Por un nuevo Poder Judicial

Este primero de junio tendremos por primera vez en nuestro país elecciones judiciales. Se trata de un proceso electivo que representa un gran reto para la autoridad electoral que tiene como mandato preparar la elección para que el 100 por ciento de las personas de la lista nominal puedan ejercer su voto. Los lineamientos del INE prohíben actos masivos de los aspirantes a juzgadores, no se permite que contraten espectaculares y bardas para promocionarse. No pueden comprar publicidad en medios de comunicación, en redes sociales ni en espacios físicos. Queda vetada la participación de los partidos políticos y los candidatos no pueden realizar ni pagar encuestas. Serán campañas que no contarán con financiamiento público y los topes de gastos estarán monitoreados por el INE.

Los recortes presupuestales impuestos por el Congreso Federal al INE repercutirán en el número de casillas instaladas, habrá menos centros de votación, las distancias serán más largas y los electores tendrán que disponer de mayor tiempo para ejercer su voto. En esa fecha las ciudadanas y ciudadanos depositaremos 6 boletas. Se trata de elegir a 9 ministros y/o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 Magistrados de Circuito y 386 personas juzgadoras de Distrito.

De acuerdo con información oficial hay más de 5 mil candidatos para todos estos cargos. Son 81 candidatos para la SCJN, 18 candidatos para la Sala Superior del TEPJF,135 candidatos para las salas regionales del TEPJF,45 candidatos para el Tribunal de Disciplina Judicial, 2 mil 784 candidatos a magistrados de circuito y 2 mil 316 candidatos para jueces de distrito. En total se elegirán 881 cargos.

En esta elección judicial los Guerrerenses quedamos supeditados a los intereses de los grupos parlamentarios del Congreso local que a nivel cupular determinaron postergar la reforma judicial local. Dejaron intocado un poder opaco cuya impartición de justicia tiene una gran deuda para un pueblo castigado por la pobreza y sediento de justicia. Los intereses de la clase política son los que rigen a las autoridades judiciales en turno, por eso la sociedad guerrerense no confía en la imparcialidad, pulcritud e independencia de los juzgadores y juzgadoras, porque son parte de las elites políticas y de las castas familiares que se heredan los cargos. La carrera judicial en Guerrero genera grandes dividendos y goza de múltiples privilegios, es ajena a las grandes luchas que han protagonizado movimientos de campesinos, indígenas, normalistas, maestros, universitarios, feministas, colonos y colectivos de víctimas. Todos son catalogados como actores incómodos, rijosos y radicales. Los califican como provocadores e incitadores de la violencia. A ellos y a ellas se les aplica todo el peso de la ley porque no son amigos ni aliados del poder. La justicia se torna inalcanzable.

Esta elección judicial será para jueces federales, magistrados y ministros. Es importante ubicar cuáles son los grandes problemas que enfrentamos como ciudadanos y ciudadanas con estas instancias del poder judicial de la federación.

Con las reformas del sistema de justicia penal acusatorio y reforma de derechos humanos del 2011, la SCJN ha tenido grandes avances, sin embargo, no ha sentado precedentes de gran calado con relación a los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte no ha generado jurisprudencias. El espíritu de la Constitución de 1917 tiene como columna vertebral la justicia social, los derechos a la salud, la educación, vivienda y alimentación. Hoy en día se han podido consolidar porque el ex presidente Andrés Manuel López Obrador elevó a rango constitucional los programas sociales, sin embargo, la SCJN no ha impulsado estos derechos. No hay lineamientos ni precedentes de carácter obligatorio para que los jueces de distrito hagan justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día los nuevos ministros tienen que priorizar el tema de la justicia social para salvaguardar derechos consagrados desde 1917.

Un gran pendiente que tiene la SCJN son los derechos indígenas. Los precedentes son muy limitados, incluso ha avanzado más el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reconocer los derechos políticos de los pueblos indígenas; a reconocer el autogobierno, la libre determinación y autonomía de los pueblos. Ha emitido resoluciones en materia de juicios ciudadanos interpuestos, como el caso de Cherán o el de Ayutla. Por el contrario, la Suprema Corte ha interpretado de manera limitada los derechos de los pueblos indígenas. Todavía tiene la idea errónea de que la libre determinación y la autonomía implica crear un estado sobre el Estado mexicano. Es la teoría de la balcanización del país. Su visión es reduccionista y ajena a las luchas emancipadoras de los pueblos indígenas de américa.

Las candidatas y candidatos a ministros pueden ayudar a sentar importantes precedentes en temas tan sensibles como los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, principalmente el de la libre determinación y la autonomía de los pueblos, en el reconocimiento de la propiedad ancestral de sus territorios y de gobiernos propios. Será de gran relevancia contar con magistrados con este nivel de miras, magistrados que estén cercanos a los pueblos, que tengan sensibilidad y compromiso con la población pobre del campo y la ciudad. Ese tema debe estar en el centro de los debates para la renovación del poder judicial de la federación.

¿Qué pasa con el poder judicial en Guerrero? Aquí tenemos un grave problema porque todos los jueces y magistrados son del viejo régimen autoritario, con una visión cerrada y con una interpretación de la ley muy restringida. En el tema de los derechos de los pueblos indígenas no asimilan lo que es la libre determinación. No les cabe en su visión legalista que haya una jurisdicción indígena, es decir, un sistema de justicia, seguridad y reeducación propio de estos pueblos.

Hay jueces que han cuestionado ¿cómo es que los pueblos indígenas van a hacer justicia? No lo pueden hacer porque la justicia es un ejercicio de mucha responsabilidad. Como jueces están en nuestras manos la libertad de las personas, las propiedades, y sólo podemos llevar la jurisdicción los que tenemos estudios especializados en esa materia. Es difícil que asimilen estas reformas, porque requiere incorporar una perspectiva intercultural, una visión pluralista del derecho y asumir que los pueblos son sujetos de derecho público, que se rigen por sus sistemas normativos propios.

Son jueces que aunque estén dentro del sistema penal acusatorio, no subsanan las grandes deficiencias que tienen en materia de derechos de los pueblos indígenas. Son poco receptivos, para interpretar la constitución bajo el paraguas del artículo 2 constitucional que reconoce la libre determinación de los pueblos, la autonomía, el gobierno indígena. Han estado dictando fallos contra los pueblos indígenas. Pocos incorporan en sus análisis la perspectiva de género, la asimetría de poder en la que se encuentran las mujeres indígenas, las intersecciones que padecen y la discriminación de la que son víctimas.

Los problemas estructurales que enfrentan los pueblos indígenas para acceder a la justicia son añejos y complejos; prevalece la falta de traductores, hay mucha corrupción, parcialidad, discriminación a la población indígena. Carecen de intérpretes, no hay instancias de los pueblos indígenas dentro del poder judicial. Por ejemplo, no contamos con una sala indígena, una representación que mínimamente vea por los pueblos indígenas. No hay nada.

Por otra parte, el Poder Judicial sigue teniendo presupuestos exiguos, sus instalaciones son deplorables. En Acapulco las salas de juicios orales son pequeñas y con mucha sobrecarga de trabajo. Los jueces tienen que esperar porque las salas están ocupadas. No hay lugar para que se sienta el público, tampoco hay baños. De nada sirve que haya un nuevo sistema si no hay instalaciones dignas, amplias para que pueda funcionar adecuadamente.

En Tlapa tenemos un aire acondicionado descompuesto, los asientos están hechos trizas, no hay dónde conectar una computadora para revisar documentos de manera electrónica o alguna jurisprudencia.

En Guerrero la carrera judicial no es efectiva. La mayoría de los funcionarios del Poder Judicial son familiares, el parentesco es una regla sagrada. Las castas de la familia judicial forman parte de una tradición caciquil. Los cargos se heredan y son de corte endogámico. Es un círculo cerrado donde no hay manera de acceder si no es por el parentesco sanguíneo o de afinidad. Las historias abundan en el estado, muchas de ellas son inauditas. Lo grave es la opacidad con la que se manejan dejando de lado los principios de transparencia, legalidad, máxima publicidad, equidad, objetividad, imparcialidad. Todo se tira por la borda para proteger intereses y privilegios. ¿Qué calidad en la impartición de justicia puede haber en los juzgadores y juzgadoras de Guerrero cuando están por encima de esta causa del pueblo guerrerense, intereses familiares y facciosos? El nepotismo en el Poder Judicial, es un problema arraigado que se niega a ser arrancado de raíz.

Ahora entendemos por qué no se avanzó en la reforma judicial local. Son muchos intereses que están en juego y se requiere tiempo para el reacomodo de los grupos que se niegan a perder sus privilegios. La corrupción carcome a las instituciones del estado y nadie de los funcionarios está interesado en cortar de tajo este cáncer que nos ha contagiado como sociedad. La lucha imbatible de las familias, los colectivos, las organizaciones y los pueblos seguirá rompiendo estas redes de la delincuencia institucionalizada, seguirá dando la batalla en todos los frentes para remover los obstáculos que los mismos funcionarios del Poder Judicial ponen para hacer inaccesible la justicia. Mientras tanto hay una gran tarea de difundir esta reforma judicial y promover la participación de la gente que ha sido relegada por los poderes establecidos. Fue un buen ensayo el foro que se organizó este sábado 12 abril en la comunidad indígena de La Cortina, municipio Ñu’u Savi, donde estuvo presente el candidato a ministro de la SCJN, Hugo Aguilar, indígena del pueblo na savi, que dio a conocer sus propuestas para que las demandas de los pueblos de México sean escuchadas por los futuros ministras y ministros. Fue un gran evento, único en el estado, donde quedó demostrada la capacidad de convocatoria de los pueblos para impulsar un nuevo Poder Judicial en Guerrero.

Centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan