Guerrero de desaparecidos: la continuidad del terror de Estado

Chilpancingo, a 29 de agosto del 2025. En un escenario donde se ha implantado el terror de Estado, en su movilización los colectivos de familiares desaparecidos exigieron a las diputadas y diputados del Congreso del estado de Guerrero la aprobación de la Ley en materia de desaparición de personas, la creación de un Centro de Identificación Humana; así como la independencia de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para que reciban mayor presupuesto y tengan derecho a la canasta básica.

La marcha empezó en el antimonumento +43 a las 11:30 de la mañana. David Molina, del colectivo de desaparecidos Lupita Rodríguez, exigió la presentación con vida de los jóvenes normalistas. Al lado estaba doña María de Jesús Tlatempa con la pancarta del rostro de su hijo José Eduardo Bartolo Tlatempa, desaparecido en 2014. Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres, hizo el pase de lista de los 43 estudiantes y los tres caídos en Iguala.

David Molina remarcó que colectivos de diferentes regiones de Guerrero están realizando actividades para que su voz sea escuchada como el de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Madres Igualtecas. En Acapulco: familias de Acapulco; Fe y Esperanza; Memoria, Verdad y Justicia; el colectivo Vicente Suástegui. En Costa Grande: la Afadem. En Chilpancingo: Familias en Búsqueda, colectivo Guerrero No Más Desaparecidos y de la Montaña el colectivo Luciérnaga y Siempre Vivos de Chilapa.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el recorrido arrancó con las palabras que don Emiliano Navarrete dijo recientemente en la Asamblea Nacional Popular en la normal de Ayotzinapa: “el gobierno nos podrá ver cansados, tristes, pero nunca nos verán de rodillas”.

“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, el conteo del 1 al 43, “¡ahora, ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables!”, fueron las consignas que marcaron el paso. Los hermana no sólo el dolor, sino la esperanza por encontrar a sus seres queridos. En Guerrero son los 43 estudiantes y más de 4 mil 600 personas desaparecidas, mientras en el país son 130 mil personas de las que no se sabe de su paradero.

“Nuestra exigencia es la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas del estado de Guerrero, uno de los pocos estados que no cuentan con una ley local porque al gobierno de la entidad no le interesa el tema de los desaparecidos. No les importa porque no son sus familiares, ni sus hijos. Lo peor de todo es que no han dado un presupuesto digno a la Comisión Estatal de Búsqueda y han impuesto los titulares de las dependencias para encubrirse. Recientemente, como una unión de 15 colectivos, hicimos un pronunciamiento de designar a una persona para que fuera titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Necesitamos unirnos para solicitar que avancen las búsquedas de personas”, dijo David Molina.

Abundó, “que en el 2022 la legislatura estaba encabezada por Omar Sánchez Esquivel, quien se burló de los colectivos presentando en el pleno una ley que no era la que habían presentado las familias”. Hay miles de cuerpos en los Semefo, en los panteones forenses, en los centros ministeriales y en las fosas comunes, pero las legisladoras y legisladores no quieren crear un Centro de Identificación Humana del estado de Guerrero. Para las familias es importante la identificación y entrega de cuerpos o restos para sepultarlos con dignidad.

“¿Qué pasa con la ley de desaparición forzada de personas?” Interroga doña Engracia del colectivo Lupita Rodríguez. Asegura que en el Congreso del estado han aprobado otras leyes, pero la que las familias están impulsando no ha pasado. “El 30 de agosto es un día que no debería de existir. Las personas no desaparecen por gusto, no se van por que quieren. Hombres, mujeres, niños, personas adultas que los está esperando en sus hogares.  La sociedad, sin conocer el caso hacen comentarios negativos. Cuando se realiza la denuncia ante la Fiscalía lo primero que hacen, en lugar de investigar el paradero de nuestros desaparecidos, es criminalizar. ¿Cuántos desaparecidos más tiene que haber?”

En el mitín en las rejas del Congreso de la entidad, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reclamó a los diputados y diputadas que no dan la cara y no se comprometen a resolver las múltiples demandas de los colectivos de personas desaparecidas. “Desde el trienio pasado hasta la fecha no vemos que existan diputados y diputadas de todos los partidos interesados en escuchar el clamor de verdad y de justicia de estos colectivos que dignamente y diariamente dan la cara para poder demandar al Congreso para que cumpla con su responsabilidad de legislar y no para intereses facciosos”.

