COMUNICADO | La seguridad pública no es un asunto de construir cuarteles o poner más soldados en las calles

Ante la creciente ola de violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala principalmente que ha dado como resultado decenas de asesinados y desaparecidos, ayer, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, junto con el gabinete de Seguridad en Chilapa, Gro., anunció la construcción de un cuartel militar en esa ciudad para “que exista presencia permanente de fuerzas castrenses” y un incremento de militares, cuya presencia alcanzará al municipio de Zitlala, que también se ha visto afectada por la inseguridad: al menos 30 personas han sido desaparecidas en el último año, sin contar los ejecutados en esa zona. Se anunció además que los nuevos policías estatales seguirán siendo capacitados por los militares.

Desafortunadamente las autoridades federales y estatales quieren seguir aplicando la estrategia de militarizar las ciudades, las calles y las comunidades además de la seguridad pública: jefes militares como responsables de la seguridad publica en el estado, militares con licencia o en retiro como directores de seguridad pública municipal, puestos militares de revisión (retenes) y patrullajes de soldados y marinos en la ciudad y en el campo. A los soldados les cambian el uniforme de militar por el de policía, y/o a los policías los capacitan y les dan formación los militares. Se insiste en aplicar estas medidas que más bien son efectistas, es decir para la foto y para que la gente vea muchos uniformes en las calles y “crea” que está segura. ¿Quién se puede sentir seguro en medio de armas de alto poder que portan tanto delincuentes como fuerzas armadas y de seguridad? De eso pueden hablar los habitantes de Iguala, quienes llevan ya más de un año con la Gendarmería-PF y soldados como responsables de la seguridad pública. Sin embargo, hay que recordar que las desapariciones masivas del mes de mayo de 2015 en Chilapa se dieron justamente en las narices de soldados y policías federales sin que estos hicieran nada por prevenir o detener esos actos. También es sabido que cuando se instalan militares en zonas urbanas, no es que disminuyen los delitos sino más bien cambia el perfil de la actividad delincuencial: aumenta la actividad del narcomenudeo, el mercado negro de armas, se mantiene la cifra negra (delitos cometidos y no denunciados a las autoridades) de secuestros y extorsiones, prostitución, tortura, allanamiento de morada; se incrementa también la estructural violencia sexual hacia las mujeres. Y la impunidad en violaciones a los derechos humanos, entre ellas la tortura y las desapariciones forzadas por parte de miembros del ejército y policía queda garantizada en esas acciones. Finalmente no hay un marco legal para que las Fuerzas Armadas hagan seguridad Pública, no es su papel constitucional.

Como organismos civiles de derechos humanos manifestamos nuestro desacuerdo con la militarización de la seguridad pública. Repetiremos incansablemente que los soldados no tienen la preparación adecuada para brindar seguridad pública. Que los policías deben tener capacitación en seguridad publica impartida por policías. Que para que cualquier estrategia sea garante plena de los derechos humanos, debe partir de políticas públicas o sea que se tome en cuenta las opiniones o las propuestas de la ciudadanía y todos sus sectores, además debe, terminarse con el marco de corrupción e impunidad al interior de las instituciones castrenses y policiacas así como en los órganos encargados de procurar y administrar justicia y en todas las instancias de gobierno.

Por último se deben de tomar en cuenta situaciones como la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la carestía de la vida así como los derechos a la vida, la libertad, la seguridad, la educación y la salud.

Atentamente

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad