Impunidad para el poder supremo

 

 

En los últimos días, cuando arreciaron las protestas de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, se suscitaron hechos bochornosos que dejan entrever los grandes intereses políticos que persisten dentro del apartado gubernamental. En primer término el secretario de la defensa nacional, el general Crescencio Sandoval, estrenándose como jefe máximo de la guardia nacional ha asumido un protagonismo político ajeno al rol que han desempeñado los secretarios de la defensa, que forman parte de un poder subordinado a un poder civil.

En la ceremonia por el 175 aniversario de la gesta de los niños héroes de Chapultepec, el secretario de la Defensa Nacional asumió una postura crítica por los comentarios “tendenciosos” contra las fuerzas armadas de quienes buscan alejar al ejército de la ciudadanía. El general interpretó como una campaña de desprestigio, el hecho de que se genere un ambiente marcado por la polarización en torno a la permanencia de los soldados en las calles hasta el 2028. Lo grave de su posición es que como autoridad militar descalifica a quienes asumen una postura crítica sobre el papel que está desempeñando el ejército, de suplantar a las autoridades civiles en el tema de la seguridad pública. Califica de comentarios tendenciosos por parte de quienes increpan al poder supremo del ejército por su involucramiento en la esfera civil y por su gran influencia que está ejerciendo como un poder del estado que además cuenta con un amplio presupuesto público. Sin ambages el general hace una defensa a ultranza de las fuerzas armadas como baluartes de la legalidad y respetuosas de los derechos humanos.

Por otra parte, en la antevíspera del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se filtró una versión supuestamente completa del informe de la Comisión (CoVAJ). Es una información que se encontraba testada y que daba cuenta del contenido de las capturas de pantalla que el subsecretario Alejandro Encinas mantuvo bajo reserva ante la opinión pública. El criterio fundamental es no generar una mayor revictimización a las familias de los estudiantes y tampoco interferir en las investigaciones que por decreto debe de realizar la Unidad Especializada de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

La gravedad del caso radica en los hechos que se registran, donde se da cuenta de los horrores que causaron tanto actores del estado como miembros de la delincuencia organizada contra los 43 estudiantes normalistas. De acuerdo con la información recabada por el mismo subsecretario de derecho humanos no existen indicios de que los 43 estén con vida.

El escándalo que se dio entre algunas autoridades se centró en saber quién filtró esa información no testada, no tomaron en cuenta el impacto que esta información ha causado a las madres y padres de Ayotzinapa. Esta disputa que se da al interior de los mismos funcionarios públicos se ha focalizado contra el titular de la  UEILCA Omar Gómez y el mismo subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas, como quienes supuestamente filtraron la información. Esta confrontación muestra el grave deterioro que se vive al interior de las mismas instituciones gubernamentales por los intereses contrapuestos que defienden.

En este ambiente enrarecido se filtró la información de que un juez federal canceló 21 órdenes de aprehensión contra 21 servidores públicos, siendo 16 de ellos miembros del ejército mexicano. Se trata de una chicanada realizada por personal de la Fiscalía General de la República, que pasó por encima de la UEILCA, que es la institución creada expresamente a petición de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos. Se trata de una instancia que tiene como mandato investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes.

Las 21 órdenes de aprehensión formaban parte de las 83 que fueron otorgadas el 19 de agosto por parte del juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México. En esas órdenes incluía 20 mandos militares, 26 policías de Huitzuco, así como 5 autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero y 11 policías estatales. También se encuentran integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos. En la lista de autoridades del estado aparecen Iñaqui Blanco quien fue el Procurador General del Estado de Guerrero y  Lambertina Galeana que fue Presidenta del Tribunal de Justicia del estado, así como Ulises Bernabé que se desempeñaba como juez de barandilla en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, donde fueron llevados algunos estudiantes antes de ser desaparecidos.

Ante esta situación irregular y escandalosa el titular de la UEILCA hizo serios cuestionamientos a la resolución del juez Enrique Beltrán Santes de dejar sin efectos las 21 órdenes de aprehensión sin que haya motivos sustanciales que justifiquen su pedimento. Le reitera que al no ser notificados de estas actuaciones, se da por sentado que el juez está relevando al titular de la UEILCA para el seguimiento de la causa. Por lo mismo se trata de una decisión que violenta gravemente los derechos de las víctimas.

