2025: Pobreza y desolación en la Montaña

Justicia para las víctimas del accidente carretero

en el que perdieron la vida una niña

 dos mujeres jóvenes y un adulto.

Alto a la impunidad de la que gozan

las empresas de autobuses.

Castigo a los responsables de la muerte

de una madre con sus dos niñas

que fueron aplastadas por un talud de tierra

en una colonia de Tlapa.

En el extremo opuesto de la clase política morenista de Guerrero, que festina y dilapida recursos en cualquier evento que realiza para promoverse con miras a la próxima contienda electoral, la población pobre de Guerrero enfrenta tragedias y violencias a causa del desgobierno que existe en nuestro estado. En las instituciones gubernamentales prolifera la desorganización y desatención con el pretexto de que no cuentan con recursos para atender a la gente que padece múltiples problemas y carencias.

En el hospital general de Tlapa no hay medicamentos y se carece de médicos especialistas. Funciona solo para medio atender las urgencias médicas, la consulta externa es limitada y los pacientes que requieren internamiento tienen que enfrentan múltiples obstáculos. El maltrato a los pacientes es lo que caracteriza al personal administrativo y médico, descuidando lo que requieren con urgencia los enfermos. Muchos pacientes que no hablan español son ignorados y discriminados. El desabasto de medicamentos ha hecho florecer el negocio de las farmacias particulares. Entre la gente ha crecido la desconfianza en los servicios de salud del estado por todo lo que sucede en el interior del hospital.

En el campo educativo hay desatención y engaño permanente a las madres y padres de familia que por diferentes medios solicitan docentes y construcción de aulas. La niñez indígena sigue condenada a sufrir los estragos de la discriminación y el analfabetismo. Siguen aplicando los mismos criterios burocráticos, de corte neoliberal a las comunidades indígenas; de no contratar nuevos maestros con perfil para revertir el rezago educativo. Los padres de familia tienen que demandar por la vía judicial a las autoridades educativas para que garanticen el derecho a la educación.

La desigualdad social se profundiza no solo por el rezago educativo, sino por múltiples factores de carácter estructural: el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para este 2026 ha enfocado el presupuesto federal a la inversión pública productiva y al fortalecimiento financiero de los programas sociales. Retomando el análisis que elaboró la organización no gubernamental Fundar, centro de análisis e investigación, sobre el paquete económico 2026: el gobierno federal presupuestó 987 mil millones de pesos para los programas sociales prioritarios, el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) con el objetivo de fortalecer los ingresos monetarios de los hogares, lo que ha contribuido a la reducción de los índices de pobreza y desigualdad por ingresos.

A pesar de esta prioridad del gasto es un presupuesto que contiene contradicciones que preocupan. El presupuesto en salud que es del 2.5 por ciento sigue sin alcanzar la recomendación internacional del 6 por ciento del PIB. Al interior de la función salud, el IMSS percibirá un aumento de 10.5 por ciento, pero tendrán recortes instituciones como el ISSSTE (-4.8 por ciento) y Secretaría de Salud (-4.4 por ciento). Para Fundar será fundamental ampliar el presupuesto del IMSS-BIENESTAR con la finalidad de reducir las brechas en el acceso a la salud. La nueva política en salud materna, sexual y reproductiva tendrá un aumento del 0.3 por ciento, lo que no garantizará el logro de sus objetivos. Las niñas y mujeres indígenas tendrán que esperar más años para que se les garantice este derecho en sus mismas comunidades.

Sobre el presupuesto directo para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, hasta la fecha la participación efectiva en la construcción de su presupuesto está limitada. Hay un avance con el funcionamiento del Fondo de aportaciones para la infraestructura social para los pueblos indígenas y afromexicanos (FAISPIAM) que la Secretaría de Bienestar entregó en septiembre pasado a 20 mil 522 pueblos indígenas y afromexicanos, quienes decidieron en asamblea realizar 38 mil 811 proyectos de urbanización, agua potable, mejoramiento de vivienda, electrificación, drenaje, letrinas, obras en salud, alcantarillado y obras en educación. La realidad es que este presupuesto directo está generando problemas con los presidentes municipales que en su mayoría se resisten a asignarles obras porque argumentan que les recortaron presupuesto para que fuera entregado directamente a las comunidades. Por esto mismo, ya no los quieren contemplar dentro del presupuesto del 2026. La lucha por el presupuesto federal apenas empieza por las reticencias que hay de los gobiernos mestizos que no quieren reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Se niegan a verlos como ciudadanos con plenos derechos que son capaces de administrar los recursos públicos, de ejecutar sus obras prioritarias y de rendir cuentas con transparencia. En este nuevo año se vislumbra una disputa por el presupuesto debido a que los presidentes municipales tienen otras prioridades, que no tienen que ver con abatir el rezago social de las comunidades indígenas.

