Jornaleros en manos del hampa

Bajo amenazas de la delincuencia, el 5 de noviembre salió el primer autobús de familias jornaleras a los campos agrícolas de Sinaloa y Guanajuato al corte de verduras chinas. Su periplo se convirtió en pesadilla. 11 autobuses habían planeado tomar la ruta de Chilapa, pero el grupo delincuencial que se ha instalado frente a la casa de jornaleros de Tlapa, les advirtió que tendrían problemas en el trayecto. Fueron directo con los choferes; exigían 5 mil pesos por la salida de cada autobús.

Las familias jornaleras, soportaban el rayo del sol esperando que los choferes resolvieran su problema. Cargaron con sus petates, enseres domésticos, cubetas y escobas, para sobrevivir en los campos agrícolas. Muchas madres llevaban sobre sus espaldas a sus hijos envueltos en sus rebozos. Una pareja de jóvenes descansaba sobre sus costales con sus cubetas de 20 litros.

De una camioneta estaquita varias familias bajaban garrafones, ayates y bolsas de plástico con ropa. El polvo se alborotaba cada vez que dejaban caer sus costales. Los contratistas con listas en mano checaban cuántas familias estaban. A la una de la tarde ordenaron que subieran a los autobuses. De inmediato se formaron llevando en sus manos algunas cobijas, totopos, colchonetas y morrales.  En 17 minutos los autobuses arrancaron. Después de las dos de la tarde quedaron sólo tres. A las 2:40 se alertó a la policía municipal de Tlapa para que atendieran a los choferes. La respuesta de los policías fue lenta. Llegaron media hora después. Realizaron sus rondines al interior del inmueble, mientras tanto algunos conductores pagaban cuota 5 mil pesos en la “casa rosa”, una empresa de autotransporte.

Ante la inacción de los policías los choferes no sabían qué hacer. Una mujer se encargó de llamarles por teléfono para que pasaran a dejar el dinero. Cinco conductores permanecieron en la puerta de la casa del jornalero para esperar la orden de salida. En ese momento dos policías estatales se acercaron para decirles: “vayan a sus camiones… aquí todos se tienen que dirigir conmigo,” les dijo el comandante mientras vigilaban la casa rosa.

Cada chofer tardó más de 15 minutos para hacer el pago. Los policías testificaron la extorsión de 11 choferes. Descargaron la responsabilidad en los choferes por no interponer una denuncia formal. Con el pago realizado los camiones emprendieron su camino a los campos agrícolas de Sinaloa y Guanajuato.

El 6 de noviembre, otro autobús con 26 jornaleros y jornaleras salió de Tlapa a las 11 de la mañana, rumbo a la Colonia del Valle, en el estado de Chihuahua. Tomó la ruta de Puebla sin imaginar que a la altura de Xochihuehuetlán una camioneta se les atravesaría para asaltarlos.

En un punto donde no había casas bajaron con violencia a las familias jornaleras. Todos corrieron a esconderse entre los cerros, mientras los agresores golpeaban al chofer y rompieron las ventanas del autobús. Las familias con temor tuvieron que caminar para llegar a Xochihuehuetlán y refugiarse en una iglesia. Un pasajero logró hacer una llamada para pedir auxilio, logrando comunicarse con la policía del estado. Llegaron para prestar auxilio sin ubicar a los asaltantes. Al chofer lo trasladaron en ambulancia para su atención médica.

Lo preocupante es que las agresiones contra las familias jornaleras iniciaron desde el 29 de agosto cuando empezaron los asaltos en la ruta de Puebla. Las familias son despojadas de sus pertenencias y los choferes son golpeados. Quedan a la intemperie sin que las autoridades se enteren de estas agresiones porque no hay un acompañamiento puntual desde que salen de sus comunidades y cuando se suben a los autobuses en Tlapa para viajar por 2 o 3 días a los campos agrícolas.

El pasado 13 de octubre se realizó la primera reunión con funcionarios del estado. A convocatoria del secretario de asuntos indígenas, Abel Bruno, estuvieron presentes el secretario del trabajo en Guerrero Omar Estrada; el coordinador operativo en la región de la Montaña de la secretaría de seguridad pública Raúl Simón Flores; así como representantes de la secretaría de migrantes, de los municipios de Cochoapa el Grande y de Alpoyeca. También estuvo presente el doctor Julián Rosales titular de la unidad médica de la casa de jornaleros. Por parte de las familias jornaleras estuvo una representación del consejo de jornaleros y del centro de derechos humanos de la Montaña, Tlachinollan.

