8M: cárcel a dos militares por tortura sexual

El 28 de febrero de 2002 el subteniente Raquel Méndez recibió instrucciones de sus superiores para hacerse cargo de la base de operaciones del 41 batallón de infantería. Su encomienda era trasladarse con un pelotón militar como relevo a la base de operaciones “Ríos” en la comunidad me’phaa de Loma Macho, municipio de Acatepec.

El 22 de marzo de 2002 Raquel Méndez puso al frente del operativo al sargento Andrés Sosa Zepeta para realizar un recorrido en la zona con su pelotón de sanidad y de transmisiones que tenía la finalidad de reconocer, localizar y destruir vía terrestre enervantes, particularmente amapola. Los uniformados se esparcieron en la ladera de un cerro. Poco a poco se fueron acercando a la casa de madera y techo de lámina de Inés Fernández Ortega.

Llegaron empuñando las armas hasta el patio de la casa de adobe y piso de tierra. Inés se asomó de su cocina cuando escuchó el ladrido de los perros. Se atemorizó al ver que le apuntaban y le gritaban. Preguntaron por Fortunato su esposo y exigían que le explicara por qué tenía carne colgada en un tendedero de mecate. Inés guardó silencio porque el castellano no es su idioma materno. Los militares se robaron la carne y se metieron a su cocina, donde estaba con sus niños. El militar Salvador Aguilar Otañez la jaló de las manos y apuntándole con su arma la tiró al suelo para inmovilizarla. La rodearon y el soldado Hugo Humberto García de León participó directamente.

Le infligieron tortura sexual como lo acreditó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que consideró que una violación puede constituir tortura por la intencionalidad con que se comete, por la severidad del sufrimiento que le causan a la víctima y la finalidad con la que se produce el acto. Por ello la CoIDH concluyó que la violación sexual implicó una violación a la integridad personal de la señora Inés Fernández Ortega como la define la Convención Americana en su artículo quinto.

El subteniente Raquel Méndez y el sargento de infantería Andrés Sosa observaron la agresión sexual contra Inés y no impidieron que soldados bajo su mando ingresaran al domicilio de la víctima. Estuvieron en condiciones de evitar la agresión sexual contra Inés Fernández, así como brindarle protección reportando los hechos a los superiores jerárquicos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró y documentó que el “Estado Mexicano mantuvo el caso de Inés Fernández en el fuero militar incompetente, que realizó investigación deficiente, generó obstáculos sistemáticos para el acceso a la justicia, y perpetuó impunidad estructural durante el período que comprendió los años dos mil dos a dos mil diez.”

El camino de la justicia mexicana ha sido largo y difícil para Inés, sin embargó nunca bajó la guardia, se mantuvo firme en una lucha sin cuartel. Encaró y señaló a los militares para que fueran castigados ejemplarmente. Recientemente fueron detenidos Raquel Méndez en el mes de noviembre y Andrés Sosa el pasado mes de febrero. Ellos fueron cómplices  de la agresión sexual que sufrió Inés y lo peor de todo es que los encubrieron y le apostaron a que el caso permaneciera en la impunidad. No fue un hecho fortuito, sino parte de una estrategia de contrainsurgencia de denigrar la dignidad de las mujeres, debilitar el tejido comunitario y generar terror entre la población.

Los militares continuaron con sus incursiones a las comunidades de Ayutla de los Libres para amedrentar a las autoridades locales y desalentar la lucha contra los estragos causados por la militarización. Inés emprendió una travesía que le ha costado el asesinato de su hermano Lorenzo, varias amenazas en su domicilio, descalificaciones públicas, descrédito a su palabra y acoso permanente a su familia. Los múltiples riesgos que ha enfrentado en una región insegura y violenta forjaron en Inés y su familia un temple de acero. Demostró a las jueces de la Corte Interamericana que su palabra en el idioma Me pháá está cimentada en la verdad, que su testimonio pasó todas las impugnaciones y descalificaciones de la burocracia gubernamental empeñada a encubrir las fechorías de los militares.

El 24 de marzo de 2002 Inés se presentó al ministerio público del fuero común para interponer la denuncia contra los militares. Con mucho esfuerzo habló de lo que le había pasado, pero los agentes del ministerio le dijeron: “no tenemos tiempo de recibir la denuncia”. Por ser mujer y hablar una lengua indígena la discriminaron. No creyeron en su palabra. Lo peor de todo es que las autoridades impusieron su visión clasista para dejarla a en estado de indefensión. Tuvo que intervenir la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero para que le tomaran su declaración, pero no realizaron la certificación médica legal ginecológica de las lesiones porque no había personal médico.