Para las madres y padres de los 43 el problema de fondo es que ninguna autoridad les explique las razones de por que estas órdenes de aprehensión fueron canceladas. Además de generar mucha molestia por estas actuaciones truculentas de los ministerios públicos, también tienen serias sospechas de que haya la intención clara de obstruir las investigaciones e impedir que avancen. Identifican un gran desaseo el que está realizando personal de la Fiscalía que ha suplantado a la UEILCA para evitar que se esclarezcan los hechos.

Por otra parte el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que existen personas infiltradas en el movimiento de las 43 madres y padres de Ayotzinapa y que están movidos por intereses ajenos, con la intención de desestabilizar el gobierno de la 4T. Esta descalificación ha causado  malestar entre las familias de los 43 estudiantes porque consideran que se está desviando la atención y desvirtuando su lucha. Su protesta es legítima y la han hecho pública por todos los agravios que han padecido por parte de los funcionarios públicos, han salido a las calles para hacer visible su enojo y para denunciar las tropelías de la Fiscalía General de la República. Las protestas se han focalizado contra las instancias que han obstruido las investigaciones y que de manera burda manipulan los procedimientos legales, para proteger los intereses de los perpetradores.

Las madres y padres de los 43 normalistas nunca imaginaron que en estos días cercanos al octavo aniversario iban a aparecer  funcionarios de la Fiscalía para maniobrar en su contra y demostrar su poder, cancelando 21 órdenes de aprehensión. Han constatado que para estos burócratas no les preocupa sus protestas, ni les afecta la denuncias públicas que han realizado. Más bien se sienten respaldados por sus superiores y seguros de que no tendrán consecuencias jurídicas sus actuaciones ilegales.

El ánimo que priva entre las madres y padres de los 43 está nutrida por la solidaridad de muchas organizaciones sociales y civiles que han abrazado su causa, ellas y ellos representan un gran símbolo de dignidad y resistencia, una fuerza que convoca y que provoca una reacción para exigir justicia y verdad. Sin proponérselo han alcanzado una gran estatura moral por ser unas personas firmes y fieles a sus principios éticos y al gran amor que le profesan a sus hijos. Es muy representativo el testimonio que nos comparte una de las madres de familia que dejó todo para buscar a su hijo.

“Para mí los militares son la clave que nos permitirán dar con el paradero de nuestros hijos, porque ellos desaparecieron. El ejército tiene que poner su parte, tiene que dar toda la información y tiene que abrir todos sus archivos. Deben de pagar con cárcel los responsables que desaparecieron a nuestros hijos. Jesús Murillo Karam debe ser castigado ejemplarmente. El gobierno federal debe de presionar al gobierno de Israel para que sea extraditen a Tomás Cerón de Lucio”

“Hasta hoy sentimos que ya no hay más tiempo que esperar, no hemos descubierto la verdad y no hemos visto justicia. Hasta el día de hoy sentimos que se están tardando muchísimo. Nosotros creímos en Andrés Manuel López Obrador. Pensamos que era un gobierno que estaba por el pueblo y con el pueblo, ahora vemos que está más del lado del ejército. Estoy segura que si el ejército estuviera de nuestro lado nos entregaría todos sus archivos y también pondrían a disposición a los militares que desaparecieron a nuestros hijos. Por eso seguimos luchando para que este gobierno nos haga caso. Si es en verdad un gobierno democrático tiene que demostrarlo castigando a los responsables e investigando el paradero de nuestros hijos».

«No vamos a desistir y exigimos a cualquier gobierno la presentación de nuestros hijos. No regresaremos a nuestras casas hasta saber con certeza dónde ir por ellos. Tenemos el presentimiento de que Andrés Manuel López Obrador no quiere presionar al ejército. Para nosotras es el ejército el que está obstruyendo las investigaciones porque se sienten como el poder supremo, que nadie les puede pedir cuentas».

«Nosotras sabemos lo que queremos, a nuestros hijos. Nadie nos quitará de enfrente para exigir la presentación de nuestros hijos. Ya no estamos solas, hay miles de personas que también son parte de nuestra familia, todas ellas nos han dicho que van a acompañarnos hasta que la vida nos separe. El amor por nuestros hijos y el cariño de la gente alivia mi dolor y me da fuerza para seguir gritando ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan