Boletín Clamor de comunidades desplazadas llega a la comunidad internacional Organizaciones de la MCO hacen un balance después de la visita de la eurodiputada Diana Riba i Giner y hacen un llamado al Estado Mexicano a cumplir su deber Constitucional: cuidar y defender las vidas de las mexicanas y los mexicanos Tras la jornada de trabajo de la Misión Civil de Observación sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Chihuahua y la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea, las comunidades desplazadas de la Sierra de Chihuahua, así como las organizaciones civiles que las acompañamos y asesoramos, mantenemos la esperanza de que la colaboración y la observancia internacional son un eslabón más en la cadena de acciones que otorguen a las víctimas dignidad, justicia y memoria. Durante décadas, las organizaciones civiles en Chihuahua y en México hemos documentado la problemática del DFI y acompañado a sus víctimas, principalmente de pueblos y comunidades indígenas, quienes no solo han experimentado el trauma del desplazamiento, sino que también han sido despojadas de sus territorios ancestrales, de sus bienes naturales comunitarios y de la posibilidad de ejercer con libertad y tranquilidad su identidad cultural y sus medios de vida. La resistencia y la valentía de las comunidades han sido el ejemplo a seguir para las organizaciones acompañantes, en cuanto a la defensa de sus derechos humanos y comunitarios; no solo han resistido a la violencia estructural y a la invisibilización, sino también a la negación oficialista de las violencias de que son víctimas, a la criminalización y al desprecio por sus vidas y su bienestar. Es por esto que la mirada internacional se ha posado sobre Chihuahua y sus pueblos desplazados: por la digna lucha y la resistencia que han sostenido, en algunos casos, durante décadas. La visita de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea es un efecto de la lucha de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las acciones de acompañamiento, denuncia e incidencia política de las organizaciones locales y nacionales que las acompañamos. Es por esto que desde la MCO reconocemos y agradecemos que la comitiva internacional se diera el tiempo y dedicara el esfuerzo a realizar el viaje a comunidades tan alejadas y vulnerabilizadas en la Sierra Tarahumara, como Baborigame y Guadalupe y Calvo. Confiamos en que la presencia de organizaciones internacionales eleve el nivel de discusión sobre el DFI, que se visibilice el trabajo de acompañamiento y defensa de las personas defensoras, comunidades y organizaciones, así como que se abran posibilidades de colaboración interinstitucional para dar respuesta a las familias afectadas. Si bien los tres niveles de gobierno del Estado mexicano han otorgado respuesta a las comunidades desplazadas, particularmente en acciones urgentes y atención humanitaria, la respuesta institucional de los tres niveles de gobierno continúa siendo insuficiente en términos de condiciones dignas de vida, justicia y reparación del daño. En este sentido, no basta que se contabilicen las atenciones a las familias afectadas si no hay una estructura política y económica (leyes y presupuestos públicos) adecuada para la atención a las víctimas. Además, el Estado mexicano carece por completo de planes y programas que puedan dar soluciones a mediano y largo plazo, los cuales incluyen: elaborar un censo confiable, otorgar recursos económicos específicos, atención institucional diferenciada, pacificación de las regiones, investigaciones penales, restitución de tierras y regreso seguro de las comunidades a sus lugares de origen. Ante el panorama político y electoral en Chihuahua y México, la MCO reitera que la exposición mediática selectiva por parte del Estado mexicano no es suficiente: hace falta realizar acciones afirmativas que sean integrales, que más allá de atender la emergencia consideren el plan de vida de las personas afectadas, y la implementación de acciones a largo plazo. Desde el inicio de los trabajos de la MCO, e incluso años antes, la coordinación entre niveles de gobierno ha dejado mucho qué desear, así como la colaboración entre instituciones, la responsabilidad social y la voluntad política del aparato gubernamental en sus tres niveles: municipal, estatal y federal. Algunas familias víctimas de DFI tienen más de diez años defendiendo sus derechos y buscando justicia: han expresado sus preocupaciones, sus dolorosos testimonios y sus exigencias a lo largo de los años a todos los gobiernos, sin importar el partido político al que pertenezcan quienes se encuentran en el poder. Aclaramos que una persona desplazada no deja de serlo hasta que se encuentren soluciones duraderas que restituyan sus condiciones de vida antes del desplazamiento, según lo establece el marco internacional de soluciones duraderas para las personas desplazadas internas. Es por eso que las víctimas de DFI y las organizaciones de la MCO señalamos determinantemente que el Estado mexicano debe actuar para defender la vida, la seguridad y la dignidad de toda la población mexicana, como lo dicta la Constitución Mexicana; que la atención a las personas desplazadas (PDFI) no debe ser condicionada por ninguna pugna política ni deberá convertirse en botín electoral de ningún partido o actor político; y finalmente, que la seguridad y la pacificación de los territorios debe ser, junto con la atención humanitaria, tema de central importancia de forma urgente, así como a mediano y largo plazo. Reiteramos que la visita de la eurodiputada Diana Riba i Giner a México y a Chihuahua es un ejercicio de diplomacia ciudadana entre los pueblos, de observación, diálogo e incidencia y defensa de los derechos humanos, así como para identificar ámbitos de colaboración y responsabilidades compartidas. Ella es activista por los derechos civiles y política española, es miembro del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo en representación de Esquerra Republicana de Catalunya. Ante la visita, las comunidades y las organizaciones de Chihuahua y de México nos congratulamos porque su presencia en suelo chihuahuense es el resultado de años de resistencia, de denuncia y de digna lucha. La Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México–Unión Europea se constituye por: (1) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; (2) Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos; (3) Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT); (4) Grupo de Trabajo de Política Migratoria; (5) Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; (6) Red por los Derechos de la Infancia en México; (7) EU-Lat Network; (8) Organización Mundial contra la Tortura; (9) Brigadas Internacionales de Paz – México; (10) Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); (11) Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); (12) Transnational Institute; (13) ACAT Francia; (14) CAREA e.V.; (15) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y (16) Taula per Mèxic. Share This Previous ArticleTita Radilla y María Herrera: Amores de todos los dolores No Newer Articles 54 minutos ago