Ser mujer jornalera indígena, maternar en los campos agrícolas y enfrentar la violencia obstétrica

Texto y foto: Isabel Margarita Nemecio Nemesio[1]

Juana tiene 38 años, es hablante del tu’un savi (mixteco), originaria de una comunidad perteneciente al municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero.  Migró por primera vez al estado de Morelos cuando tenía 4 años, y comenzó a cortar ejote a sus 8 años. Después se fue con su familia a Zacatecas, años más tarde se fueron a Chihuahua, luego a Michoacán, y cuando tenía 12 años recuerda que llegaron a Sinaloa a un campo donde cortaban pepino.

A Sinaloa estuvieron migrando durante una década, allá conoció a su pareja, cuando Juana tenía 16 años nació su hija Naomi. Tres años después nació su hijo de nombre Adrián, y a sus 22 años nació su hija Jocelyn. Ella regresaba frecuentemente a su comunidad de origen para visitar a su familia, pero sobre todo anhelaba que sus hijas e hijo tuvieran la posibilidad de estudiar, porque ella solamente cursó hasta el primer grado de primaria, no pudo continuar con sus estudios debido a sus migraciones, pero también porque a los lugares donde estuvo trabajando no había escuelas.

Esa dificultad es una de las tantas realidades que le ha tocado vivir a Juana, una de ellas ha sido la maternidad enfrentando escenarios de violencia de género y violencia obstétrica tanto en su comunidad de origen como en los campos agrícolas. Después de tener a su hijo en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense que se ubica en la cabecera municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, la quisieron obligar de ligarse las Trompas de Falopio o colocarse un implante en su brazo. Recuerda que una enfermera se lo comentó en español unas horas después del nacimiento de Adrián, mientras ella estaba en recuperación sin la presencia de su pareja u otro familiar.

Antes de que le dieran su alta en el hospital volvieron a insistirle en que se colocara el implante, le dieron una hoja para que ella la firmara, sin saber de qué estaban hablando al igual que su esposo, mientras les decían:

“…te vamos a colocar el implante para que ya no tengas más hijos, porque luego se llenan de tantos y cómo los van a mantener…”

Juana y su esposo Leopoldo fueron vulnerados al quererlos obligar a operarse o colocarle un implante a ella para que no tuviera más hijos o hijas, esa era la intención del personal médico, violentando su derecho a decidir sobre su cuerpo, sin consultarle y sin su consentimiento estando bien informada, ya que no entendía de que le estaban hablando al ponerle como escenario “que ella y su esposo no tenían la capacidad y solvencia económica para cuidar a más de un hijo o hija”.

Juana enfrentó no solamente barreras de comunicación en un espacio esencial como el Hospital de la Madre y el Niño, y es que ser mujer joven conlleva una triple vulnerabilidad como la discriminación por género y las propiciadas por motivos de pertenencia étnica y por edad, a ellas se suman la violencia obstétrica y la violencia institucional, intensificadas por otros factores como los socioeconómicos, su situación laboral y sus migraciones.

Juana no descartó tener más hijos, porque sabe que esa es su decisión y es su derecho, por eso migraron a Sinaloa donde nació Jocelyn, ahí permanecieron un par de años, enfrentando las mismas dificultades que pasaron su mamá y hermanas mayores, al no contar con oportunidades de espacios seguros para dejar a sus hijas e hijo, por lo que en ocasiones le pagaba a una vecina que vivía cerca del cuarto que rentaban para que los cuidara. A la semana le pagaba más de mil pesos, cuando no le alcanzaba se los llevaba a los lugares donde iban a trabajar.

Recuerda que en una ocasión mientras estaban trabajando en un campo al sur de Sinaloa, llegó una camioneta blanca con un logotipo, después arribaron otras unidades de las que descendieron personas que llevaban chalecos, algunos con logotipos similares al de la camioneta que estaba cerca del lugar donde ella estaba cortando chile serrano. Dos personas se acercaron a la cuadrilla donde ella estaba, les comenzaron a decir que “estaba prohibido que tuvieran a los niños ahí en los surcos, que eso era un delito”. Juana no comprendió esas palabras, y no porque no quisiera, sino porque el tu’un savi es su primera lengua y el español lo entiende si se le explica despacio y de manera accesible. Segundo, porque se sintió vulnerada al ser señalada por un funcionario de tener a sus hijas e hijo con ella, mientras Juana pensaba que se los había llevado porque su vecina había sido operada y no contaba con una red de apoyo familiar.

A esas violencias se sumó la institucional cuando una mujer que portaba un chaleco con el logotipo del DIF le mencionó que se “iba a llevar a sus hijas e hijo a un lugar seguro porque era peligroso que estuvieran ahí, y era irresponsable ponerlos en peligro”. Además de responsabilizarla a ella por tener en el surco a sus hijas e hijo ante la falta de infraestructura adecuada y pertinente cercanos al lugar donde estaba rentando, fue revictimizada por responsabilizarla del nivel de riesgo en que tenía a Naomi, Adrián y Jocelýn. El personal de estas instituciones no solamente no atendió las barreras de comunicación en un contexto de trabajo agrícola y de personas jornaleras, dejando de lado la ausencia de garantías de derechos a una mujer perteneciente a un pueblo originario y que es migrante.

Para Juana su realidad como mujer na’savi (mixteca), como jornalera, migrante y como madre, la ha enfrentado a escenarios de violencia de género, de discriminación, exacerbando aquellas donde la maternidad en los campos agrícolas la excluye de su acceso a derechos básicos, mientras que en su lugar de origen le tocó enfrentar los retos de una atención médica que la ignoró y la quiso obligar a no decidir sobre su cuerpo. La violencia laboral e institucional se suman a las anteriores, que en su conjunto perpetúan la precariedad, la exclusión, la violación de derechos y los abusos de poder que han colocado a Juana como a miles de mujeres indígenas jornaleras a un ciclo de impunidad, de omisión y de entornos laborales inseguros.

[1] Colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG) e integrante del equipo Coordinador de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas