OPINIÓN | Romper las cadenas de la mentira

 

   Vidulfo: tu casta de defensor se mantiene incólume

por encima del escarnio de un gobierno

que pregona la mentira

Centro de derechos humanos de la montaña, Tlachinollan

Como mamás nos encadenamos en la secretaría de gobernación para exigirle al gobierno que sigan los expertos y expertas en México hasta que sepamos dónde están nuestros hijos. No queremos que se vayan, porque el gobierno va aprovechar su salida para cerrar el caso. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a exigir que siga la investigación y que cumplan con las recomendaciones que ya hicieron en su primer informe y que no cumplieron. También estamos exigiendo una reunión con Osorio Chong, porque la vez que nos vimos en Acapulco nos dijo que los expertos iban a permanecer el tiempo que fuera necesario. Pero ahora resulta que ya los está corriendo. Eso lo anda diciendo el mismo presidente Peña Nieto ahora que fue de paseo a otros países. También el señor Campa fue a Washington para decirle a la comisión interamericana que el gobierno ya no permitirá que los expertos continúen con la investigación.

Se nota que las autoridades no quieren que se sepa la verdad, por eso se oponen a que los expertos sigan más tiempo. Luego se ve que el gobierno quiere cerrar el caso. Está usando otras formas para atacarnos. Nos calumnia, interviene nuestros teléfonos para difundir lo que platicamos. Quiere hacernos pelear y no pierde la oportunidad para publicar cosas que nos hagan ver como malos, como si fuéramos delincuentes. Eso fue lo que hicieron con don Mario y con el licenciado Vidulfo. Filtraron esas llamadas para que los periódicos y la gente que escribe para el gobierno se encargaran de difundir que tenemos relaciones con la delincuencia y que Vidulfo nos desprecia.

El gobierno así es, traicionero y malo. Primero dijo que nuestros hijos estaban con los rojos. Que iban armados y que en los autobuses iba gente del narco. Después de que los expertos echaron abajo todas las mentiras del Murillo, empezó una campaña contra ellos y ellas. Los maltrataron y los presentaron como personas que defienden a los delincuentes. Luego atacaron a don Emilio Álvarez, que vino con los comisionados a vernos a la normal. Contra él la misma PGR se prestó para darle entrada a una denuncia que no procedía. Ahora que estamos pidiendo que continúen los expertos, los ataques van contra nosotros y nuestros abogados. No sabemos qué mas van hacer y qué otras cosas van a publicar estos días. Ellos no están pensando en cómo avanzar en las investigaciones y en la búsqueda de nuestros hijos, están planeando cómo van atacarnos, cómo van a dividirnos y cómo van a sostener su mentira.

El gobierno en lugar de investigar las conversaciones de las autoridades que participaron en la desaparición de nuestros hijos, está interviniendo nuestras llamadas para hablar mal de nosotras. Nos golpea por todas partes. No le importa nuestro sufrimiento. Lo que quiere es destruirnos, desaparecernos de su vista. No lo van a lograr. Mientras tengamos vida no nos cansaremos de exigirle al gobierno que nos diga dónde están nuestros hijos. Nadie nos va a callar ni nos puede impedir que denunciemos al gobierno por no investigar y por no buscar a nuestros hijos.

Venimos a gobernación a exigir la reunión con Chong, y como tampoco nos hacen caso nos vimos obligadas a protestar, a decir lo que sentimos y a denunciar que en México el gobierno se niega a investigar a las autoridades que son responsables de las desapariciones de nuestros hijos. La mejor manera de poderlo decir es con las cadenas que aquí tenemos colgadas, que nos aprisionan y que nos impiden conocer la verdad. Por eso en nombre de cada uno de nuestros hijos hicimos esta jornada de protesta de 43 por los 43.

El gobierno se enojó y cerró las calles para que la gente no pudiera vernos. Como siempre lo hace, el gobierno trató de aislarnos, para que nadie se diera cuenta de lo que estábamos haciendo. Por eso tuvimos que hablar con el licenciado Campa para decirle que abrieran las calles, porque había personas y organizaciones que querían acompañarnos. Así estuvimos día y noche en el reloj chino. Formamos cuatro grupos de diez papas y mamás que nos encadenamos, y cada dos horas cambiábamos de turno. También nos apoyaron los estudiantes de la normal. Todo México se enteró de que no estamos conformes con la investigación porque no hay avances. Todo lo que hacen las autoridades es reforzar la línea del basurero de Cocula. Así pasó con el tercer peritaje. Ninguna de nosotras sabemos qué pasó con los especialistas, tampoco conocemos el informe que hicieron. Ahora resulta que no pueden juntarlos para que nos informen los resultados que obtuvieron.

