Infancias rotas, gobierno obtuso

Un trabajo arduo que hemos tenido que aprender a lo largo de los años es saber acompañar de la mejor manera a las mujeres indígenas que son víctimas de las violencias que se multiplican en la Montaña. Es un aprendizaje que requiere mucha sensibilidad, empatía y respeto. Requiere un gran cuidado para no revictimizarlas, implica tiempo para comprender el contexto que enfrentan y ante todo identificar los nudos de las violencias que la atrapan. Su extrema vulnerabilidad nos obliga a tomar con sumo cuidado y sigilo las realidades que más lastiman su dignidad. Tenemos que desmontar nuestros esquemas urbanos para adentrarnos al mundo comunitario, para entender mejor su situación económica y cultural. Son mujeres que no cuentan con redes de apoyo al interior de sus comunidades. No solo se sienten solas e indefensas, sino que sienten que su mundo se derrumba porque en las comunidades indígenas la palabra de las mujeres aún no es escuchada y atendida, porque los hombres monopolizan el poder y sus voces tienen más peso. Esta asimetría de poder debe ser tomada en cuenta, porque la situación de las mujeres es de extrema vulnerabilidad.

Recientemente una madre de familia del municipio de Metlatónoc denunció a su concuño que entró al cuarto donde ella duerme con sus pequeños hijos, aprovechando que su esposo se encuentra en Estados Unidos. Recuerda que era de madrugada cuando lo vio sentado en su cama. Le reclamó por qué se había atrevido a entrar. Él solo le comentó que no dijera nada. La esposa comunicó a su suegro y denunció el caso ante el comisario. En lugar de darle credibilidad a su dicho, a pesar de que el concuño aceptó que había entrado a su cuarto, las autoridades dijeron que no había pruebas de que la haya tocado o violado. En lugar de investigar los hechos descalificaron sus dichos y procedieron a imponerle una multa por difamar al concuño. En lugar de respetar su testimonio y tratarla como víctima, la sancionaron por atreverse a denunciar.

Lo más grave es que se han trivializado las denuncias de las mujeres y se ha normalizado la violencia que ejercen los hombres. Desde los espacios comunitarios padecen esta dominación: desempeñan el rol de sumisión, se les enseña a obedecer desde pequeñas y a realizar trabajos extenuantes en su infancia. Son las niñas las encargadas de cargar y cuidar a los hermanitos más pequeños. Tienen que ir al campo con sus mamás para acarrear el agua y cargar con las varas para la lumbre. Varias de ellas cuidan chivos, y esa actividad las absorbe porque tienen que cortar camino y arrear los animales para que no se escapen ni pierdan. Es muy común que por no cuidar bien los animales los padres las reprendan y les den algún golpe.

Las niñas son víctimas de maltratos sistemáticos de los hombres de la casa. No solo padecen estos maltratos, también crecen con el estómago vacío. Comen tortillas frías en el cerro y resisten los escabrosos caminos para llegar a medio comer a sus casas.   Se las ingenian para jugar en el campo: corren, se suben a los árboles, juegan a las escondidas, saltan la cuerda. Cuando son varias niñas también juegan a los encantados. En lugar de jugar con alguna muñeca tienen que asumir el cuidado de sus hermanitos que cargan sobre su espalda.

Son infancias truncas porque en las comunidades de la Montaña las niñas no tienen derecho a jugar, tampoco tienen acceso a la educación, a cultivarse en las artes y desarrollar su creatividad con las nuevas tecnologías. Padecen la desnutrición y son presas de las enfermedades gastrointestinales. Cuando son pequeñas sólo comen tortilla mojada con caldo de frijol y cuando crecen se alimentan con tortilla y sal. El agua la toman de los manantiales que la mayoría están contaminados por los agroquímicos que aplican a la milpa. Aprenden a dar sus primeros pasos sobre los pisos de tierra lo que provoca que varias niñas y niños coman tierra y que fácilmente ensucien su ropa que la usan por varios días. En los hogares es difícil contar con depósitos de agua porque las tuberías de agua están rotas.

Desde los 11 años, en algunas comunidades de la Montaña, los padres siguen practicando la costumbre de unir en matrimonio a sus pequeñas hijas. Es una decisión arbitraria que no toma en cuenta a su esposa y mucho menos le comparte esta idea a su pequeña hija. Simplemente el padre escucha ofertas de otros papás que tienen a hijos de la misma edad para llegar a un arreglo económico. En las últimas décadas hemos constatado que esta práctica del pago de la dote se trivializó con lo que hoy se conoce como la venta de las niñas. Los padres llegan a un acuerdo pecuniario. Se trata de precios altos que oscilan entre 200 y 300 mil pesos para firmar esta alianza entre sus menores hijos. Además de este pago tiene que haber fiesta, mucha bebida y suficiente comida. La música no puede faltar. Son gastos onerosos que endeudan gravemente a las familias que pagan por el precio de una niña.

