El poder judicial de la federación tiene que abonar a la justicia en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México, a 22 de septiembre del 2023. Las madres y padres de los 43, estudiantes normalistas y organizaciones se manifestaron en el Poder Judicial de la Judicatura Federal para que responda por los obstáculos e irregularidades que impiden haya verdad y justicia en el caso de los jóvenes desaparecidos.

Las familias interpusieron un amparo hace unas semanas contra el juez que permitió que la defensa de los militares acusados de participar en la desaparición de los 43 jóvenes estén mandando a citar al ex fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independiente (GIEI), periodistas y al Subsecretario de Derechos Humanos; también contra el cambio de medidas cautelares a militares acusados de delincuencia organizada; la suspensión definitiva para que el ejército no destruya, modifique o pueda ocultar documentos que permitirían llegar a la verdad, la concentración de expedientes y la preocupación de instancias del poder judicial que el caso Ayotzinapa debe ser en las instancias locales.

Ante las irregularidades, las madres y padres decidieron protestar en el Consejo de la Judicatura Federal para que llame la atención al poder judicial, quién no está garantizando el derecho a la verdad y a la justicia.

Desde que arribaron al Consejo de la Judicatura, después de unos segundos, el mitin empezó con la petición de una mesa de diálogo con las autoridades. Exigir explicaciones de la parcialidad del poder judicial porque “cuando se trata de procesar a los militares son cuidadosos del debido proceso, por qué los procesos que enfrenta, por ejemplo, Alejandro Tenexcalco, en lugar de tramitarse en un juzgado federal hoy en día declinan competencia para que un juzgado local en Guerrero sea el que lleve su proceso”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres de los 43.

Desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes descubrió la responsabilidad del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, las investigaciones han sido obstaculizadas. “En los juicios y procesos que hoy celebran en contra de los militares se ha observado una total parcialidad de parte del poder judicial, un ejemplo, es con qué facilidad el juzgado de distrito que lleva el proceso del coronel Rafael Hernández Nieto modificó la medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria. En cuestión de un día la guardia nacional entregó una evaluación de riesgo sin hacer los cuestionarios necesarios, sin hacer las entrevistas a los familiares y sin acudir al lugar para modificar la situación personal del coronel. El juzgado de inmediato le dio valor probatorio y modificó la medida cautelar”, informó Vidulfo Rosales.

También explicó que desde hace dos años han estado solicitando al Consejo de la Judicatura la creación de un mecanismo jurídico para que un solo juzgado pueda encargarse del caso Ayotzinapa. “Tenemos más de 30 procesos distribuidos en distintos juzgados que resuelven con criterios incluso encontrados. Había un trámite que se estaba dando a esta solicitud que hicimos, pero hubo cambios en el Consejo de la Judicatura y ahí quedó nuestra demanda. Este es un tema medular que queremos dialogar este día, queremos ver qué seguimiento se le va a dar a ese planteamiento hecho por las madres y padres de familia. Esa falta de homologación en los trámites del caso también conlleva a que haya criterios encontrados de los tribunales y perjudica el acceso a la justicia pronta”.

Por su parte, Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, estudiante desaparecido, mencionó que el 19 de septiembre tuvieron una reunión con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia. Alejandro Encinas les entregó un informe. No obstante, señaló que esté informe “tiene que ser analizado porque como madres y padres nos han mentido. Necesitamos la presencia de ayuda internacional que analice bien esos expedientes”.

Las familias cuestionan el actuar de las instituciones gubernamentales encargadas de hacer justicia. A 9 años siguen tocando puertas que se les cierran. Peor, el ejército mexicano ha confirmado a las madres y padres al ocultar la información.

“Las madres y padres seguiremos en exigencia de saber la verdad y el paradero de nuestros hijos. Es lo único que nos mueve a seguir en esta lucha: nuestros hijos. Seguiremos estando en las instancias correspondientes hasta que se nos dé una respuesta”, señaló doña Hilda.

Las intervenciones de las y los normalistas fueron a tono con la exigencia general de dar con el paradero de los 43 estudiantes. Las irregularidades del poder judicial y el reclamo de causar dolor a las familias al negar información de los jóvenes.

En la intervención de Vidulfo Rosales amagó con instalar otro plantón en el Consejo de la Judicatura si no los recibían para dialogar. Las madres y padres estuvieron una hora para entrar a las instalaciones de la Judicatura.

Después de dos horas en un diálogo forzado por parte de las autoridades al no querer revisar la actuación del poder judicial. En recapitulación los puntos que se abordaron tienen que ver con «el cambio de la medida cautelar a favor de militares, el último es el coronel Hernández Nieto; los abogados de los militares están haciendo una acción de mandar a interrogar al GIEI, Alejandro Encinas y al ex fiscal. Fue aceptada por el poder judicial. Esto socava y medra las facultades del ministerio público y un mecanismo de defensa transicional como el de la Comisión de la Verdad. Pone en riesgo la cooperación internacional, y es inaudito que un grupo de expertos venga a colaborar en asistencia técnica y ahora la defensa de los militares quiere interrogarlos. Eso pone en riesgo los mecanismos de cooperación y otros de justicia transicional que con mucho trabajo se han creado en nuestro país. Ante esta grave situación se interpone un amparo, así como contra la negativa de la Sedena a entregar información», dice Vidulfo.

La demanda para que concentren los expedientes y que sea una instancia del poder judicial la única que revise el caso también salió a flote en la reunión.

Se acordó una próxima reunión para que se analice el tema de la concentración, y hemos dejado de tarea al Consejo de la Judicatura para que dialoguen con el poder judicial. Ellos refieren que sus facultades son inminentemente administrativas, no pueden incidir en el tema sustantivo de las decisiones judiciales, sin embargo, les hemos dicho que estén vigilantes a las acciones y a las resoluciones que los jueces puedan emitir, informó Vidulfo.

Finalizaron que el tema de la información que tienen los militares respecto al paradero de los 43 ya no es un tema nada más jurídico, ni de debate con el presidente de la república, ya es un tema judicializado y que corresponde dar una respuesta. Está a prueba el poder judicial hoy en día respecto de si acota los poderes del poder militar de la Secretaría de la Defensa, se pone del lado de la justicia, y ordena a que entreguen información relevante para dar con el paradero de los 43. Dejaron ver que salieron de la reunión insatisfechos porque no hubo compromiso puntual. Esperan que el Consejo de la Judicatura pueda agendar una reunión a la brevedad.