COMUNICADO | Presentación del informe «Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa»

Presentación del informe

“Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”

Conforme a las recomendaciones del GIEI y la CNDH, un equipo multidisciplinario documentó los impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa en los distintos grupos de víctimas, destacan procesos retraumatizantes derivados de las actuaciones de las autoridades durante la investigación.
Se hace un llamado al gobierno mexicano a erradicar prácticas revictimizantes como la reiteración de la “verdad histórica”.
Preocupa la falta de voluntad del Estado mexicano para cumplir con la recomendación del GIEI de tomar este diagnóstico como la base para la generación de planes de atención y, en su caso, reparación para las víctimas, lo cual quedó en evidencia en la pasada audiencia del caso Ayotzinapa ante la CIDH durante su 167 Periodo de Sesiones.

A tres años y cinco meses de los ataques en Iguala en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, las organizaciones de la sociedad civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Serapaz, presentaron el informe “Yo sólo quería que amaneciera. Impactos psicosociales del Caso Ayotzinapa”.

Para la elaboración de este informe se conformó un equipo multidisciplinario integrado por cuatro psicólogas, una antropóloga y la colaboración de un equipo médico. En el estudio se abordan los impactos psicosociales en los estudiantes normalistas que sobrevivieron los ataques y enfrentan secuelas post traumáticas, entre ellas la llamada “culpa del sobreviviente”, así como el dolor por la ausencia de sus compañeros.

También se documentaron los impactos vividos por los estudiantes normalistas que fueron gravemente heridos y sus familiares, para quienes los hechos trastocaron su proyecto de vida y los obligaron a desplazarse de su lugar de origen. Asimismo, se abordaron los procesos de duelo traumático que enfrentan los familiares de los normalistas asesinados, y las profundas afectaciones a los niños y niñas, quienes intentan dar sentido a los hechos ante la falta de respuestas.

El informe muestra los impactos psicosociales que viven hasta la fecha los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes enfrentan un proceso de “duelo congelado”, pues no saben si sus hijos están vivos o muertos, y profundas consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Revela además la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas.

El estudio da cuenta de la manera en que estos impactos se han profundizado a lo largo de tres años debido a la impunidad, entendida no solamente como la falta de investigación y sanción a los responsables, sino que incluye las actuaciones de las autoridades que han obstaculizado la investigación y manipulado la verdad. En este sentido, el estudio describe, a través de la voz de las víctimas, los impactos revictimizantes de la estigmatización de los normalistas -que en su momento fueron señalados como parte de grupos de la delincuencia-, la difusión de la llamada “verdad histórica” sin sustento científico, y de otros eventos en los que el Estado ha sostenido esta versión de los hechos. Estos eventos en su conjunto configuran una secuencia traumática, que ha generado la ruptura de la confianza de las víctimas hacia el Estado.

El diagnóstico recupera las recomendaciones del GIEI en materia de atención a víctimas y plantea una serie recomendaciones al Estado con el objetivo de reconstruir la confianza de las víctimas, y criterios mínimos que configuren el marco de la atención a las víctimas con respeto a su dignidad. Por esta razón, se plantean, entre otras, las siguientes medidas simbólicas:

El Estado debe reivindicar y dignificar a todas las víctimas que fueron heridas —particularmente los casos de Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas—, privadas de la vida, a los estudiantes normalistas sobrevivientes y a los estudiantes normalistas desaparecidos, por el daño producido con la criminalización y cuestionamientos sobre su presencia en Iguala durante los meses posteriores a los hechos.
El Estado mexicano debe reconocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano.
Dada la especial condición de los familiares de víctimas de desaparición forzada, la principal medida de atención y reparación es el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los estudiantes. La incertidumbre sobre el paradero en casos como este impide avanzar en medidas de reparación —desvirtuando su naturaleza— al tiempo que acentúa la necesidad de asistencia, particularmente las de atención en salud y psicológica.
Generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, incluyendo garantías para la seguridad de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes.

Finalmente, el estudio documenta los impactos psicosociales del caso en familiares de personas desaparecidas organizadas en otros grupos y colectivos en el país, quienes se identifican con los familiares de los 43 estudiantes normalistas no sólo en el dolor por la ausencia y la incertidumbre, sino en la experiencia de impunidad. Por esta razón se recomiendan medidas que trasciendan el Caso Ayotzinapa, y apuntan hacia una verdadera política de Estado para abordar la desaparición forzada en México, enfocada en acciones de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, así como garantizar los derechos de sus familiares.

El pasado 2 de marzo, el gobierno mexicano se negó, en audiencia pública ante la CIDH, a asumir un compromiso para adoptar el documento que hoy se presenta, como base para la generación de planes de atención, y en su caso, de reparación para las víctimas. La respuesta del Estado es inaceptable, no solo por la solidez técnica y metodológica del informe, sino porque nace del dolor y dignidad de las víctimas en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, al mismo tiempo que aspira a que esta memoria se colectivice y contagie la esperanza de hacer amanecer la verdad y la justicia para Ayotzinapa y para nuestro adolorido México.