¿Para qué sirve la autoridad?

Para la ONU la Gobernanza es un proceso por el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos. La auténtica prueba de una buena gobernanza es el grado en que hace realidad la promesa de los derechos humanos: proteger el derecho a la vida, la seguridad, la integridad física, la no discriminación. Asegurar la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa. Garantizar un trato igualitario ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y la defensa propia.

En Guerrero la ley no se aplica ni los derechos se respetan. La violencia es lo que prevalece, la justicia facciosa es la que funciona, los intereses político-partidistas están por encima de los derechos de la población. El poder se ejerce como negocio y no como servicio, la centralidad política se focaliza en el gobernante y no en los ciudadanos y ciudadanas. Los privilegios son para las elites y las migajas para la población pobre. La seguridad se brinda a las autoridades, pero las extorsiones, los asaltos, secuestros, desapariciones y asesinatos las padece una sociedad inerme. La violencia que diariamente trunca de tajo la vida de los guerrerenses interpela en todo momento al gobierno ¿para qué sirve la autoridad?

El pasado lunes 26 de enero más de 150 hombres, mujeres y jóvenes con armas, barretas, picos y palos de la comunidad Ñu savi de Cuyuxtlahuac llegaron en 10 carros a la delegación de la colonia Miraflores. Descendieron de los vehículos varias personas con uniformes de de policía municipal con armas de alto poder. La horda se abalanzó contra pobladores de Cruz Fandango. Eran las tres de la tarde cuando fueron a la casa del comisario, derribaron su puerta, destruyeron lo que encontraron y detuvieron a sus hijos. Una señora de 35 años, que festejaba el cumpleaños de su hija junto con una vecina y dos maestros escucharon los golpes a la puerta. Por verificar lo que pasaba los de Cuyuxtahuac, abrieron la puerta con barretas y picos. Realizaron tres disparos, uno impactó en el metal de la puerta, otro en la pared y el último atravesó la ventana. Cuando entraron, los profesores se pegaron hacia la ventana, la señora y sus hijas, se tiraron al suelo. No sólo revolvieron sus cosas, sino que se “robaron 6 mil 500 pesos”.

Otra niña y su abuela también fueron agredidas. A la niña amenazaban con pegarle con un pico, la abuela la protegió. Por su atrevimiento la descontaron de un golpe. Un policía le dio una patada en el pecho que la dejó privada. Vomitaba sangre. La pesadilla duró varios minutos. Cuando la gente de Cuyuxtlahuac se fue, la niña corrió, pero iba mal herida. Los policías de Cruz Fandango la auxiliaron y la trasladaron a una comunidad de Oaxaca.

Los hijos del comisario municipal, los dos profesores y la señora fueron llevados en los carros de redilas a la comisaría municipal de Cuyuxtlahuac. Después de unos minutos los agresores pidieron disculpas porque habían confundido a las personas. La presencia de la policía estatal, el ejército y la guardia nacional fue infructuosa porque no intervinieron.

La misma tarde del 26 de enero 3 jóvenes asaltaron una tienda de celulares en Tlapa. El atraco fue captado por una cámara de seguridad. Se observa cómo se meten en una maleta los celulares. En su huida dos de los asaltantes fueron detenidos. En redes sociales se difundió que a las 3 de la tarde llegaron autoridades municipales y paramédicos, sin especificar de quiénes se trataba.

El miércoles 28 de enero circuló un video en el que una joven de 18 años, que había participado en el robo de celulares, era interrogada por personas desconocidas. Confesó que forma parte de una banda de 10 integrantes que se dedica a robar y asaltar en la ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y ahora en Tlapa. Señaló que uno de los que participaron es de Tlapa; otro de ellos del estado de Puebla y el resto de la ciudad de México. Por el trabajo les iban a pagar “10 mil pesos y un celular”.

En el mismo video se observa que la joven se encuentra tirada, semidesnuda. Después del interrogatorio fue golpeada. Por los fuertes golpes que recibió tuvo varias lesiones en su espalda. Fue atada a un poste de luz. A su lado se leía en una cartulina “Quiero pedir una disculpa a todo el pueblo de Tlapa, en especial al afectado por el robo que cometimos. Estoy muy arrepentida y pues todos los que quieran venir a robar les espera esto y algo mucho peor. Muchas gracias por perdonarme la vida”.

La noche del miércoles, Florentino Esteban Flores, empresario y político de Cochoapa el Grande, fue perseguido por sujetos armados mientras conducía su vehículo junto a sus tres hijos. Tras varios disparos fueron privados de la libertad. En la siguiente noche fue localizado el automóvil con impactos de bala y manchas de sangre. Sin embargo, el viernes 30 circuló en la redes sociales que Florentino “se encuentra sano y salvo con sus hijos en casa, después de una negociación, fue liberado”.

