Diálogo ausente

 

En memoria de doña Minerva Bello,

madre de Everardo Rodríguez Bello.

      A 4 años de tu muerte, tus hijos de

Ayotzinapa continúan dando la batalla

para dar con el paradero de los 43

 

Es inaudito que la nueva gobernadora, a más de 110 días de gobierno, no haya establecido un acercamiento con las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa, y mucho menos haya propiciado un encuentro con los jóvenes normalistas. A pesar de que existe una comisión presidencial sobre el caso Ayotzinapa y que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha presidido varias reuniones en palacio nacional con las madres y padres de los 43 y los miembros del comité ejecutivo de los normalistas, en Guerrero ha brillado por su ausencia el diálogo por parte de la gobernadora.

Este distanciamiento habla del poco interés y falta de sensibilidad del nuevo gobierno de Morena que no ha dimensionado los temas de gran trascendencia que deben abordarse con suma prioridad en el estado. Una de las tareas inmediatas e impostergable es la reconstrucción del diálogo que se ha roto por parte de las autoridades del estado que han sido cómplices del clima de violencia e impunidad que impera en la entidad y que han protegido a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos. Son responsables de las desapariciones forzadas que se han documentado y denunciado desde la guerra sucia hasta nuestros días. Existe una práctica sistemática que permite las desapariciones forzadas y un sistema de justicia estatal coludido con los autores materiales e intelectuales de estos crímenes execrables.

El 30 de agosto del 2021, en un acto inédito, varios colectivos de familiares y sobrevivientes de la guerra sucia, con la participación de la secretaría de gobernación, presentaron al ejecutivo federal el plan presidencial para la verdad, la memoria y el impulso a la justicia. El 6 de octubre del mismo año se publica el decreto por el que se crea la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, con el objetivo de cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con las violaciones graves de derechos humanos en el período de la violencia política.

Estas dos comisiones creadas expresamente por el presidente de la república para atender el grave problema de las desapariciones forzadas en México, requiere del compromiso de todas las instituciones del estado para cumplir cabalmente con su cometido. En Guerrero, la nueva gobernadora no puede soslayar estas prioridades de la agenda política nacional, por el contrario, tiene la alta responsabilidad de asumir estos decretos, para que dentro de sus competencias coadyuve en las investigaciones y brinde todo el apoyo a los colectivos, sobrevivientes y organizaciones de personas desaparecidas en Guerrero, para que accedan a la verdad y la justicia. Por lo mismo, tiene la obligación de establecer un diálogo abierto y respetuoso con el movimiento de familiares, colectivos, sobrevivientes y organizaciones de personas desaparecidas de la guerra sucia, así como con los  padres y madres de los 43, que en sus luchas representan un punto de quiebre de un gobierno represor y violador de los derechos humanos que transita a un estado democrático de derecho.

Es fundamental tomar en cuenta que la historia por la democracia y la justicia en Guerrero está marcada por las luchas de los indígenas, campesinos, estudiantes, maestros, maestras, universitarios y obreros, que se enfrentaron a un gobierno caciquil y militarista y que derramaron su sangre para destruir un sistema antidemocrático fincado en la desigualdad, el pillaje, la impunidad y el uso de la fuerza. No podemos borrar de nuestra memoria las violencias propiciadas por el estado, las acciones represivas en el campo y la ciudad y las políticas de contra insurgencia que se institucionalizaron en nuestra entidad con la participación del ejército. La historia de Guerrero está marcada por la insurgencia social que tuvo como respuesta las detenciones arbitrarias, las prácticas de la tortura, los encarcelamientos por motivos políticos, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres sistemáticas. A pesar de esta barbarie, la población insumisa de Guerrero no ha dejado de ondear la lucha contra la militarización y los poderes caciquiles. Han peleado en todo momento para acabar con este flagelo y para exigir justicia. A lo largo de muchas décadas, las víctimas sufrieron la persecución y el estigma social. Tuvieron que esconderse y vivir bajo zozobra. En lugar de que las autoridades reconocieran estos crímenes se buscó aniquilar a quienes alzaban la voz. Se obstinaron en sepultar las atrocidades cometidas por los mismos gobernantes. A las víctimas, colectivos, sobrevivientes y organizaciones les fue negado el acceso a la justicia por estos hechos deleznables cometidos en su contra. También les fue negado el reconocimiento a su memoria, a su dolor, a sus historias confinándolos al olvido y a la estigmatización institucional.