Abel Barrera lamentó que desde hace cinco décadas el Estado asumió una política de represión generalizada contra los movimientos sociales a través de estrategias de contrainsurgencia, implementada por el ejército mexicano y hasta el día de hoy “han continuado como si no hubiera gobierno ni fiscalía, ni un sistema de justicia del Estado para parar esta criminal desaparición que ha venido desde hace cinco décadas”. Se defiende al ejército mexicano en Guerrero, “sabiendo son los autores de las desapariciones forzadas de aquellos años de los luchadores sociales. Es un mensaje de impunidad, de cubrir al ejército y de colocarlo ahora como un empresario del Estado. Con la Guardia Nacional se ha  militarizado. Los años son rojos, son lúgubres porque cada día hay más muertes y más desaparecidos”.

La guerra contra las drogas en México sigue contra las familias que no tienen que ver con la delincuencia, sino simplemente por vivir en Guerrero y luchar por una vida digna. Hoy hay centenas de desaparecidos en Ayutla, en Chilpancingo, en Acapulco, en Iguala, Taxco, en Tlapa, en la Montaña y los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Los padres y madres saben que 17 de sus hijos fueron detenidos y los llevaron a barandillas de Iguala.

“Al desaparecer tuvimos que abrir los ojos para darnos cuenta de lo que realmente estaba pasando en México. Somos hermanas y hermanos del mismo dolor de no saber dónde están los hijos que se fueron a estudiar y fueron reprimidos por todos los cuerpos policiacos. No olvidamos que Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Ángel Aguirre Rivero, Iñaki Blanco, son los principales responsables de la desaparición de 43 estudiantes futuros maestros. Andrés Manuel López Obrador sí avanzó, pero topando con el ejército se detuvo. Gracias al GIEI sabemos que hay información de lo que pasó por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, pero el ejército no nos ha querido entregar más de 800 folios”, dijo doña María de Jesús Tlatempa.

“Tenemos esperanza en la reunión del 4 de septiembre con la presidenta para que nos dé avances, porque hay lugar, fecha y evidencias de lo que pasó el 26 y 27 de septiembre, hay detenidos, pero no sabemos su declaración. Estamos indignados porque no tenemos una presidenta que respeta los derechos humanos. Ya basta de que sean violados nuestros derechos. Ya basta de que otra madre, otro padre, otra familia esté sufriendo por un hijo desaparecido. Exigimos a la presidenta Claudia Sheinbaum que nos mire, que ya basta de desapariciones” concluyó.

Por su parte, doña Susana del colectivo Luciérnaga de la Montaña, aseguró que desde que se formó el colectivo en 2019 “hemos realizado ocho jornadas de búsqueda en campo con pala y pico en los cerros y barrancas. Se han encontrado más de diez cuerpos de personas desaparecidas y más de 120 restos humanos, sin embargo, la Fiscalía del estado no nos ha dado los resultados. En el marco del Día Internacional de las Desapariciones Forzadas nos sumamos a otros colectivos que buscan a sus familiares como lo hacemos en la olvidada región de la Montaña, donde las autoridades déspotas no voltean a mirarnos, nos tratan mal, nos discriminan  porque somos indígenas. Por eso hacemos el llamado a que tengan la sensibilidad de tratarnos con dignidad porque somos víctimas y merecemos respeto”.

Las familias han tenido que realizar sus propias investigaciones porque la Fiscalía General del Estado no lo hace. En las búsquedas sólo están como observadores. Cuando las familias con el hondo dolor acuden a los ministerios públicos para interponer la denuncia por desaparición no les creen, y lo peor es que son criminalizadas. Los tratos rayan en el desprecio. Los obstáculos parecen una cadena sin fin. En las entrañas de las intituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Estatal de Búsquedas de Personas están sin fondos. Las familias tienen que andar pidiendo como si fuera caridad para que el Estado cumpla con su obligación. Con el dolor que traen en el corazón todavía tienen que andar buscando a los funcionarios para que las atiendan. Lo más grave es que la gobernadora no ha tenido la sensibilidad de acercarse, de atender, sobre todo, abrazar la causa de las familias que buscan a sus seres queridos.