La costumbre es que la desposada tiene que irse a la casa de los suegros y ahí tiene que trabajar en todos los quehaceres domésticos que la nueva suegra le ordene. La niña paga las consecuencias del dinero que entregaron a su papá y es tratada como una persona sin derechos. Se dedica a lavar la ropa de todos, a preparar el nixtamal, a moler la masa, y hacer las tortillas. También se va al campo para apoyar en todas las labores de la siembra y de la cosecha. Viaja con la familia a los campos agrícolas y todo lo que llega a ganar en cada jornada el dinero lo cobra el suegro. Ella simplemente es una empleada de su nuevo patrón.

No tiene voz y por lo mismo debe de soportar los maltratos, los golpes y las malas acciones de su esposo. Nadie puede defenderla, su destino es obedecer y soportar todos los desprecios y regaños. A los 12 años se embarazan y aún en estas condiciones no dejan de trabajar. De milagro sobreviven para dar a luz a su hijo en condiciones sumamente insalubres. La misma necesidad las obliga aprender a cuidar a sus bebés y a cargar con otra responsabilidad de la que el esposo se desentiende. Ser niña madre es un calvario que sufren por décadas sin que nadie se acerque para ayudarlas. Sufren en silencio, resisten en medio del dolor y se sobreponen a muchas adversidades.

Su destino es ser madre en la adolescencia y soportar las violencias que ejercen sus esposos, sus suegros, las suegras, los demás familiares de su esposo, la comunidad y las mismas autoridades. Es una montaña de agravios los que padecen las mujeres, nadie se coloca de su lado y más bien todas las señalan como las que no trabajan y que gastan mucho. Su misma familia se desentiende de ella, su padre no puede decir nada porque recibió mucho dinero y no tiene el derecho a reclamar nada.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno son cómplices de estas tragedias. No hay formas de revertir este sistema patriarcal en un contexto de extrema pobreza donde las instituciones del Estado están ausentes. Es una desolación atroz que nadie se interesa en conocer y mucho menos apoyar. Dejan que las mujeres se desangren y mueran sin que nadie salga en su defensa. Las autoridades de los municipios en lugar de proteger a las mujeres que hacen un gran esfuerzo para ir a denunciar los delitos que padecen, la misma síndica o síndico se encarga de regañarlas y las obligan a regresar con sus maridos.

Lo insólito es que por levantar un acta que atenta contra sus derechos y que revictimiza a las mujeres, les cobran 500 pesos para firmar el documento que legitima la violencia de los hombres. Son las mismas mujeres las que se han revelado y atrevido a denunciar la violencia de sus maridos ante el Ministerio Público de Tlapa, sin embargo, este esfuerzo las revíctimiza porque no las atienden, cuestionan sus dichos y regularmente le dan la razón al agresor, a cambio de dinero.

Es inconmensurable todo lo que padecen las mujeres para alcanzar la justicia del Estado. Muchas de ellas se han regresado a sus domicilios porque no son atendidas. Su atrevimiento tiene consecuencias funestas porque al regresar a sus hogares, el marido se ensaña para golpearlas y matarlas.

Los feminicidios en la Montaña se han incrementado por esta inacción del Estado; por su ausencia en las comunidades; por su complicidad con los agresores; por vender la justicia al mejor postor; por tratar a la mujer como un ser inferior; por no darle crédito a su palabra; por darle un trato discriminatorio y por pisotear sus derechos y sepultar sus sueños de vivir dignamente.

Esta lacerante realidad nos obliga a levantar la voz y denunciar estas atrocidades cometidas contra las mujeres indígenas. Las madres y niñas requieren un compromiso serio de las autoridades. Sus acciones son obtusas, inmediatistas y para salir del paso. En lugar de llegar a las comunidades más recónditas, para ser un gobierno de territorio, se siguen implementando acciones que reproducen los vicios añejos del burocratismo. Las prácticas insolentes y corruptas se siguen reproduciendo como hace 5 décadas en las fiscalías del estado. La discriminación y el racismo contra las mujeres indígenas es una práctica acendrada en las dependencias gubernamentales, las niñas lo padecen a flor de piel.