Ante las agresiones reportadas por algunos jornaleros y contratistas y los requerimientos de dinero que exigen personas que tienen oficinas para vender boletos a las personas que se desplazan a los campos agrícolas, se acordó iniciar con los operativos para brindar seguridad a la casa de jornaleros por parte de la policía estatal. También se planteó como una acción prioritaria la revisión de los permisos con que cuentan las empresas de autotransporte instaladas en Tlapa y que ofrecen servicios para trasladar a familias a los campos agrícolas. Otro asunto de preocupación es el brote de sarampión que se ha dado entre los niños y niñas de familias jornaleras que llegaron del estado de Chihuahua. Se han reportado varios casos de los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Copanatoyac y Tlapa. Se informó que en la casa del jornalero se ha instalado un modulo para informar a la población que está regresando sobre el brote del sarampión para invitar a que se vacunen y registrar a los niños que se han contagiado.

Las familias jornaleras han planteado las dificultades que tienen para acceder a los programas sociales del gobierno federal. Comentan que por su movilidad no son censados porque se encuentran trabajando en los campos agrícolas. Por eso piden que la secretaría del bienestar, tomen en cuenta su situación de migrante interno para que se implemente un mecanismo efectivo que garantice su registro en los campos donde se encuentran trabajando. Lamentan que no los tomen en cuenta y que cuando intentan registrarse tienen dificultades porque están mal sus nombres o fechas de nacimiento en sus actas de nacimiento. Por eso piden que se instale un modulo de registro civil en la casa del jornalero que se avoque a atender estos problemas. La gente realiza gastos infructuosos en estos trámites porque tiene que ir a Chilpancingo donde les ponen muchos obstáculos, sobre todo los discriminan porque no dominan el español.

También se ha planteado convocar a las empresas agrícolas para tener un diálogo con las autoridades del estado y la población jornalera con el fin de garantizar una contratación que respete los derechos laborales de los trabajadores y se haga efectiva la seguridad social. Hay muchos abusos de los patrones y muchos engaños en cuanto a los beneficios que supuestamente ofrece la empresa. Aparte de que no les pagan el salario mínimo, cuando se enferman tienen que ir a médicos particulares porque la empresa no les garantiza este derecho. Al salir del campo para ir a consulta médica les descuentan el día y a veces los castigan para que no trabajen más días. Las mujeres embarazadas sufren más porque tienen que trabajar en condiciones de alto riesgo y su atención médica corre por su cuenta. En los campos tampoco se les brinda albergue para sus hijos, por eso muchas madres cargan a sus hijos en los surcos con el riesgo de que sufran un accidente o que se intoxiquen por los químicos que se aplican a los vegetales. En muchos casos los patrones ya no cumplen el compromiso de trasladarlos en autobús para su regreso a Tlapa. De lo poco que ganan tienen que pagar el boleto de regreso de toda la familia. Los funcionarios del estado se comprometieron a invitar algunas empresas para que asistan a una reunión en Tlapa con las autoridades del estado y la población jornalera.

El reclamo de la población jornalera ha sido que ya no hay programas sociales que propicien el desarrollo comunitario y el arraigo de las familias. Más bien se ha dejado a la deriva a la población más pobre de la Montaña, porque muchas familias ya no tienen tierras para sembrar y tampoco son beneficiarias de los programas federales. Tampoco reciben el apoyo económico que les brindaba el programa nacional del empleo para sus traslados a los campos agrícolas, por eso, demandan que se implementen acciones tendientes a proteger los derechos de la población jornalera que son víctimas de la explotación laboral, del maltrato de los choferes, de los altos costos de los pasajes de los autobuses que no les dan boletos para no asumir su responsabilidad social como empresa cuando hay accidentes y decesos de personas jornaleras.

La situación ha empeorado porque ahora la delincuencia acecha en sus comunidades, en los caminos por donde transitan, en los lugares donde toman los autobuses y en la misma casa de jornaleros en Tlapa. Están asediados por el hampa y las autoridades no están garantizando su protección. Todo lo reducen a que las personas agraviadas interpongan las denuncias sin que haya resultados efectivos. Como siempre le cargan la responsabilidad a las víctimas sin que tenga la protección de las autoridades. En contrapartida no hay investigaciones sobre el modus operandi de estos grupos, mucho menos implementan acciones para desmantelar sus redes y estructuras, por el contrario, su inacción y omisión se traduce en solapamiento y colusión. Los graves hechos que se han registrado y documentado por parte de la policía estatal son suficientes para actuar de inmediato, porque hay flagrancia sobre todo cuando se comete el delito de extorsión que recién se reformó y que se castiga con severidad. A pesar del reporte telefónico que se hizo las autoridades competentes no actuaron, más bien se mostraron condescendientes con los que delinquen. Por eso la población tiene desconfianza en el órgano investigador porque pone en duda el dicho de la gente que es víctima del hampa.