La UIF contra un defensor comunitario

A los 20 años Jesús Plácido Galindo llegó a Chilpancingo (como muchos jóvenes de comunidades indígenas) a estudiar la preparatoria. Le fue muy difícil sostenerse: vendió bolillos en las calles, aprendió a lavar carros, repartía el periódico novedades y el sol de Chilpancingo. En los cruceros de la ciudad limpió los parabrisas de los coches. Fue incierta y difícil su estancia al sentir en todo momento el maltrato que recibía por ser indígena. Ya no pudo continuar el segundo año de bachillerato por los problemas de salud que empezó a padecer su papá.

Cuando se conformó el Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena (CG500ARI), Jesús encontró un abrevadero de saberes comunitarios y un bastión de las resistencias que los pueblos de América protagonizaban contra los gobiernos colonialistas y etnocidas. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 fue una luz de esperanza para los pueblos indígenas que han sido esclavizados por siglos. En Guerrero varios jóvenes de comunidades indígenas lideraron al CG500ARI y de inmediato se adhirieron a la lucha del EZLN. Fue histórica la marcha “No están solos” que realizaron en febrero de 1994 a la ciudad de México para solidarizarse con el movimiento zapatista. Uno de los líderes históricos del Consejo fue Cirino Plácido Valerio, padre de Jesús.

Para solventar los gastos que generaba el tratamiento de su padre, Jesús cruzó la frontera y pudo trabajar en Atlanta como ayudante de carpintería y en la industria de la construcción. Su estancia fue corta y en el 2009 regresó a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, la tierra de sus abuelos. De inmediato tuvo que desempeñar cargos comunitarios para acceder a la tierra y a los servicios básicos. Ante los conflictos internos que se suscitaron en la casa de justicia de San Luis Acatlán, Cirino impulsó la conformación de la casa de justicia de los pueblos fundadores en Santa Cruz del Rincón (CRAC-PF).

De 2011 a 2013 Jesús Plácido ocupó el cargo de comandante y en el 2014 logró con Cirino que la comunidad nahua de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa se incorporara a la CRAC-PF. Fue el 27 de agosto de 2015 cuando hicieron su presentación formal en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera con la participación de 700 comunitarios procedentes de 30 comunidades. Desde esa fecha la Procuraduría de Justicia del Estado emprendió la persecución de sus integrantes girando varias órdenes de aprehensión.

En mayo pasado la violencia se recrudeció en las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán del municipio de Chilapa, que forman parte de la CRAC-PF.  Seis personas fueron asesinadas y más de 800 personas fueron desplazadas. Jesús Plácido Galindo, el líder más visible del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), contaba con medidas cautelares por parte del mecanismo de protección de personas defensoras, sin embargo, le fueron retiradas, poniendo en riesgo su seguridad. Por su parte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le suspendió su cuenta bancaria.

El pasado 26 de junio el Grupo Financiero BBVA México le notificó a Jesús Plácido “que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. En virtud de lo anterior, BBVA debe suspender de forma inmediata todo acto, operación o servicios presentes y futuros con usted. Lo anterior les fue informado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del oficio número 110/G/1483/2026 de fecha 2026-06-08, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera («UIF»), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” Le manifiestan que puede solicitar información a la UIF para ejercer el derecho de audiencia. También le indican que ofrecer pruebas y formular alegatos dentro del plazo de 10 días hábiles, contando a partir del siguiente día en que recibió la notificación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se creó el 7 de mayo de 2004. Sus tareas principales consisten en prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionados con la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o el financiamiento al terrorismo.

La UIF se encarga de investigar un amplio abanico de actividades, pero suele verse involucrada en asuntos muy delicados. Tal es el caso de Ricardo Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado por el gobierno de Estados Unidos de estar relacionado con facciones del Cártel de Sinaloa, cuyas cuentas fueron congeladas por la UIF. También congeló las cuentas de sus hijos, del senador Enrique Inzunza y de otros implicados en el caso.

En mayo de 2026, después de un operativo en el que fueron detenidos 6 exfuncionarios y autoridades municipales de Morelos ligados a una red de extorsión y delincuencia organizada, la UIF congeló las cuentas de 32 personas físicas y morales. En esta lista se encuentran presidentes municipales, funcionarios del ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales.

Apenas hace algunos días, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó a 11 personas (dos físicas y nueve morales) en su lista negra de narcotraficantes, criminales o terroristas internacionales. Según las investigaciones, estas personas están relacionadas con una red de huachicol ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que la UIF congeló sus cuentas.