En la Montaña en este año cerramos con múltiples tragedias, con mayor violencia, un ambiente de inseguridad y lo más grave es que se han fortalecido y expandido los grupos del crimen organizado, quienes ahora controlan territorios y tienen incidencia en los gobiernos municipales. Los poderes fácticos representan la amenaza mayor para la población indígena, que además de luchar por su sobrevivencia económica tiene que sortear su vida en los caminos y dentro de sus comunidades.

Como centro de derechos humanos nos preocupa que en estos dos años de gobierno que le restan a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se mantengan las mismas inercias en cuanto al tratamiento que se le da al grave problema de la violencia y la inseguridad. No atacan el fondo del problema, el trabajo de inteligencia es infructuoso porque no se utiliza para desmontar estructuras delincuenciales. Las raíces del crimen siguen intocadas, se reacciona tardíamente ante hechos consumados. Las investigaciones de la fiscalía son ineficientes, solo se cubren las formalidades jurídicas de los hechos delictivos. Son los familiares de las víctimas las que impulsan las investigaciones, aún con estos esfuerzos no hay resultados que den con los responsables. En los delitos de alto impacto contados son los casos que se judicializan, lo que impera es la impunidad.

Los feminicidios en la Montaña se han incrementado. En este año registramos 19 en los municipios de Alcozauca, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Tlapa, Acatepec, Tlacoapa y Atlixtac. A 5 días de iniciado el año Leuteria Reyes Benito, policía municipal de Alcozauca, fue víctima de feminicidio perpetrado por un compañero de trabajo, quien le dio 30 puñaladas. La indignación de la población ayudó para que el feminicida fuera detenido y procesado penalmente. El 2 de febrero en Santa Cruz, municipio de Malinaltepec, la mamá de Adelia González recibió la noticia de que su hija había muerto. La violencia recurrente que ejercía su esposo llegó al extremo de quitarle la vida. Es un caso que sigue impune. A 6 días de lo sucedido en Santa Cruz, en la colonia Rancho Nuevo del mismo municipio, Bacelisa Sánchez fue víctima de tentativa de feminicidio, también por su pareja.

En la colonia San Sebastián de Cochoapa el Grande, Paulina López fue asesinada el 24 de marzo y a los 4 días, doña Agustina fue privada de la vida con arma de fuego en la colonia Constitución de la cabecera municipal de Tlapa. El tres de abril fue asesinada la contadora Graciela Luna Morán en pleno centro de la ciudad, sin que haya avances en la investigación.

El 27 de mayo registramos el feminicidio de Basiliza Basurto, una mujer na savi del municipio de Alcozauca. Esta violencia cobró la vida de Yuridia Ferrer, quien primero fue desaparecida y posteriormente asesinada en la comunidad Me phaa de El Izote, municipio de Acatepec el 9 de junio. Dos mujeres Me phaa, Aracely y Cleotilde fueron asesinadas el 13 de mayo en La Sabana, municipio de Tlacoapa. El jueves 17 de julio un hombre y dos mujeres fueron asesinadas a balazos en el camino que va a la comunidad de Loma Canoa, municipio de Cochoapa el Grande.

La violencia feminicida alcanzó a Lucila Camacho y Eleonora Sánchez, quien sobrevivió al ataque, el 9 de agosto en Chimaltepec, municipio de Alcozauca. El 21 de agosto dos mujeres fueron asesinadas a balazos en la noche dentro de un domicilio particular en la comunidad de Yozondacua, municipio de Cochoapa el Grande.  Durante las celebraciones a la virgen de Guadalupe, la noche del 11 de diciembre dos mujeres nahuas de San Juan Bautista Coapala, municipio de Atlixtac, fueron asesinadas a balazos por un hombre que entró a su domicilio y les disparó a mansalva.

Lamentablemente esta violencia se ha normalizado en las comunidades indígenas. Hay temor y desconfianza para denunciar. Los familiares prefieren recoger los cuerpos de sus seres queridos a dar vueltas a Tlapa, donde tienen que desembolsar dinero para el traslado de los cuerpos a sus comunidades. Tampoco están dispuestos a interponer denuncias por el maltrato y la desatención que reciben. La fiscalía regional está muy lejos de resarcir los daños que ocasionan a los familiares al no impulsar las investigaciones para dar con los responsables. La gente prefiere sobrellevar su dolor en medio de los suyos que le brindan apoyo y consuelo. Los niños de las mujeres asesinadas quedan en total desamparo, son los abuelos y abuelas las que cargan con esta responsabilidad de velar por su salud, alimentación y seguridad. Las autoridades municipales y estatales son ajenas a estos dramas, en nada les afecta ni les quita el sueño los asesinatos de mujeres indígenas y el sufrimiento de los niños y niñas que crecerán con el estigma de ser niños y niñas sin hogar, abandonados y destinados al maltrato y la explotación. Fue un año triste, desolador para las familias más pobres de Guerrero.