Con todo lo que está haciendo el gobierno no nos queda de otra que llamar a la sociedad para que nuestra lucha no quede en el olvido. Por eso este 24 tenemos que estar pendientes de lo que digan los expertos y expertas. Su informe nos da mucha esperanza, porque sabemos que ellos si están comprometidos con la verdad. No les interesa quedar bien con las autoridades. Son gente profesional que tienen mucho valor y que sabrán decir las cosas con toda claridad. Corren el riesgo de que los ofendan o maltraten. Por eso tenemos que estar con ellos y apoyarlos. Ellos lo único que quieren es que como mamás y papás sepamos la verdad. Eso es lo queremos, aunque la verdad nos duela.

Mientras los padres y madres de familia se reunían con la Procuradora Arely Gómez en la PGR de reforma y le reclamaban por los nulos avances en la investigación, en las redes sociales se propalaba una realidad funesta que el gobierno de México ha negado en todos los foros internacionales, de que la tortura sea generalizada en el país.

El 9 de marzo de 2015, Juan Méndez, el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, afirmó que “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. El relator resalta que la finalidad de la tortura es castigar o extraer confesiones a los detenidos. En estos hechos hay evidencias de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.” Afirmó con contundencia que en México la tortura se da porque “se detiene para investigar en lugar de investigar para detener”.

Por su parte, Jorge Lomónaco, embajador de México ante la ONU, la afirmación del relator es una falacia, porque no corresponde a la realidad. Debido a ello el embajador pidió que los relatores especiales de Naciones Unidas sustenten sus informes con la “realidad objetiva e incluyendo todos los puntos de vista”.

Fue el 4 de febrero de 2015, un mes antes de que el relator contra la Tortura hiciera público su informe sobre México, cuando en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, dos soldados y un policía federal torturaban a Elvira Santíbañez Margarito, una joven de 22 años. Este caso fue atendido por la procuraduría general de justicia militarhasta el 5 de enero de 2016, casi un año después.de sucedidos los hechos.

A pesar de la disculpa pública que este sábado emitió el secretario de la defensa nacional, Salvador Cienfuegos, es insuficiente, porque se sigue negando que la tortura sea una práctica generalizada y se continúa afirmando que se trata de casos aislados. Además se omitió el gran problema que existe en nuestro país de delegar a las fuerzas armadas las tareas   propias de las corporaciones policiacas, de velar por la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Esta función asignada de manera inadecuada es la causante de que aumenten los casos de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano y que se siga encubriendo a sus perpetradores.

¿Cuántos meses ocultó el ejército las tropelías cometidas por sus elementos contra la joven indefensa acusada de portación de armas de uso exclusivo del ejército? Aún así, con estos hechos deleznables el gobierno federal se atreve a descalificar al relator de la ONU Juan Méndez, de que es una afirmación falsa que en México la práctica de la tortura es generalizada ¿No es esta la imagen real que han construido con sus actos las fuerzas armadas, que tratan a la población como un enemigo o como un delincuente consumado y por eso los torturan? ¿Bastan las disculpas públicas del general sin que se comprometan a cumplir con las recomendaciones de las instancias internacionales de derechos humanos, de regresar al ejército a sus cuarteles, de supeditarse a las autoridades civiles y estar sujetos al escrutinio de la sociedad, permitiendo que el GIEI entreviste a los militares de Iguala, para que explique cómo fue su participación en los hechos trágicos del 26 y 27 de septiembre?

¿Cómo romper las cadenas de la mentira que ha impuesto el gobierno federal con tal de proteger a quienes cometen graves violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo obligar a que las mismas autoridades asuman una actitud autocrítica y dejen de defender a ultranza a quienes violentan los derechos humanos, como ha sucedido con las actuaciones violentas del ejército?

Hoy vivimos momentos cruentos por la violencia desatada tanto por las fuerzas estatales como los grupos criminales, lo preocupante es que el gobierno mexicano se cierra al escrutinio internacional. Niega la realidad objetiva de que la tortura es una práctica generalizada y de que existe colusión de las autoridades con la delincuencia organizada. Las autoridades le apuestan a silenciar a los padres y madres de familia, a encadenar la verdad con la salida del GIEI y a mantener una postura de fuerza para mantener los cotos de poder y encubrir a los perpetradores.

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