Florentino Esteban ha sobrevivido varios ataques, el primero ocurrió el 3 de marzo del 2025 cuando balearon su negocio de materiales para construcción; el segundo fue el 9 de diciembre, en el que rafaguearon su negocio hiriendo al empresario y a su hijo mayor. En los primeros días de enero hombres armados intentaron privar de la libertad a su hijo que viajaba en una camioneta acompañado de un trabajador. De milagro se salvaron.

El miércoles 28 de enero indígenas amuzgos de Arroyo de la Barranca Honda, municipio de Ometepec, lograron la liberación de un policía de la localidad de manos de los militares y la guardia nacional. Los policías locales acudieron a resguardar la celebración de San Judas cuando a las 11: 30 de la noche se toparon con elementos del ejército y la guardia nacional que iban en cinco patrullas. En ese momento fueron sometidos y desarmados.

Unos 200 pobladores se organizaron y en camionetas los alcanzaron cerca de Ometepec. Los indígenas rodearon a los soldados e impidieron seguir su camino. Les exigieron que entregaran al detenido. Los militares se negaban porque habían decomisado un arma de uso exclusivo del ejército. La presión de los pobladores obligó a los militares a regresar a la comisaria municipal. Increparon a los militares y la guardia nacional por no presentar sus identificaciones. Les espetaron “ustedes no son militares […] son malandros”. A la una de la madrugada los militares liberaron al detenido y entregaron el arma que es de la comunidad.

La violencia en Cochoapa el Grande no cede. En las primeras horas del jueves 29 de enero fue encontrado el cuerpo de Pedro Martínez Chávez, vendedor de carne, en San Cristobalito. Fue reportado como desaparecido el martes 27. De acuerdo con testimonios de vecinos Pedro regresaba de su terreno cuando hombres con rifles de asalto AK-47, vestidos con playeras de la policía municipal, lo privaron de la libertad en el tramo de La Ciénega y Barranca de la Palma a las 3 de la tarde. Su familia lo buscó sin la intervención de las autoridades a pesar de que habían pedido apoyo. Nunca imaginaron que hallarían su cuerpo sin vida en medio de arbustos.

El mismo día fueron localizados semienterrados y en estado de descomposición los cuerpos de dos hombres cerca de la comunidad de Saucitos, municipio de Tecoanapa en la región de la Costa Chica. Se sabe que grupos de la delincuencia han dejado decenas de asesinados que entierran en fosas clandestinas.

El viernes 30 de enero al menos 500 policías del sistema de seguridad y justicia ciudadana, perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG) junto con integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) arribaron a la Plaza de la Paz en Ayutla de los Libres con el fin de liberar 10 comunidades de Tecoanapa y Juan R. Escudero que están bajo el yugo de la delincuencia.

Jesús Plácido, en la Plaza de la Paz dijo que el despliegue se debe a la “inacción de los tres órdenes de gobierno contra los grupos criminales”. Minutos después salieron en caravana hacia El Terrero, municipio de Juan R. Escudero con la intención de retomar el control y garantizar el retorno de 50 familias desplazadas. Durante el trayecto hubo enfrentamientos, y, aunque los dirigentes aseguraron que tomaron el control de las comunidades La Estrella y La Providencia, municipio de Tecoanapa, en Xalpatláhuac fueron atacados con drones, y desde los cerros les dispararon hasta replegarlos. Ante esta irrupción armada varios comisarios de Juan R. Escudero anunciaron este domingo que van a impedir que la UPOEG entre a su territorio. No confiaron en el anuncio de las autoridades del estado de que las autodefensas se replegarían. La población está vigilante y temerosa.

El viernes 30, Florencia Arce Campos, la síndica de Copanatoyac, fue retenida por policías municipales por órdenes del presidente Constancio Sánchez. 9 horas permaneció privada de su libertad en el corredor del ayuntamiento por negarse a firmar la cuenta pública. Por su parte, el presidente Constancio la responsabilizó por no haber pagado el aguinaldo de los trabajadores del ayuntamiento. La síndica pidió en un video la intervención de la presidenta Claudia Sheibaum porque estaban violando sus derechos como mujer y como autoridad. Se instaló una mesa con autoridades regionales sin que llegara el presidente municipal. La síndica fue liberada con la firma de documentos relacionados con los recursos de 2026.

Ante la violencia irrefrenable la población tiene que replegarse o luchar por su sobrevivencia. Las leyes y las instituciones no se aplican ni funcionan. Las autoridades están ausentes, dejan crecer los problemas evadiendo su responsabilidad de atenderlos a tiempo. La carencia de recursos inmoviliza al personal operativo porque no hay dinero para gasolina ni para comprar municiones. El desmantelamiento del sistema de justicia y seguridad del estado facilita la entrada de la delincuencia que sufraga los gastos para su causa. Las llamas de la violencia se expanden y las autoridades siguen encerradas en su burbuja, recortando presupuestos de las instituciones para la próxima contienda electoral. La autoridad no sirve para proteger los derechos de la población sino para cuidar sus privilegios.