Fue canalizada al hospital general de Ayutla y el 4 de abril las autoridades de salud informaron al ministerio público que no pudieron tomarle las muestras a Inés por no contar con reactivos disponibles para los estudios solicitados. El 16 de agosto, el Coordinador de química forense de la Procuraduría General de Justicia informó al ministerio público militar, (quien llevaba ilegalmente la investigación) que no tenían registro en el archivo biológico de las pruebas porque se habían terminado para los análisis que se realizaron.

Los obstáculos para la justicia de Inés fueron recurrentes. El ejército mexicano concluyó que no había delito y que la víctima era una mentirosa. Sin posibilidades de acceder a la justicia, Inés acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado Mexicano. El 30 de agosto del 2010 la CoIDH dictó sentencia contra el Estado Mexicano y determinó que la víctima había sufrido tortura sexual y violencia institucional castrense. Emitió varias resoluciones judiciales entre ellas las reparaciones comunitarias, como la creación del Centro Comunitario conocido como la Casa de los saberes, para atender a las mujeres indígenas que son víctimas de violencia.

En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, el 27 diciembre de 2013 fueron detenidos los militares Hugo Humberto García de León y Salvador Aguilar Otáñez por los delitos de tortura, violación, robo, abuso de autoridad y allanamiento de morada. Fueron recluidos en el campo militar número 1 de la Ciudad de México. El 31 de diciembre se les dictó auto de formal prisión por el Juzgado séptimo de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, pero en la siguiente etapa judicial, el 18 de enero del 2016, se informó a la representación legal de Inés, que el militar Salvador Aguilar Otáñez había sido asesinado dentro de la prisión, sin explicar las causas.

El 23 de mayo del 2025 el Juzgado Sexto de Distrito de Acapulco libró orden de aprehensión  contra Raquel Méndez Hernández y Andrés Sosa Zepeta, mandos militares que encubrieron a los militares que agredieron sexualmente a Inés. A las 9:20 de la noche del 29 de octubre fue detenido el subteniente Raquel Méndez, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 77 batallón de infantería en la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Al siguiente día fue trasladado al campo militar número 1. Interpuso un amparo, pero no tuvo éxito. El 1 de noviembre se reservó el derecho de declarar, asistido por las abogadas Miriam, Esmeralda y Valente. Ofrecieron pruebas, pero sólo aceptaron la testimonial. El 5 de noviembre sus abogados realizaron sus alegatos, sin embargo, el 7 de noviembre le dictaron auto de formal prisión por el delito de tortura.

A diferencia del militar Raquel que estaba activo, Andrés Sosa Zepeta se dio de baja antes de ser detenido, el primero de febrero de 2026. Quedó a disposición del juzgado interno de la prisión militar en el campo militar número 1 a las 6 de la tarde. El 7 de febrero le dictaron formal prisión por el delito de tortura sexual contra Inés. No pudo acceder al beneficio de la libertad bajo caución porque es acusado por el delito de tortura, catalogado como grave en el código penal federal.

Llevar tras las rejas a dos militares que iban al mando del pelotón cuando perpetraron la violación contra Inés es un paso muy importante para las víctimas de violencia sexual cometida por militares. Lo más valioso es la persistencia y reciedumbre de Inés Fernández que a pesar de los peligros, nunca ha claudicado, mucho menos doblegado. Desde lo alto de la Montaña sigue caminando los quebrados senderos para acompañar a las mujeres que sufren violencia y que llegan al Centro comunitario de Ayutla. Nuevamente tendrá que trasladarse a Acapulco para carearse con los perpetradores y seguir el juicio hasta que les dicten sentencia. Espera que el juez tome en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana y la sentencia que emitió un juez federal contra el militar Hugo Humberto García de León.

Inés nunca imaginó que la justicia llegaría por todos los obstáculos que enfrentó. A pesar de esa incertidumbre, nunca titubeó, más bien le puso un gran empeño. Siempre ha contado con el apoyo de Fortunato su esposo y ahora el acompañamiento de su hija Nohemí que es abogada, de Colosio que es ingeniero, Ana Luz psicóloga y Nelida maestra. La lucha de Inés abrió nuevos senderos de justicia para que las mujeres Me pháá y Na savi de la Montaña sean respetadas por sus parejas y los señores de las comunidades y que los gobernantes sepan que la lucha de Inés no es en vano, que hay muchas mujeres que libran batallas contra la violencia machista y contra un sistema patriarcal que protege a violadores y denigra la honorabilidad de las mujeres.