman a las autoridades que integrantes del CIPOG y la CRAC-PF suman 84 personas asesinadas y 25 desaparecidos, pero en lugar de hacer justicia y encontrar a sus desaparecidos los hostigan, los criminalizan y los encarcelan.

Es preocupante la persecución de las autoridades federales y estatales contra los defensores comunitarios. Por eso nos sumamos a la exigencia para que las autoridades brinden información de su detención y salvaguarde su integridad física, y, sobre todo, la libertad inmediata de Jesús Plácido.