El congelamiento de cuentas se ha vuelto cada vez más complejo y controversial ya que, en abril de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la UIF no necesita una orden judicial para congelar cuentas, lo que llevó a muchas personas a acusar que esto facilitaba que la UIF fuera utilizada para perseguir opositores y dejarlos en la indefensión. Sobre esto, es importante mencionar que el número de personas bloqueadas por la UIF creció un 345 % en comparación con el primer trienio de Enrique Peña Nieto. Además, de las 991 personas que fueron desbloqueadas en este mismo lapso de tiempo, el 83 % lo logró a través del juicio de amparo.

La presidenta Sheinbaum defendió esta decisión al plantear la siguiente pregunta: “¿Cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? Inmovilizando una cuenta». Según los datos de la presidenta, desde octubre de 2024 hasta abril de 2025, la UIF había congelado unos 5,000 millones de pesos (287.1 millones de dólares).

El líder del CIPOG-EZ desconoce los motivos que tiene la UIF para congelarle su cuenta. Lo inaudito del caso es que sólo tiene registrado 280 pesos. Jesús es un defensor comunitario que ha denunciado las complicidades que existen entre autoridades y grupos de la delincuencia. Ha evidenciado la inacción de las autoridades y el incumplimiento de los compromisos asumidos con las comunidades. No hay otra razón que explique esta acción desproporcionada de la UIF de incorporarlo a la lista de personas bloqueadas. La acción es desmedida porque Jesús Plácido no recibe el caudal de recursos para sospechar que son de procedencia ilícita y mucho menos que financia al terrorismo. Es un defensor que va al día, que trabaja en el campo para tener maíz y que como todo jefe de familia realiza otras actividades para sostener a sus hijos. Es evidente que se trata de una represalia por su activismo.

Desde el 6 de mayo cuando la comunidad de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán de la Montaña baja fueron agredidos a balazos y con drones, el líder del CIPOG denunció en medios de comunicación la violencia y la complicidad de los tres niveles de gobierno en el ataque, así como el abandono secular. Los balazos cesaron hasta el 11 de mayo. Con la difusión de videos en las redes se logró contener la ola de la violencia.

Doña María Anastacia de 77 años de la comunidad de Tula estaba con su reboso en la cabeza en la cancha de Alcozacán. Se acercó a Jesús Plácido con las lágrimas en el rostro para que le ayudara para ir a su casa a sacar algunas cosas y a darle de comer a sus pollos. El dirigente del CIPOG inmediatamente empezó a organizar y a decirles a los policias estatales, guardia nacional y elementos del ejército para ir a la comunidad de Tula.

A las cinco de la tarde, con la Misión Civil de Observación,  llegaron a la comunidad de Tula. Doña Ana María Anastacia vio las láminas de su casa, quemadas. Su cama quedó en cenizas, solo las estructuras de metal colgaban. Rescató un poco de maíz para poder comer algunos días. Se fue a su cocina y encontró una licuadora quemada. Ahí relató cuando salieron corriendo en medio de las balas. “Íbamos despacio, los balazos nos pasaban encima de nuestras cabezas. Agarré mi morralito que siempre traigo, no llevé ni las actas ni mi credencial, ni la tarjeta de Bienestar ni mi ropa. Así llegamos a Acahuehuetlán, ya no podíamos caminar. Nos caímos con mi hermana, mejor corté una vara para usarla de bastón. Ya nos moríamos de sed y por fin llegamos a la iglesia, ahí había gente orando y ahí nos quedamos a dormir”.

El drama era inerrable. Jesús Plácido denunció publicamente que las autoridades no estaban haciendo su trabajo, por el contrario, hizo pública la colusión que existe con el grupo delincuencial que tienen bajo amenaza a las familias. No pueden salir a Chilapa porque implica la muerte. En este clima de violencia, Jesús enfrenta la amenaza del grupo delincuencial y padece el hostigamiento y la criminalización de las autoridades para silenciarlo.

En algunas ocasiones las personas solidarias apoyan a Jesús Plácido para cubrir los gastos de combustible y para cubrir sus necesidades básicas. Nunca ha recibido grandes apoyos como se pretende mostrar, mucho menos que sean de procedencia ilícita. Para los pueblos nahuas de Chilapa Jesús es un defensor del pueblo que está en la primera línea defendiendo el territorio comunitario y luchando por una vida digna.

La notificación emitida por la UIF tiene un mensaje político, de colocar a Jesús como un delincuente, al grado que está incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. No solo le han quitado las medidas cautelares, sino que criminalizan su trabajo como defensor comunitario catalogándolo como narcotraficante o terrorista. Jesús enfrenta una embestida del estado por evidenciar la red criminal que se urde en la Montaña baja entre actores estatales y delincuencia organizada. Aunque Jesús sólo tenga en el banco BBVA 280 pesos para la UIF se trata de un delincuente peligroso.