En Guerrero a pesar de las heridas abiertas, la clase política está muy lejos de entender esta realidad, de asumirla como parte de una historia que nos lástima, que nos impide avanzar como sociedad. Persiste la visión revanchista que fomenta el odio y la descalificación de las víctimas que se organizan y hacen pública su protesta. Hay una visión vertical y autoritaria en el ejercicio del poder. Se parte de que el ciudadano y ciudadana tiene que someterse a un sistema jurídico, por encima de que se violenten sus derechos humanos. Más allá de que muchas familias exijan un derecho. Ellas y ellos se han organizado para buscar a sus hijos desaparecidos y reclaman al estado su responsabilidad por no dar con su paradero. No toman en cuenta que hay crímenes del pasado que las autoridades no pueden ignorar ni evadir, por el contrario, tienen que atender y responder con prontitud y respeto. Deben de tener esa cercanía que requiere la población que se siente desamparada e ignorada. Las autoridades no deben descalificar a priori su movimiento ni catalogarla como rijosas y vandálicas, cuando llevan años sin que sean escuchadas ni atendidas.

Se debe tener visión de estado para no quedarse con posturas reduccionistas y simplistas sobre lo que pasa en nuestra sociedad. Se requiere comprender el contexto de violencia e impunidad que vivimos, las razones de fondo que mueven a determinados sectores de la población a movilizarse cuando han sido sojuzgados, reprimidos y ofendidos en lo más profundo. Gran parte de la clase política trae interiorizado el estilo caciquil y gansteril para gobernar. Persiste en sus comentarios los atavismos del gobernante represor, que solo sabe aplicar la ley utilizando la fuerza, estigmatizando los movimientos sociales e impulsando linchamientos mediáticos. Sus juicios sumarios contra los estudiantes que se organizan para protestar se focalizan en los actos de protestan sin atender las causas que motivan estas acciones. Deducen que actúan con irracionalidad y que por lo mismo merecen castigos severos. Acciones de fuerza para que entren en razón. La autoridad acciona con la fuerza para imponer la ley, en lugar de crear condiciones para establecer el diálogo, generar un ambiente de concordia y entendimiento, para entender las razones de quienes protestan y para llega a acuerdos mínimos que permitan la libre manifestación con el compromiso de que se pacifica.

Los lamentables hechos que se suscitaron el pasado 4 de febrero en la caseta de Palo Blanco, donde se dio una trifulca entre policías del estado y la guardia nacional contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que dejó varias personas heridas, entre estudiantes y policías, es una situación grave porque se dejó escalar la confrontación ante la ausencia de autoridades políticas del estado. A pesar de que ya tenían conocimiento de la movilización de los estudiantes y de que monitorearon sus movimientos, como siempre lo hace el ejército, los funcionarios que sesionaban en la mesa estatal por la construcción de la paz, no implementaron un mecanismo efectivo que tendiera puentes con los estudiantes para establecer un acuerdo mínimo de cómo garantizarles su protesta. Se dejo que fuera la comisión estatal la que estableciera este acercamiento, pero estuvieron ausentes representantes del estado para tomar la iniciativa de distender el ambiente de crispación que se estaba creando con el cerco policiaco, el encapsulamiento de los estudiantes y el querer someterlos a obligarlos a revisar los autobuses. Se dejó que la postura policial se impusiera por encima de la visión política del diálogo y la concertación. No hubo operadores que accionaran con gran habilidad para evitar que la tensión creciera, y se evitara que en la medida que pasaban los minutos se empeñaran en demostrar quién tenía el control de la situación. Ante estas circunstancias, tanto los estudiantes como las corporaciones policíacas, optaron por una salida de fuerza y cancelaron la vía del diálogo y el acuerdo. Esta grave ausencia de los negociadores políticos abrió el cerco, pero no para distender el clima de confrontación, sino para encender los ánimos e iniciar la batalla campal con lo que cada quien traía en las manos para pelear y defenderse.

La gobernadora tuvo la gran oportunidad de asumir una postura dialogante y concertadora con los estudiantes de Ayotzinapa para demostrarles su interés en comprender los motivos de su protesta, y al mismo tiempo, tender la mano para abrir canales de comunicación que demuestren que también se solidariza con la cusa de las víctimas con el movimiento de los 43 y que no los estigmatiza ni criminaliza. Lamentablemente el diálogo estuvo ausente.

 

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan

 

Foto: Oscar Guerrero